“Con instituciones tan débiles y un proceso de desdemocratización en marcha, estas presiones externas podrían inducir al Perú a una suerte de autocracia como la que parece seguir México.»

Por Alfredo Thorne*

Lo que parecía inevitable ocurrió—el gobierno del Perú, el 3 de noviembre, decidió romper relaciones con México. La intervención en los asuntos internos de Perú se inició el 7 de diciembre del 2022 cuando el expresidente Pedro Castillo después de anunciar su fallido golpe de estado se dirigió a la embajada de México en Lima a asilarse. Lamentable para él, a medio camino, su propia protección policial lo detuvo. Ante el pedido de la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial le otorgó prisión preventiva, y hoy enfrenta un juicio por rebelión, penado por la constitución.

Sin embargo, al poco tiempo, su esposa, Lilia Paredes, logró el asilo político y obtuvo el salvoconducto por parte del Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte y hoy goza de la protección del Estado de México.

Betssy Chávez, la ex primera ministra de Castillo, acusada de participar en el golpe de estado de diciembre de 2022, no tuvo tanta suerte. A pedido de la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial le otorgo prisión preventiva y pasó 29 meses encarcelada. Sus abogados apelaron al Tribunal Constitucional, por un error procesal de la fiscalía, y lograron su liberación. Una vez libre, obtuvo asilo político. El gobierno de Perú, sin embargo, se ha negado a darle el salvoconducto, acusando a México de desvirtuar el asilo, y protestando por otorgar asilo a personas que están en procesos judiciales legítimos, y que no son perseguidos políticos.mov

Viví en México por más de 17 años. Empecé a seguir su economía y política a finales de 1993, cuando México se perfilaba como el primer país de América Latina en lograr el desarrollo. Fue el segundo país de la región en entrar a la OECD y, en febrero de 1994, el FMI decidió graduarlo de sus programas de ajuste macroeconómico.

En ese entonces trabajaba en el Banco Mundial, y mi rol era hacer seguimiento del país, su economía y política. Estaba dedicado a temas típicos de países desarrollados. Por el contrario a lo que pensaba la comunidad internacional en ese entonces, siempre fui incrédulo que México hubiera alcanzado el desarrollo, y al poco tiempo, la devaluación del peso en diciembre de 1994 me dio la razón, dando paso a una de sus peores crisis y cambiando el panorama.

México siempre ha sido mi segunda casa, era como un Perú en grande, con los mismos problemas. Siempre me consideraron como un amigo, muchas veces pensaron que era mexicano, y su cariño y apertura me hacía pensar que estaba en mi país. El enfrentamiento de estos dos países me apena mucho, pero refleja el deterioro político de América Latina.

México nos abrió el camino en la reforma económica. Fue el primer país en emitir bonos reestructurados, los llamados “Brady Bonds”, y reducir su deuda externa; el primero en abrir su economía al mundo, primero de manera unilateral y después firmando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; luego implementó un ajuste macroeconómico que le permitió bajar la inflación y liberar sus tasas de interés; privatizó múltiples empresas públicas y redujo sus enormes déficits fiscales; y reformó su constitución para darle independencia a su banco central e impedir el financiamiento inorgánico de sus déficits fiscales.

De alguna manera México fue un ejemplo para el Perú, que años más tarde, durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori implementó un programa muy parecido.

Los mexicanos dirán que existen dos diferencias con el Perú. Primero que su programa fue implementado en democracia refiriéndose a que Fujimori tuvo que cerrar el congreso en 1992. Pero gracias a nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa, sabemos que no fue así, que México tuvo una suerte de “dictadura perfecta” donde los presidentes elegían sus sucesores y le permitió al PRI gobernar por 70 años sin mucha oposición.

La segunda es más sutil. Dicen que son un país más inclusivo, que tiene más movilidad social, y prueba de ello es que les ha permitido a ciudadanos de estratos social muy bajos llegar a la presidencia, como el caso de Benito Juárez, un abogado de origen indígena de Oaxaca. Sin embargo, sabemos que ambos países adolecen del mismo mal—quizás Perú más que México—y que sus Estados no han logrado una plena integración de sus diversos grupos culturales.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) promovía a Castillo como el Benito Juárez peruano que iba a lograr la reforma social en el Perú. Sin embargo, en realidad era un aliado político del grupo del Foro de Sao Paulo que quería perpetuarse en el poder, beneficiarse de él, y llevar a Perú a convertirse en una nueva Cuba, Nicaragua o Venezuela.

De hecho, México ha sido un ejemplo del giro hacia una suerte de Estado fallido, y Perú lo sigue muy de cerca. Esa suerte de toma de control por parte de los cárteles de la droga de gran parte del territorio y que hoy participan activamente en política. Si bien empezó muchos años atrás, y gobierno tras gobierno han fracasado en combatirlo, se acentuó con AMLO, con su política de “abrazos no balazos” que permitió el copamiento del Estado por parte de estos grupos y acentuó la corrupción y las ejecuciones.

La prensa libre denuncia cada vez más el enriquecimiento ilícito de muchos miembros del partido del gobierno, Morena, y últimamente ha alcanzado hasta los familiares del propio AMLO con el negocio de los hidrocarburos—el famoso “huachicol fiscal.”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum lo rechaza y ante la presión de Estados Unidos (EU) ha empezado a enfrentar a los cárteles. Viene colaborando con la justicia norteamericana y les ha entregado a varios de estos capos para que sean sentenciados por la justicia de ese país, confirmando la debilidad del Estado para combatir a los carteles. La ironía es que, ante los riesgos de una posible intervención de EU en su territorio, ha invocado la Constitución de México que dice “respeta firmemente la autodeterminación de los pueblos”

Perú también ha replicado esta experiencia de Estado fallido; reflejo de ello es el aumento masivo de extorsiones, de asesinatos callejeros, de cobro de cupos a transportistas y el surgimiento de una economía ilegal—no informal—que hoy representa una gran proporción de la producción total. Solo en la producción de oro representa más de la mitad del total producido. La incursión de las economías ilegales en el poder político también es aparente, muestra de ello son las votaciones de muchos congresistas a favor de estas economía ilegales; de hecho, alrededor de 70 de los 130 congresistas hoy tienen procesos judiciales y apoyan las economías ilegales.

La diferencia consiste en que México está más cerca de una autocracia. AMLO aprobó una reforma del Poder Judicial con una participación de cerca del 8% de los electores que de hecho la somete al Ejecutivo, y también controla el Legislativo— quebrando, de facto, la división de poderes que es la base de la democracia. En el Perú ha habido un proceso semejante donde el Legislativo, por medio de una serie de reformas constitucionales, ha sometido al Ejecutivo y quisiera también hacerlo con el poder judicial. La diferencia en Perú es la prensa libre que ejerce su independencia y la defensa de la democracia. Es cierto, el proceso de desinstitucionalización empezó muchos años atrás, pero se agudizó con Castillo y, más aún con Boluarte.

En este contexto, la decisión de la presidenta Sheinbaum de interferir en los asuntos internos del Perú representa un gran riesgo para la democracia. Con instituciones tan débiles y con un proceso des-democratización, estas presiones externas podrían inducir al Perú a una suerte de autocracia como la que parece que sigue México. Lo preocupante sería que trate de intervenir en el proceso electoral del siguiente año, que finalmente podría definir el futuro del Perú y lograr despojarse de ese riesgo de convertirse en otra más de las autocracias de la región como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

*Alfredo Thorne, economista y ex ministro de Economía.