El abogado, exviceministro de Cultura y Director Ejecutivo del World Monuments Fund en Perú reflexiona sobre los desafíos que enfrenta el país en la protección de su patrimonio cultural. Desde su primera experiencia vinculada a la defensa de una casona familiar hasta su trayectoria en la gestión pública. Asimismo, advierte sobre los recientes retrocesos normativos, el riesgo que enfrenta Machu Picchu y la urgencia de involucrar al sector privado en la conservación del legado nacional.
Por: Renzo Espinosa Mangini
A lo largo de su carrera, Juan Pablo de la Puente ha combinado su formación jurídica con una profunda vocación por la cultura. Su acercamiento al patrimonio comenzó de manera casi intuitiva, en la casa familiar declarada monumento histórico, donde descubrió el poder transformador de la ley en la protección de los bienes culturales. Desde entonces, ha dedicado su trayectoria a promover un equilibrio entre las normas, los incentivos y la participación ciudadana para garantizar que la herencia cultural del país se preserve y, al mismo tiempo, genere desarrollo.
En esta entrevista, el exviceministro de Cultura ofrece una mirada lúcida y crítica sobre el estado actual del patrimonio en el Perú. Habla sobre la necesidad de repensar el rol del Estado, los riesgos que enfrentan sitios emblemáticos como Machu Picchu y las oportunidades que surgen cuando el sector público y el privado trabajan juntos en la conservación del legado histórico y en la construcción de una identidad nacional sólida.
El abogado y exviceministro de Cultura, Juan Pablo de la Puente, reflexiona sobre los desafíos legales y de gestión que enfrenta el patrimonio cultural peruano.
—Si miraras hacia atrás, ¿en qué momento fue clave para que eligieras el camino del derecho y la cultura?
La casa donde crecí —la casa familiar— es una casona antigua, declarada monumento histórico y ha pertenecido a la familia por generaciones. Desde chico, sin darme cuenta en ese momento, estuve vinculado con el patrimonio cultural. Cuando ingresé a la Universidad Católica, quería ser arqueólogo pero luego tuve dudas, y mi padre -quien era historiador- me sugirió ir a la facultad de Derecho: “te enseñarán el sistema y la lógica jurídica, y ello luego lo podrás aplicar a lo que decidas hacer”, me dijo.
Recuerdo que mi primer vínculo entre el Derecho y la cultura se dio aún siendo estudiante. Llegó a la casa familiar una orden municipal para el pago de una considerable suma por concepto de impuesto predial. Apelamos y llegamos hasta el Tribunal Fiscal, donde ganamos, porque los monumentos históricos de uso residencial están exonerados de ese impuesto. Esa fue la primera vez que evidencié el impacto real que puede tener la ley sobre el mantenimiento real de los monumentos.
Las casonas republicanas del Centro de Lima son testimonio vivo de la historia urbana del país.
Esa experiencia fue tan reveladora que para obtener mi título decidí hacer una tesis sobre el régimen legal del patrimonio cultural. Entendí que la protección del patrimonio no se sostiene sólo en lo que dice la ley, debe existir un equilibrio entre los incentivos positivos y las restricciones legales para generar comportamientos adecuados, caso contrario y sin querer, la propia ley puede terminar promoviendo la destrucción del patrimonio cultural. Al fin y al cabo, la Ley regula el comportamiento humano, no a los bienes.
—¿Cómo describirías el estado actual del patrimonio cultural en el Perú?
Somos una de las seis cunas de la civilización en el mundo. El Perú es un país profundamente diverso, con manifestaciones culturales de distintas épocas y características, tanto materiales como inmateriales, desde la costa hasta la sierra y la selva. Tenemos un privilegio enorme, una ventaja comparativa que muchos países vecinos quisieran tener.
Juan Pablo de la Puente destaca el nuevo proyecto del World Monuments Fund en Ácora, Puno, que recupera los antiguos sistemas agrícolas de Waru Waru.
Sin embargo, ese gran potencial está subutilizado y mal entendido como traba para el desarrollo. En mi opinión profesional, se debe promover –y no obstaculizar– la participación activa del sector privado en su gestión y puesta en valor. Esta es la única forma de atraer mayor financiamiento y capacidades técnicas. Sólo en sitios arqueológicos, tenemos más de 25,000 y los fondos públicos asignados anualmente para su conservación equivalen en promedio al 0.03% del presupuesto público. Por ejemplo, son muy pocas las organizaciones sin fines de lucro del sector privado dedicadas a la protección del patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque el sistema no lo promueve.
—¿Qué balance podrías hacer del año 2025, tanto en lo personal como en lo profesional?
En el ámbito profesional, este año ha estado marcado por diversas modificaciones legislativas que, lamentablemente, continúan con una tendencia de los últimos años y que considero representa un retroceso en el sistema legal de protección del patrimonio cultural.
La Huaca de la Luna, en Trujillo, es uno de los proyectos emblemáticos apoyados por el World Monuments Fund. Sus murales mochicas revelan la riqueza simbólica y artística del norte peruano.
Con los recientes cambios normativos, no solo la Ley contempla la posibilidad de lotizar campos históricos de batalla, sino que también, en caso de instalación de redes de servicios públicos, sólo exista la obligación de pedir permiso al Ministerio de Cultura cuando los vestigios sean de la época prehispánica, mas no de las épocas virreinal y republicana. Esto es paradójico en el contexto del bicentenario, pues en la práctica se está considerando a los bienes culturales de las épocas virreinal y republicana como de segunda categoría.
Otro cambio inquietante es la propuesta de modificación de la Ley del Boleto Turístico del Cusco. La norma vigente establece que los ingresos generados por la venta de boletos deben reinvertirse en la investigación y conservación de los sitios arqueológicos. En la nueva propuesta, ese principio ha sido eliminado, lo que debilita el modelo de gestión. No puede existir una gestión sostenible del patrimonio si el turismo no beneficia directamente su conservación.
El complejo arqueológico de Gran Pajatén, en el Parque Nacional del Río Abiseo, fue escenario del más reciente proyecto de conservación impulsado por el World Monuments Fund en el Perú.
—Siguiendo esa línea, ¿cómo ves la situación actual de Machu Picchu y la posibilidad de que pierda su título de Patrimonio Mundial?
Machu Picchu es un sitio de Patrimonio Mundial Mixto de la Unesco, por sus valores universales tanto naturales como culturales. Solo existen 40 sitios en el mundo con esa categoría. Además, tiene otro reconocimiento, de carácter privado y más vinculado al turismo, otorgado por World’s New Wonders, que también ha expresado su preocupación.
Es interesante que tanto la comunidad científica como el mercado turístico coincidan en advertir el riesgo en el cual se encuentra Machu Picchu. En la última sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, realizada en Julio pasado en París, se manifestó preocupación porque el número de visitantes diarios supera los límites técnicos recomendados.
La Unesco ha solicitado al Estado peruano informar en febrero del próximo año sobre el estado del cumplimiento de ciertos requerimientos. Si ellos no se cumplen, Machu Picchu podría ser incluido en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro en la sesión de julio del próximo año, lo que sería gravísimo.
Juan Pablo de la Puente advierte que el exceso de visitantes podría poner en riesgo el estatus internacional de Machu Picchu.
—¿En qué proyectos estás actualmente involucrado desde World Monuments Fund Perú?
World Monuments Fund (WMF) es una organización privada internacional dedicada a promover la conservación del patrimonio cultural. Este año celebramos 60 años de existencia a nivel global, habiendo promovido proyectos en más de 700 monumentos en 112 países.
En el Perú, WMF trabaja desde 1997 —hace ya 28 años— y hemos desarrollado proyectos emblemáticos, como la recuperación de las pinturas murales de las iglesias de Huaro y Andahuaylillas en el Cusco, la conservación de la Huaca de la Luna en Trujillo, y la puesta en valor del complejo arqueoastronómico de Chankillo, en Áncash, entre otros. El proyecto más reciente se ha desarrollado en el Parque Nacional del Río Abiseo, principalmente en el sitio Chachapoya de Gran Pajatén. Si bien se han realizado importantes expediciones arqueológicas en el pasado, esta ha sido la primera intervención de conservación propiamente dicha, y utilizando tecnología avanzada como el LiDAR.
Además, acabamos de iniciar un nuevo proyecto en Ácora, Puno, en los campos agrícolas de Waru Waru. Es una técnica agrícola ancestral de más de 3,000 años de antigüedad que resulta muy útil frente a los retos climáticos actuales en el altiplano. Estamos realizando el registro y estudio de los saberes de las comunidades, así como la recuperación de algunos Waru Waru para que puedan volver a ser cultivados con papa y quinua, entre otros productos andinos.
Marcela Temple asumió la presidencia del comité peruano del World Monuments Fund en 2009. Su liderazgo y capacidad para congregar voluntades fueron claves para consolidar la labor de la organización en el país.
Desde 2014, WMF Perú está formalmente constituida como una asociación civil sin fines de lucro. Contamos con un directorio muy comprometido. Todos compartimos la convicción de que el patrimonio cultural es un activo llamado a generar desarrollo sostenible, turismo responsable y, sobre todo, fortalecer la autoestima nacional. Es fundamental que la conservación del patrimonio cultural se convierta en una prioridad nacional. Es tanto una obligación como una gran oportunidad.
Quiero recordar a una persona clave, Marcela Temple Seminario. Ella asumió la presidencia del comité peruano de WMF en 2009. Sin su compromiso, empuje y personalidad inspiradora -que ayudó a congregar a muchas personas que aún hoy siguen colaborando- no hubiéramos llegado al lugar en que estamos. Tenemos aún mucho por hacer e invito a tus lectores a visitar nuestra página web www.wmf.org.
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