El dictamen eleva sanciones por crueldad contra animales e incorpora agravantes y responsabilidades para quienes los tengan bajo custodia.
Por: Luis Mauricio Málaga Fuenzalida
El Congreso aprobó un dictamen que modifica el artículo 206-A del Código Penal y eleva las penas por maltrato animal en el país. La medida obtuvo 91 votos a favor y quedó exonerada de segunda votación.
La reforma establece sanciones más severas para actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. El dictamen continuará su trámite para una eventual promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
El Congreso de la República aprobó un dictamen que eleva las penas por maltrato animal e incorpora nuevos agravantes por actos de crueldad. (Crédios: Congreso de la República)
Aumento de sanciones y nuevas penas
El texto aprobado fija penas de hasta 8 años de prisión para quienes provoquen la muerte de animales mediante actos de crueldad o abandono. La norma también incrementa castigos por lesiones graves.
Entre los casos contemplados figuran daños como pérdida de órganos, sentidos o miembros principales. Estas medidas refuerzan las penas por maltrato animal ante conductas consideradas de mayor gravedad.
Además, se incluyen sanciones más duras para quienes utilicen fuego, armas o veneno durante las agresiones. La modificación responde al incremento de denuncias registradas en el país.
La norma establece penas de hasta 8 años de prisión por maltrato animal, incluyendo sanciones más severas por crueldad y abandono.
Agravantes y responsabilidades específicas
El dictamen incorpora nuevos agravantes relacionados con violencia extrema. Se consideran factores como el ensañamiento, la brutalidad o el sadismo en los actos cometidos.
También se endurecen las sanciones cuando los hechos sean grabados o difundidos en imágenes, videos o plataformas digitales. Este punto amplía el alcance de las penas por maltrato animal en contextos de exposición pública.
Otro aspecto relevante es la inclusión de responsabilidades especiales para quienes tienen animales bajo su custodia. La norma abarca a veterinarios, entrenadores, cuidadores y funcionarios públicos.
Asimismo, incluye a policías, serenos e integrantes de las Fuerzas Armadas. En estos casos, la responsabilidad se agrava por la posición de control o cuidado sobre los animales.
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