La denuncia del fotógrafo Ezio Gavazzeni y el documental Sarajevo Safari reactivaron una investigación que podría implicar a ciudadanos italianos y a antiguos servicios secretos.
Por: Mery Jiménez Heredia
A casi tres décadas del asedio de Sarajevo, capital de Bosnia, la justicia italiana intenta esclarecer una de las historias más perturbadoras de la guerra de los Balcanes: la posible participación de ciudadanos de ese país en los llamados “safaris humanos”. Según las primeras líneas de la investigación, hombres acaudalados habrían pagado sumas equivalentes a entre 80 mil y 100 mil euros actuales para disparar contra civiles bosnios desde las colinas que rodeaban la capital, entre 1992 y 1996.
El asedio de Sarajevo duró 1.425 días, convirtiéndose en el más largo de una capital moderna.
El origen de la causa se remonta a una denuncia presentada por el fotógrafo y escritor Ezio Gavazzeni, con los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini. Gavazzeni dedicó casi dos años a rastrear testimonios, documentos y reportes que sostienen que lo que durante años se consideró una leyenda fue una práctica real.
Asimismo, la investigación tomó fuerza tras el estreno del documental Sarajevo Safari (2022), del director esloveno Miran Zupanič, que presentó testimonios de ciudadanos de distintos países —entre ellos Italia, Estados Unidos y Rusia— que habrían participado en esas cacerías.
Durante el sitio murieron más de 10.000 personas, la mayoría civiles.
En tal sentido, cabe recordar que entre 1992 y 1996, Sarajevo soportó 1425 días de asedio. Las fuerzas serbobosnias sitiaron la ciudad y convirtieron las calles en una trampa mortal. Más de diez mil personas murieron por disparos o bombardeos. Los civiles corrían agachados entre edificios destruidos, intentando esquivar las balas que provenían de las montañas. En ese contexto circularon historias sobre extranjeros que pagaban para participar en lo que se conoció como el “Sarajevo Safari”.
Los testimonios indican que existía incluso una lista de precios macabra, donde matar a un niño podía costar más que abatir a un adulto. “Había una tarifa sobre cuánto debía pagar un cazador de fin de semana para disparar a civiles: adultos, mujeres, niños, embarazadas, soldados”, relató a la cadena bosnia N1 Edin Subašić, exgeneral y antiguo agente de inteligencia militar.
Según testigos, matar a un niño tenía un “precio” más alto que abatir a un adulto.
De acuerdo con las investigaciones, los llamados “turistas de la guerra” llegaban a los Balcanes por Trieste, en el noreste de Italia, y desde allí eran trasladados a Pale, cerca de Sarajevo. “Eran francotiradores del fin de semana: llegaban el viernes por la noche y partían el domingo”, explicó Gavazzeni. Tres individuos son mencionados en un expediente, cada uno con un perfil perturbador, cazadores experimentados y posiblemente ricos e influyentes con medios para protegerse de investigaciones.
Según el bombero estadounidense John Jordan, quien fue voluntario en Sarajevo durante la guerra, contó que vio a algunos sujetos extranjeros armados con rifles de caza “más apropiados para jabalíes que para combates urbanos”.
La Fiscalía italiana busca acceder a archivos de inteligencia para determinar si hubo encubrimiento.
Desafortunadamente, uno de los puntos más trágicos de esta historia es que existe la posibilidad de que los servicios secretos occidentales hayan tenido conocimiento de los hechos. Según documentos citados por Gavazzeni, los agentes de inteligencia bosnios informaron en 1994 al SISMI —entonces el servicio secreto militar italiano— sobre estas prácticas. La respuesta oficial aseguraba que el “safari” había sido interrumpido, pero nunca se identificó a los involucrados. Hoy la Fiscalía busca acceder a los archivos del SISMI, ahora convertidos en AISI, para establecer si hubo encubrimiento.
Debido al paso del tiempo, Gavazzeni es consciente de que muchos sospechosos ya han fallecido; sin embargo, Subašić espera que los implicados más jóvenes todavía estén al alcance de la justicia.
Testimonios indican que los “safaris” atraían a hombres ricos, cazadores y vinculados a la extrema derecha.
Actualmente, el caso está en manos del fiscal Alessandro Gobbis, quien investiga a varios sospechosos del norte de Italia —de regiones como Piamonte, Triveneto y Lombardía— por homicidio voluntario múltiple con agravantes de crueldad y motivos abyectos. Se trata de un delito que, en la legislación italiana, no prescribe.
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