Jóvenes militantes con escasa experiencia ocupan puestos clave dentro del aparato estatal. Son reclutadas por APP (Alianza para el Progreso) y luego promovidas por el propio César Acuña Peralta, a quien, en su entorno, llaman cariñosamente CAP.
Por: Isabel Miró Quesada
La “hija política”
A través de una Resolución Legislativa se dio por terminado el cuestionado nombramiento de Yessenia Lozano como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso. Lozano saltó a la notoriedad tras ser bautizada como la “hija política” del líder de APP, actual gobernador de La Libertad.
En el citado documento se indica que el puesto dejado por Yessenia Lozano será ocupado por la señorita Sandra Liz Gutiérrez Cuba, “con el nivel remunerativo, las obligaciones, los derechos y beneficios que le son inherentes al cargo”. Sin duda, otro talento en bruto surgido de las canteras partidarias, aunque en este caso de Somos Perú, agrupación que encabeza la Mesa Directiva del Parlamento y que, junto con Fuerza Popular, se mantiene como uno de los principales aliados de APP.
Como se recuerda, la designación de Lozano causó indignación luego de conocerse que la joven solo tenía el grado de bachiller en Derecho por la Universidad Señor de Sipán, propiedad de la familia Acuña. Durante su gestión, la militante de APP percibió un sueldo mayor a los S/19 mil. La joven también causó revuelo por colgar en su despacho un gran cuadro del “líder supremo” César Acuña Peralta, junto al logo de APP.
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro calificó este hecho como propaganda partidaria desde una oficina pública, y concluyó que “la funcionaria, de manera reiterada, transgredió el principio de neutralidad”.
Luego de que todo esto se viera evidenciado en un reportaje de “Cuarto Poder”, la “hija política” ha optado por un perfil más discreto, aunque dentro del partido sigue siendo una figura cercana a CAP.
Yessenia Lozano, conocida como la “hija política” de César Acuña, llegó a ganar más de S/19 mil mensuales en el Congreso.
23 años y sin título
Un caso similar es el de Lucero Coca Condori, la joven empresaria favorita de CAP. Según un informe periodístico, la empresaria, sin título profesional, intentó adjudicarse la millonaria obra del Estadio Miguel Grau de Piura, valorizada en S/200 millones, luego de haber obtenido contratos por más de S/300 millones en La Libertad, Junín y Loreto.
De acuerdo con la denuncia, cuando el Gobierno Regional de Piura convocó la licitación de la obra, Coca Condori y su madre, Beatriz Condori, participaron con sus respectivas empresas. En febrero de 2025, ambas realizaron diversas consultas sobre el proceso. Condori Cárdenas Contratistas E.I.R.L., por ejemplo, pidió información sobre insumos, cotizaciones, planos, especificaciones técnicas, gastos generales y cronogramas.
Por su parte, LC & EC Constructora Consultora y Servicios S.A.C., la firma vinculada a la beneficiada por la gestión de Acuña, solicitó modificaciones en las bases con el fin de obtener ventajas y aplicar su “fórmula ganadora”, similar a la que ya había empleado en los otros tres gobiernos regionales.
Por ejemplo, pidió que se permita sustituir la presentación de carta fianza por una retención del 10% sobre las valorizaciones mensuales para reducir la garantía financiera exigida. La beneficiada también cuestionó los requisitos sobre la composición del consorcio para flexibilizar los porcentajes mínimos de participación y la experiencia requerida y seguir el modelo aprobado en La Libertad y Junín, donde la empresa con experiencia tenía una participación mínima.
Además, la empresa solicitó reducir a veinticuatro meses la experiencia exigida para el residente de obra y ampliar los criterios para incluir experiencia en hospitales, clínicas y policlínicos, tanto públicos como privados. Otras peticiones incluyeron la administración de adelantos mediante fideicomiso y la posibilidad de subcontratar hasta el 40% del contrato.
Las respuestas del Comité de Selección no convencieron a las empresas de madre e hija, quienes elevaron sus reclamos al Organismo Especializado para las Contrataciones Eficientes del Estado (OECE). Esta entidad emitió dos pronunciamientos: en abril recomendó anular el proceso y regresar a la etapa de consultas; en mayo, aceptó varias observaciones y sugirió al Gobierno Regional publicar las bases integradas con los ajustes pertinentes, excepto en lo relativo al fideicomiso.
Finalmente, la OECE ordenó integrar las bases definitivas y publicarlas en el sistema de contrataciones del Estado, incorporando las recomendaciones, así como modificar el cronograma para el registro de participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro. Sospechoso, por decir lo menos.
Doble sueldo y sin perfil
Las investigaciones revelan casos de favoritismo, doble sueldo y falta de perfiles adecuados en puestos públicos.
Otro episodio por el que se investiga a CAP vincula a Norma Ximena Castillo Schmiel, ingeniera industrial egresada de la Universidad César Vallejo, quien fue contratada por el Gobierno Regional de La Libertad pese a no cumplir los requisitos del cargo. Castillo asumió la Subgerencia de Logística y Servicios Generales, aunque, según la Fiscalía, no acreditó la experiencia ni presentó la documentación exigida.
Según la carpeta fiscal, Castillo asumió el cargo el 26 de agosto de 2024, pero no habría acreditado experiencia laboral suficiente ni presentado documentos como boletas de pago o planillas que sustenten su experiencia. “La mayor parte de su trayectoria profesional no corresponde al nivel de ‘especialista’ exigido para dicha designación”, sostiene la disposición de apertura de investigación preliminar de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Trujillo.
La investigación preliminar también detectó una “superposición de cargos”, lo que le habría permitido recibir doble remuneración del Estado. Según Transparencia, entre enero y marzo de este año obtuvo S/7150 mensuales.
A esta situación se suma una denuncia por presunta estafa: un empresario afirmó que Castillo le pidió S/35.000 a cambio de facilitar órdenes de compra en el GORE, dinero que nunca fue devuelto. Aunque luego la funcionaria difundió un video en el que el supuesto denunciante asegura haber sido víctima de usurpación de identidad, y afirma que no tiene ninguna queja contra la funcionaria.
Hermanas en la nómina
Finalmente, resaltan las hermanas Diana y Estefany Dávila Callao, incorporadas por APP al Congreso sin contar con el perfil adecuado. Diana, de poco más de 20 años, ingresó a la Oficina de Comunicaciones sin estudios universitarios concluidos, apenas con un diploma técnico en banca, mientras cursa moda en Chio Lecca. Su hermana fue ubicada en el área de Administración de Bienes, también sin experiencia comprobada.
Ambas ejercen funciones que requieren formación especializada y trayectoria en gestión estatal. Según fuentes internas, Diana goza de la protección de asesores de APP, lo que le permitió pasar por varios puestos hasta terminar en el manejo de redes sociales. Queda claro que aquí se cumple con creces con lo que dice el lugar común: junto a cada gran hombre no hay una gran mujer, sino varias.
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