De pronto, cuando creíamos por fin en una transición política sin sobresaltos y un proceso electoral con un JNE revestido de autoridad indeclinable, vemos a un presidente José Jerí cargando el peso de una investigación fiscal y parlamentaria y a Roberto Burneo puesto contra la pared por el vizcarrismo.
Por: Juan Paredes Castro*
De todos los círculos endemoniados que tiene el Perú, mordiéndose la cola permanentemente, el mayor y peor es el que cada presidente (como los ocho del ciclo 2016-2026) gobierna en cuerda floja y cada convocatoria a elecciones lleva a millones de peruanos a votar también en cuerda floja.
¿Y cuáles son las trenzas de esas cuerdas flojas?
Una, la vacancia presidencial, convertida en arma política cada vez que pueden reunirse ochenta votos para expulsar a un presidente de su asiento constitucional, al primer pretexto que conceda su inconducta.
Hasta un juicio constitucional, por hechos que hagan insostenible su permanencia en el cargo, sería aconsejable en términos de sanción y estabilidad, más no una vacancia como espada de Damocles sobre su cabeza.
Otra, la disolución del Congreso, convertida igualmente en arma política del Gobierno por dos negativas consecutivas de confianza al Gabinete, que pueden ser provocadas o amañadas como la “negativa fáctica de confianza” que empleó Martín Vizcarra para deshacerse del Congreso opositor del 2019.
Mientras los acuerdos se exhiben en escena, los hilos del poder se mueven desde arriba, fuera de la vista pública.
Y la tercera, la cuerda floja del Jurado Nacional de Elecciones, una vez más privado de autoridad incuestionable. La luz verde a la candidatura presidencial de un sentenciado por peculado como Mario Vizcarra, mientras su hermano Martín, el ex presidente, sentenciado como él, ejerce impunemente un abierto proselitismo político a favor del partido común, Perú Primero, representa la apertura de una rendija grave en las reglas de juego precisamente electorales.
Esperemos no lamentarnos que esta rendija abierta en el criterio de consciencia del JNE, no repercuta en la amenaza a la estabilidad democrática como ocurrió en el 2021, cuando la plancha presidencial incompleta de Pedro Castillo y su ideario oficial antidemocrático no encontraron filtro alguno de rigor en el JNE de ese entonces.
El recuerdo de estas cuerdas flojas no tienen en mí el afán de desconocer u opacar los legítimos cuestionamientos públicos a las reuniones clandestinas del presidente Jerí con empresarios chinos sospechos de negocios oscuros con el Estado, que deben investigarse y sancionarse, dentro de los causes legales y constitucionales claramente establecidos. La búsqueda de vías cortas inmediatas de censura parlamentaria o vacancia en una apasionada y sesgada atmósfera de linchamiento político, más parece responder a la necesidad urgente de muchos políticos y candidatos a la presidencia y al Congreso de practicar un fácil y rápido exorcismo de su “antivoto” del 2021 que le dio la victoria a la plancha Pedro Castillo-Dina Boluarte, victoria que sigue siendo un pesado cargo de consciencia en sus balances democráticos, si es que lo tienen.
“La vacancia se ha convertido en un atajo al poder y en una amenaza permanente a la estabilidad democrática.”
Si la vacancia es un factor en sí mismo desestabilizante para la institución presidencial, lo es asimismo el hecho de que esta carece de los controles y protocolos internos en cuanto al ocupante de la primera magistratura de la nación. ¿Qué pasa cuando quien llega a la presidencia no da la talla de respetabilidad, idoneidad y honestidad, más allá de la sola representación del voto popular?
Es más: las leyes y la Constitución protegen además al presidente de una serie de responsabilidades funcionales finales, dejando que estás las asuman sus ministros de Estado. Aquí nos encontramos, por ejemplo, que a la hora de los ajustes de cuentas, más vemos a los presidentes, que actuaron justamente por su cuenta en espacios fuera de control y vigilancia, desfilando hacia los tribunales y a las prisiones. No vemos en ese desfile el acompañamiento de ministros con responsabilidades políticas concernientes a algunas o muchas imputaciones penales presidenciales.
Es pues demasiado grave que la institución presidencial no esté realmente protegida, en su investidura interna y externa, de cualquier eventual escándalo que menoscabe su imagen, por representar no solo la jefatura de Gobierno y la jefatura de Estado, sino además la encarnación de la nación y la comandancia suprema de las fuerzas armadas y policiales.
“Entre vacancias, disoluciones y arbitrajes débiles, la presidencia en el Perú sigue gobernando en cuerda floja.”
Por todo lo que venimos viendo en los últimos 25 años tal parece que no hay el deseo en los gobernantes y legisladores de turno ni en la clase política en general el deseo elevado de reforzar y poner a salvo, bajo estrictos protocolos y controles de rigor, la majestad presidencial. Se trataría más bien del deseo extendido de dejar permanentemente vulnerable este delicado espacio de mando supremo del país, para el aprovechamiento político de quienes pueden usarlo como botín para sus intereses propios (tenemos ejemplos sobrados de ello) o como peldaño, a través de una vacancia circunstancial, para acceder al poder por sucesión igualmente circunstancial.
Así como en la vida política puede hacerse camino al andar hacia la presidencia por la vida legítima electoral, puede hacerse camino al andar detrás de una oportuna vacancia que le permita al caminante alcanzar el poder oportuno.
Añadamos a todo esto la condición híbrida y contradictoria de la Presidencia del Consejo de Ministros (¿”premierato”?) que no sabemos hasta hoy qué es y para qué sirve realmente. Parte de la presidencia ficticia que es el título de un libro mío editado por Planeta y hoy agotado en librerías.
(*) Periodista y escritor, exdirector periodístico de El Comercio. y columnista de COSAS.
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