El gobierno español intensifica su ofensiva contra los alquileres turísticos ilegales en un intento por aliviar la crisis de vivienda, una de las más graves de Europa. 

Por Daniel Crespo Pizarro

A puertas del verano europeo y con la afluencia de viajeros internacionales en niveles récord, el gobierno de España ha ordenado a la plataforma Airbnb retirar cerca de 66,000 anuncios de su sitio web por infringir las normativas nacionales sobre alquileres turísticos. La decisión forma parte de un esfuerzo conjunto entre autoridades nacionales, regionales y locales para enfrentar una crisis de vivienda que se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y políticos del país.

Según informó The New York Times, las propiedades afectadas carecen de licencias, presentan números de licencia falsos o no especifican si son gestionadas por empresas o personas naturales. La medida se produce tras una investigación previa que detectó 65,935 anuncios irregulares y una resolución favorable del alto tribunal de Madrid que respaldó la orden de retirada.

La empresa Airbnb ha señalado que continuará apelando las decisiones judiciales y, mientras tanto, mantendrá los anuncios activos hasta que el proceso legal finalice. En su defensa, la compañía argumentó que el verdadero origen de la crisis de vivienda en España es la escasez de oferta habitacional, y que las restricciones similares en otras ciudades no han logrado aliviar el problema, sino que han encarecido el alojamiento para los viajeros.

De acuerdos al gobierno español, las publicaciones no respetan las normas que deben cumplir los alojamientos vacacionales si quieren anunciarse.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, subrayó que esta acción se enmarca en un compromiso por garantizar que “ningún interés económico prevalezca sobre el derecho a la vivienda”. Anunció además que la retirada se realizará en fases, comenzando con un primer lote de 5,800 anuncios ilegales.

Las comunidades autónomas más afectadas por la medida son Madrid y Cataluña, particularmente Barcelona, ciudad que ya había anunciado que retirará todas las licencias de alquiler vacacional para el año 2028, obligando a los propietarios a convertir las viviendas en alquileres de largo plazo con precios regulados o venderlas.

El gobierno español advieete que los anuncios no incluyen la licencia, incluyen una errónea o les falta información.

La crisis de vivienda en España refleja una tendencia que también se observa en otras capitales europeas, donde la transformación del mercado inmobiliario en un activo financiero ha reducido el acceso a viviendas asequibles. La creciente demanda turística y laboral ha incentivado los alquileres de corto plazo, en desmedro de los contratos protegidos y a largo plazo. A esto se suma la disminución del parque de vivienda social, vendido en años anteriores por los Estados para obtener liquidez.

Ante este panorama, el gobierno español ha impulsado un ambicioso plan para construir más vivienda social y limitar la inversión extranjera, incluyendo una propuesta de impuesto del 100 % a compradores foráneos. Además, una reciente sentencia del Tribunal Supremo permite a las comunidades de vecinos prohibir los alquileres turísticos si cuentan con una mayoría calificada.

Con esta nueva ofensiva, España busca recuperar el equilibrio en su mercado inmobiliario y priorizar el acceso a la vivienda frente a la rentabilidad turística.

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