La medida promulgada en el Estado de Washington ha generado polémica entre los fieles de la Iglesia Católica, ya que entra en conflicto con la libertad religiosa protegida por la Primera Enmienda
Por: Redacción COSAS
El gobernador demócrata de Washington, Bob Ferguson, promulgó la semana pasada una nueva ley que exige a los miembros del clero denunciar a las autoridades cualquier sospecha de abuso o negligencia infantil, incluso si se revela durante el sacramento de la confesión. La ley, que abarca todas las religiones, desató una feroz reacción, especialmente entre los católicos, quienes ven en esta medida una violación a la libertad religiosa y a las prácticas fundamentales de su fe.
En julio de 2019 la Penitenciaría Apostólica del Vaticano publicó una nota sobre la importancia del fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental.
“El estado ahora se está inmiscuyendo en la práctica de la religión, y si se les permite salirse con la suya, ¿dónde está el límite?” expresó el arzobispo Paul D. Etienne de Seattle, refiriéndose a la intrusión en el secreto de confesión, considerado una de las normas más sagradas en la Iglesia Católica. Cualquier sacerdote que viole este secreto, según la doctrina católica, es automáticamente excomulgado.
La controversia se intensificó tras la apertura de una investigación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., que calificó la ley como «anticatólica». Según un comunicado de la agencia, la investigación se centrará en el «aparente conflicto» de la ley con la libertad religiosa, amparada por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
En la mayoría de los estados, los clérigos tienen la obligación de denunciar el abuso infantil si sospechan de su ocurrencia, pero suelen contar con la excepción de la confesión. Sin embargo, algunos estados como Nuevo Hampshire y Virginia Occidental, derogaron esa protección, obligando a los sacerdotes a denunciar incluso lo que se les revele en el confesionario.
El caso de Washington es particularmente relevante por la postura adoptada por las autoridades estatales, quienes decidieron no permitir que el secreto de confesión sea una barrera para proteger a los menores de abusos. Un ejemplo similar en California fue retirado en 2019 ante la oposición generalizada, aunque en esta ocasión la legislación se mantiene firme.
El proyecto de ley en Washington tiene como antecedente los testimonios de sobrevivientes de abuso, entre ellos la legisladora demócrata Frame, quien afirmó que su experiencia personal como víctima de abuso sexual infantil la llevó a apoyar la ley. «Calificarlo de anticatólico resulta profundamente político porque es falso a primera vista», aseguró Frame, refiriéndose a las críticas sobre la supuesta discriminación religiosa de la ley.
Los Testigos de Jehová, que también están involucrados por su creencia en el secreto religioso, se mantienen al margen de la polémica, aunque su portavoz, Jarrod Lopes, dejó claro que la iglesia cumple con las leyes de denuncia. Sin embargo, enfatizó que solo aborda los casos internamente, en el contexto de la doctrina de la iglesia.
Los Testigos de Jehová no creen que un sacerdote pueda perdonar pecados. Según la JW.ORG, consideran que el perdón viene directamente de Dios a través de Jesucristo.
Desde la perspectiva de la Iglesia Católica, el conflicto radica en la naturaleza del sacramento. «El propósito de la confesión no es recopilar información. Es reconciliar al pecador con Dios para que reciba su misericordia», señaló el obispo Thomas Daly de Spokane. Los sacerdotes, debido al carácter anónimo de la confesión, a menudo no tienen información suficiente para identificar al penitente o al agresor, lo que complica la situación. Daly agregó que «existe cierto anticatolicismo en la zona oeste del estado», sugiriendo que la medida podría ser parte de una hostilidad generalizada hacia la Iglesia en esta región.
Posturas y consecuencias para los clérigos
En una carta dirigida a los fieles de su diócesis, el obispo Daly aseguró que la Iglesia mantendrá el secreto de confesión «incluso hasta el punto de ir a la cárcel». En la misma línea, el reverendo Bryan Pham, sacerdote jesuita y abogado canónico, expresó que la ley coloca a los sacerdotes en una «situación imposible», pues se enfrentan a la posibilidad de ser encarcelados o excomulgados, una contradicción que, según él, «pone en riesgo la integridad del sistema religioso».
El gobernador Ferguson, quien también es católico, defendió la ley al subrayar que la protección infantil es una prioridad. «Estoy muy familiarizado con eso», indicó durante la firma del proyecto, haciendo referencia a su propia experiencia religiosa y familiar. «Proteger a los niños es nuestra máxima prioridad», concluyó.
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