Betssy Chávez, ex premier del gobierno de Pedro Castillo, acumula una secuencia de episodios que van del escándalo político a la diplomacia internacional. Su paso por el poder, su encarcelamiento, su actual refugio «de lujo» bajo la protección mexicana en condiciones privilegiadas y la renuncia pública de su abogado Raúl Noblecilla que “no soporta” el juicio.
Por: Tony Tafur
La trayectoria de Betssy Chávez podría haber sido lineal. Pero eligió el vértigo. No construyó una carrera política. Todo lo contrario. Confeccionó una secuencia de episodios que mezclan intriga burocrática, melodrama sentimental, gestos de poder improvisados y una sorprendente habilidad para seguir en escena incluso cuando el propio país había pasado la página. Su historia termina diciendo más del castillismo que de ella misma. Un proyecto sin brújula, sin noción del límite y sin la menor idea de que gobernar exige algo más que lealtad de partido.
El poder en modo clandestino
El primer capítulo serio de su biografía política no ocurre en un hemiciclo sino en un edificio residencial. Era noviembre de 2021 cuando las cámaras de seguridad registraron al presidente Pedro Castillo entrando a la conocida casa de Sarratea a las once de la noche. Sin comitiva, sin registro oficial y sin Estado. Minutos después, ingresaba Betssy Chávez, entonces ministra de Trabajo y una de las figuras ascendentes del nuevo régimen.
Ese ingreso fuera de protocolo no fue una anécdota. Fue el retrato inicial del castillismo en su forma más auténtica. Decisiones tomadas lejos de los despachos, reuniones que esquivaban a la institucionalidad y un circuito paralelo donde el poder operaba como si fuese un negocio familiar. Betssy, que había pasado por asesorías congresales antes de llegar al gabinete, se movía con una soltura que mostraba que ese espacio de discreción no era improvisado: era cotidiano.
La Casa de Sarratea en Breña.
El cumpleaños, el “colágeno” y la resaca política
El episodio más recordado de Betssy Chávez comenzó como un video de cumpleaños y terminó como expediente político. En la grabación se la veía con Abel Sotelo, su entonces pareja, a quien negó públicamente en varias ocasiones. La escena, que habría pasado como anécdota privada, se transformó en problema público cuando la prensa reveló que varios familiares y allegados de Sotelo —entre ellos su hermano y una prima— habían sido contratados en entidades estatales durante la gestión de Betssy en el Ministerio de Trabajo.
La Fiscalía abrió investigación por presunto tráfico de influencias porque los perfiles profesionales de algunos contratados no coincidían con las funciones asignadas y porque varias órdenes de servicio se tramitaron con notable celeridad. Además, documentos filtrados mostraron que ciertas contrataciones fueron aprobadas pese a observaciones internas que recomendaban no ejecutarlas. Fue allí cuando el episodio dejó de ser un baile grabado para convertirse en un caso que conectaba vida privada, poder público y favores estatales.
El Congreso terminó acusándola constitucionalmente y el caso se sumó a la lista de procesos que seguirían marcando su caída.
A esos antecedentes se agrega otro episodio que marcó su gestión temprana: la decisión adoptada en 2021, cuando era ministra de Cultura, de autorizar la venta presencial de mil entradas diarias para Machu Picchu. El gesto, calificado como populista, abrió la puerta a un desorden que hasta hoy afecta al principal destino turístico del país. Desde entonces, obtener un ticket exige colas de hasta cinco horas, repartidas entre un “pre-ticket” obligatorio y un ticket oficial que suele aplicarse recién para el día siguiente, lo que expone a adultos mayores, gestantes y visitantes en general a esperas precarias frente a la sede cultural.
El 7 de diciembre y el papel que la hundió
El 7 de diciembre de 2022 no se explica sin el acelerado ascenso de Betssy Chávez en los meses previos. Castillo la nombró ministra de Trabajo primero, luego ministra de Cultura —cargo que ocupó entre agosto y noviembre de 2022— y finalmente presidenta del Consejo de Ministros el 25 de noviembre, apenas doce días antes del intento de autogolpe. Ese ascenso exprés no fue un premio, fue una señal: Chávez se había convertido en uno de los engranajes más cercanos al presidente.
Cuando Castillo leyó en cadena nacional su decisión de disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial, Betssy se encontraba en Palacio de Gobierno. La Fiscalía sostiene que no fue espectadora sino partícipe. Según la investigación, varios testigos y funcionarios de su entorno indicaron que la premier habría tenido intervención directa en la preparación del mensaje. Para los fiscales, Chávez era una de las figuras del núcleo duro que impulsaba la idea de una ruptura institucional.
El intento duró menos que el pronunciamiento. Castillo fue detenido en la avenida México mientras se dirigía a la embajada de México. Betssy renunció horas después, pero ya estaba atrapada en la investigación de rebelión y conspiración. Su permanencia en la PCM fue la más corta de la historia reciente, y su caída la más veloz. En ese día quedó claro que su carrera política no estaba construida sobre convicciones, sino sobre la lealtad a un proyecto que confundió poder con impunidad.
El golpe de Estado de Pedro Castillo
La cárcel como escenario involuntario
En marzo del 2023, la propia Chávez contribuyó al clima de confrontación pública con declaraciones desafiantes. “Yo a la prisión no le tengo miedo. Nelson Mandela estuvo 30 años en prisión; Mujica estuvo en prisión, líder de izquierdas; Petro estuvo en prisión. Si quieren hacerme presidencial, ya saben dónde mandarme”, afirmó en una entrevista con Punto Final.
Tras su detención en junio de 2023, Betssy Chávez fue trasladada al penal de mujeres de Chorrillos para cumplir prisión preventiva por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. La medida se basaba en la evidencia acumulada sobre su rol en los hechos del 7 de diciembre y en la evaluación de riesgo procesal. Betssy pasó del poder simbólico de la PCM al encierro en cuestión de meses, una caída rara vez vista en la política peruana reciente.
En prisión, sin embargo, la historia no perdió ritmo. Surgieron reportes que apuntaban a un trato diferenciado. Acceso a ciertos servicios básicos mejorados, visitas legales frecuentes y relativa flexibilidad en sus rutinas internas, según versiones que circularon entre familiares de internas y personal penitenciario.
En abril de 2024, su nombre volvió a filtrarse en medios cuando internas del pabellón 1 la acusaron de conductas indebidas con otra reclusa. “Yo, Gloria, pabellón 1 (…) digo que la señora Betssy Chávez está malogrando el pabellón con su mal comportamiento de pareja (…) se abrazan, se besan en la boca. En el patio se ponen una manta sobre las piernas y se tocan los genitales delante de todas sin respeto alguno”, escribió una interna.
En agosto de este año, se reveló la red política que seguía operando alrededor de Betssy. La congresista de Perú Libre, Nieves Limachi, intervino para solicitar que Yajaira Santiago Asencio —reclusa procesada por tráfico ilícito de drogas y entonces pareja de Betssy— fuera trasladada a la misma celda de la ex premier. El pedido, registrado formalmente, evidenció el alcance de las influencias que se movían incluso dentro del sistema penitenciario.
La huelga de hambre, la clínica y el retorno al reflector
En septiembre de 2025, cuando ya sumaba casi dos años de prisión preventiva, Betssy Chávez decidió volver a escena mediante un recurso infalible en la política latinoamericana: la huelga de hambre. No fue parcial ni simbólica. Betssy anunció una huelga de hambre seca, acusando persecución política, trato desigual y un sistemático ensañamiento judicial. La medida, riesgosa y extrema, generó titulares inmediatos y reactivó el debate sobre su situación procesal.
El deterioro fue rápido. En pocos días debió ser trasladada a la clínica Cayetano Heredia con un cuadro severo de deshidratación. Las imágenes de su salida del penal —debilitada, escoltada, pero con esa capacidad innata para sostener el gesto dramático— volvieron a colocarla en el centro del debate nacional. Su figura reaparecía no por gestión pública ni por liderazgo político, sino por el performance extremo al que había recurrido en busca de atención.
En paralelo, el Tribunal Constitucional evaluó un recurso presentado por su defensa. Betssy había recuperado un espacio mediático que llevaba meses sin ocupar. Su huelga no transformó su situación jurídica, pero sí su posición narrativa.
El asilo que abrió una novela diplomática
En octubre de 2025, cuando su proceso judicial avanzaba, Betssy Chávez encontró un nuevo escenario inesperado: la diplomacia internacional. El gobierno de Claudia Sheinbaum, en México, le concedió asilo político argumentando persecución y falta de garantías en su proceso penal. Con esa decisión, Betssy pasó del pabellón penitenciario a una residencia diplomática en Miraflores, un giro que ningún guionista habría escrito sin temor a ser acusado de exageración.
El asilo desató una tormenta diplomática inmediata. Perú, entonces bajo el gobierno de José Jerí, mantuvo en suspenso el salvoconducto que permitiría a Betssy salir del país. Esa retención no solo frenó su traslado, sino que convirtió su presencia en la embajada mexicana en una suerte de pulso político entre ambos gobiernos. El Congreso peruano declaró persona non grata a Sheinbaum, mientras México invocó la Convención de Caracas de 1954 para defender su decisión.
Lo que pudo ser un trámite administrativo se convirtió en un conflicto bilateral.
Allí permanece hasta hoy, refugiada en un edificio diplomático que funciona como su llamada “cárcel dorada”. Desde hace trece días, Chávez vive en una residencia diplomática de 752 m² ubicada en San Isidro, con dos empleadas a su disposición, piscina, varios dormitorios, sala, terraza, garaje y vigilancia permanente de hasta cinco agentes policiales. La vivienda —propiedad del matrimonio Williams Kouri Bumachar y Patricia Zacarías Gery— es costeada íntegramente por el gobierno mexicano, que también cubre alimentación, mantenimiento y seguridad. Aunque goza de todas las comodidades, no puede salir del inmueble mientras Perú no otorgue el salvoconducto.
El inmueble, antes ocupado por el embajador Pablo Monroy Conesa, está ubicado en una de las zonas residenciales más exclusivas de Lima, a pocas cuadras del Golf y de otras residencias diplomáticas. Según registros oficiales, su construcción demandó S/825,000 y cuenta con múltiples áreas de servicio, dormitorios, terraza, patio de tendido, piscina y espacios de trabajo. Allí permanece Betssy Chávez, recluida entre tacos y tequilas, en un asilo que le garantiza trato preferencial pero que la mantiene atrapada en un limbo jurídico mientras el juez Juan Carlos Checkley evalúa la revocatoria de sus reglas de conducta y su eventual retorno a prisión preventiva.
Embajada de México en Perú.
La renuncia inesperada de su abogado en pleno juicio
La trama sumó un último episodio inesperado cuando, en plena audiencia, su abogado Raúl Noblecilla renunció abruptamente al patrocinio. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema aceptó su dimisión y ordenó que el proceso continúe con un defensor público designado por el Estado. Noblecilla argumentó que había perdido toda comunicación con Chávez —aislada en la embajada de México— y que el juicio “no cumple con los estándares” que debería tener una investigación de esa magnitud. Tras anunciar su salida, pidió retirarse de la sala en medio de la sorpresa general.
En su intervención final, el abogado insistió en que su patrocinada “ya no está al alcance de la justicia peruana” debido a que se encuentra bajo la protección de la soberanía mexicana tras solicitar asilo político. Su renuncia no solo expuso el quiebre en la defensa de Chávez, sino que reforzó la sensación de un proceso marcado por rupturas, fugas narrativas y una protagonista que, incluso sin estar presente, sigue alterando el desarrollo de su propia causa.
Raúl Noblecilla y Betssy Chávez.
Betssy Chávez nunca fue una anomalía del sistema. Fue su síntoma. Encarnó un castillismo que confundió lo urgente con lo importante y que terminó dejando al país entre escándalos, improvisaciones y ruinas institucionales. Su recorrido —del despacho ministerial al penal y del penal a una embajada— no habla de persecución, habla de consecuencia. El Perú la vio subir demasiado rápido y caer aún más rápido. Lo único que quedó claro en todo ese trayecto es que Betssy siempre encontró escenario. El poder, en cambio, nunca encontró a Betssy.
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