Inseguridad extendida, rotación presidencial récord, corrupción territorializada e informalidad dominante configuran un escenario de desgaste institucional que debilita la gobernabilidad antes incluso de acudir a las urnas.
Por: Rollin Thorne Davenport – Asesor de asuntos públicos
El Perú llega a las próximas elecciones de abril con una sensación extendida de desgaste. No se trata sólo de cansancio económico o de frustración social, sino de una percepción más profunda: la idea de que el país avanza sin un rumbo claro mientras los problemas centrales se agravan. La inseguridad, la inestabilidad política, la corrupción y la informalidad no son fenómenos nuevos, pero hoy confluyen con una intensidad que erosiona la confianza ciudadana y limita seriamente las posibilidades de desarrollo.
La inseguridad se ha convertido en la preocupación cotidiana de millones de peruanos. Ya no es un problema focalizado ni exclusivo de ciertas zonas: atraviesa barrios, ciudades y regiones enteras. El crimen organizado, la extorsión y la violencia se han normalizado peligrosamente, afectando tanto a familias como a pequeños negocios y grandes empresas por igual. Cuando el Estado no logra garantizar el derecho básico a la seguridad ciudadana, la vida diaria se vuelve precaria y el miedo termina condicionando los procesos de toma de decisiones tan elementales como trabajar, invertir o circular libremente.
Cuando las instituciones se debilitan, el conflicto irrumpe en escena y la democracia se vuelve un campo de disputa.
A esta situación se suma una inestabilidad política crónica que impide cualquier planificación de mediano o largo plazo. En menos de diez años, el Perú ha tenido ocho presidentes de la República, una cifra que grafica con crudeza la fragilidad de nuestro sistema político en los últimos años. Lejos de ser un episodio superado, este patrón parece repetirse: los recientes pedidos de censura contra el presidente José Jerí podrían empujar al país hacia un noveno cambio presidencial. Gobiernos débiles, parlamentos fragmentados, una singular carencia de partidos políticos y una permanente confrontación entre poderes del Estado han convertido la política en un espacio de corto plazo, más reactivo que estratégico. El resultado es un país atrapado en la coyuntura, donde la gestión pública pierde eficacia y las reformas estructurales se postergan indefinidamente.
La corrupción, por su parte, actúa como un veneno silencioso que contamina todo lo que toca. El drenaje de recursos públicos no es una abstracción: se vuelve especialmente evidente en regiones, donde existen provincias y distritos que reciben elevados ingresos por canon minero y, aun así, arrastran brechas sustanciales en la provisión de servicios básicos. El caso de Yarabamba, en Arequipa, es ilustrativo: pese a ser uno de los distritos que más canon minero recibe en el país, mantiene todavía un acceso ínfimo al agua potable. La falta de infraestructura vial adecuada y las deficiencias en salud y educación completan una paradoja que revela cómo la corrupción y la mala gestión no solo roban dinero, sino también oportunidades de desarrollo.
“El Perú no enfrenta una sola crisis sino la superposición de todas al mismo tiempo.”
La informalidad completa este diagnóstico crítico. Más del 70% de la economía peruana opera al margen de la ley, no por elección ideológica, sino porque el Estado formal resulta costoso, complejo e inaccesible para millones de ciudadanos peruanos. Esta informalidad masiva reduce la recaudación fiscal, limita la productividad de las empresas y precariza el empleo. Al mismo tiempo, debilita la capacidad del Estado para brindar servicios públicos de calidad, cerrando un círculo que castiga especialmente a los más vulnerables. Combatir la informalidad no pasa solo por fiscalizar, sino por simplificar reglas, reducir costos de acceso y reconstruir la confianza entre el ciudadano y las autoridades.
De cara a las elecciones, el desafío no es menor. No bastan promesas de refundación ni discursos políticos incendiarios. El país necesita un liderazgo responsable, capaz de reconocer la gravedad del diagnóstico y de proponer soluciones realistas. Más que salvadores, el Perú requiere instituciones que funcionen y ciudadanos dispuestos a exigirlas. Las urnas no resolverán por sí solas estos problemas, pero sí pueden marcar el inicio de una ruta distinta. Ignorar esta oportunidad de elegir bien en abril sería, quizá, el mayor riesgo de todos.
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