En 2012, el entonces procurador Julio Arbizu y Cecilia Hinojosa, jefa de la Cooperación Judicial del Ministerio Público, visitaron el Instituto de Basilea para la Gobernanza (Basel Institute on Governance), para evaluar si la institución estaría interesada en participar en la repatriación de las cuentas congeladas de la corrupción de los años noventa. Hoy, gracias a la labor realizada, se podrán repatriar las dos últimas cuentas conocidas a nombre de Vladimiro Montesinos, congeladas en Luxemburgo desde 2002.

Óscar Solórzano es licenciado en Ciencias Políticas y Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo y licenciado en Derecho por la Universidad de Friburgo en Suiza.

¿Por qué es tan difícil recuperar dinero obtenido por la corrupción?

La repatriación es un asunto jurídico absolutamente complicado. No existen bases vinculantes que obliguen a los estados a devolver la plata de la corrupción. La única base jurídica es la Convención de las Naciones Unidas. Esta jurisprudencia, que entra en vigor entre los países miembros entre 2005 y 2009, abre la posibilidad de que los estados víctimas recuperen dinero de la corrupción en otros países, pero con la condición de que obtengan una sentencia final que determine el carácter ilícito de la cuenta. Eso no siempre es fácil ni toma poco tiempo.

Como país víctima, ¿hemos sido poco proactivos en la recuperación de dinero ilícito?

Absolutamente. En el Perú, las cuentas que se identificaron fueron bloqueadas e inmovilizadas por autoridades extranjeras, no por el Perú. Nuestras autoridades han despertado a la realidad de recuperar cuentas solo en estos últimos años. A la fecha, existen seis cuentas en Suiza, cuatro en Luxemburgo, y tenemos la hipótesis de que existen otras más en México. En total, debe haber unos 50 millones de dólares, fruto de las compras de armamento. Tenemos rastros de depósitos del Banco de la Nación a bancos en Moscú, dineros que después ingresaron a un complejo circuito de empresas offshore. Ese dinero está ahí desde 2002.

¿Por qué es tan difícil para el Perú ser más activo? ¿Hay corrupción detrás de esto?

Principalmente, por la capacidad de los operadores de justicia, que no comprenden los procesos internacionales complejos. El otro tema es la rotación de los fiscales. Desde que empezamos a trabajar con el Perú, he visto pasar a tres fiscales de la Nación, decenas de fiscales en los casos en los que trabajamos, e incluso a tres procuradores. La gente aquí circula de una manera violenta. La recuperación de activos debe ser una política de Estado. Pero ahora, gracias al accionar de las últimas autoridades, hemos ganado un lugar importante en la recuperación de activos.

Días atrás, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, afirmó que Odebrecht ya no colabora con la justicia como al principio.

¿Cómo se lograron repatriar estos últimos quince millones de dólares de Luxemburgo y Suiza?

Fueron decomisados a favor del Estado peruano cuatro cuentas en Luxemburgo y Suiza. En este proceso hemos acompañado a la Fiscalía, con el doctor Alonso Peña Cabrera y los fiscales encargados. En el caso de Luxemburgo, se trataba de las dos últimas cuentas conocidas a nombre de Vladimiro Montesinos. Los titulares de las cuentas eran dos conocidos ciudadanos israelíes, expertos en mecanismos de lavado. Gracias a la aplicación de una sentencia final en el caso de la compra de los aviones MIG-29, hemos pedido la ejecución del dictamen en otro Estado. No conozco otro país que lo haya hecho. Es un caso de libro, en el que el sistema peruano aplicó el A, B y C del marco jurídico internacional y recuperó fondos ilícitos de la corrupción.

¿Cómo se hizo en el caso de las cuentas en Suiza?

Las dos cuentas en Suiza pertenecían a los vendedores de las armas en Bielorrusia y Rusia. Son dos prófugos de la justicia que no han podido ser condenados porque el sistema peruano prohíbe al juez condenar en ausencia. Pero, gracias a la Ley de Pérdida de Dominio, que se dictó hace pocos años, se pudo seguir el proceso. Fue un trabajo de largo aliento, porque se tuvo que solicitar en varias oportunidades la compatibilidad de los dictámenes peruanos, para ver si eran constitucionalmente aceptables en Suiza. Se ejecutó la sentencia el pasado 31 de enero en el Penal Federal, la máxima instancia en Suiza, por lo que el dinero pronto regresará al Perú. Existen otros casos con cuentas que suman más de 28 millones de dólares, en los que aplicaremos la misma metodología, validada ya por el gran tribunal suizo. Es un logro sin precedentes.

“El caso del ex presidente Toledo me recuerda otros casos de ex presidentes africanos que, por una especie de revancha con la vida, empezaron a comprarse casas de lujo”, refiere Solórzano.

El caso Odebrecht

¿Esta misma metodología servirá para recuperar dinero del caso Odebrecht?

El potencial de recuperación en este caso es inmenso. Todavía se desconoce la magnitud del proceso, pero estamos seguros de que el dinero de las coimas ya cruzó hace mucho las fronteras.

¿Cuál diría que es la “lógica del corrupto”, a partir de casos como estos?

Es sencilla: el derecho penal debe probar que existe un nexo entre la coima y el funcionario público, por lo que el funcionario corrupto trata de ocultar el dinero a través de diferentes mecanismos, como empresas fantasma, testaferros, entre otras formas más complejas.

Lee la entrevista completa en la edición completa de COSAS 615.

 Por Luis Felipe Gamarra