El avance de la minería ilegal y las nuevas prórrogas del Reinfo han desatado alertas por el crecimiento de una economía criminal que ya supera a la legal y presiona al Estado a definir una postura clara. El premier, Ernesto Álvarez, sostuvo que el ejecutivo aún no define su postura y lo harán en Consejo de Ministros. 

Por Redacción COSAS

Las alertas alrededor del crecimiento acelerado de la minería ilegal volvieron a intensificarse este año. Según el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, las exportaciones de oro ilegal llegarían a US$ 12 mil millones en 2025, casi el doble de los US$ 7.5 mil millones del 2024. “Hoy es la economía ilegal más grande, superando incluso al narcotráfico y tala ilegal. Con esos montos, esta actividad se ubicaría por encima de cualquier exportación no tradicional de otras regiones del país., consolidándose como la actividad económica ilícita más grande del país», sostuvo Gallardo.

A esto se suma un mercado exportador que no coincide con los volúmenes declarados: mientras la producción formal de oro se mantuvo casi sin variaciones en la última década, las empresas exportadoras se multiplicaron por cinco.

El diagnóstico describe un sistema que opera con trazabilidad mínima, creciente penetración criminal y un marco normativo debilitado. En este escenario, el debate político sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha terminado por convertirse en un punto crítico. La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó una ampliación de la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2027, pese a la oposición de especialistas, gremios empresariales y parte del propio Legislativo.

Las exportaciones de oro ilegal llegarían a US$ 12 mil millones en 2025, casi el doble de los US$ 7.5 mil millones del 2024. (Foto: Bruno Kelly)

Para la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, lo ocurrido marca un retroceso. “La decisión de la comisión es lamentable y penosa ya que solo buscan perpetuar la ilegalidad. Además ha hipotecado el presente y futuro del país al poder de las economías ilegales. Estamos muy preocupados puesto a que esta votación refleja que hoy priman los intereses políticos por un puñado de votos y no la seguridad de nuestro país. No hay nada que rescatar, al contrario es una reflexión grande”, dijo en entrevista con Canal N.

Gobierno no define postura

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el Gobierno peruano aún no ha determinado su posición respecto a la propuesta de ampliar el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027, pese a que está a puertas de ser debatido en el Pleno del Congreso. El ministro también precisó que esta decisión será debatida en el Consejo de Ministros luego de escuchar argumentos de especialistas.

«Esto se tiene que discutir en Consejo de Ministros, escuchando a los expertos de uno y otro lado», sostuvo el titular de la PCM, Ernesto Álvarez a RPP.

Precisamente, la decisión de la comisión generó un cuestionamiento directo al mandatario y a su bancada, Somos Perú, considerada la representación parlamentaria más cercana al Ejecutivo. Con sus cuatro votos, este grupo respaldó la prórroga, pese a que el Gobierno sostiene en sus discursos que busca combatir la inseguridad y las economías ilícitas vinculadas a la minería ilegal.

La vicepresidenta de la comisión, Diana Gonzales, señaló la contradicción: recordó que el primer ministro, Ernesto Álvarez, solo se pronunció en contra de la reincorporación de los 50 mil registros excluidos del Reinfo, pero evitó referirse a la ampliación de dos años aprobada por la bancada del propio presidente. Gonzales calificó esta falta de definición como un “silencio cómplice” y afirmó que no hay coherencia entre las declaraciones públicas del Ejecutivo y las decisiones legislativas de Somos Perú.

La congresista también denunció un mercado ilegal de alquiler de Reinfo suspendidos que operan libremente en redes sociales. Según su investigación, el 90% de los 50 mil registros excluidos llevaba más de cuatro años en suspensión. Además, resaltó que luego de esta exclusión la recaudación tributaria aumentó 55%, lo que demostraría que la depuración no afectó la productividad formal.

Un Reinfo debilitado

El Reinfo fue creado hace más de una década como un mecanismo temporal para la formalización minera, pero las sucesivas ampliaciones y la falta de fiscalización lo convirtieron en una vía para validar operaciones informales. Hoy, el sistema se enfrenta a una realidad que expone su fracaso. Hace veinte años, la exportación de oro legal superaba a la ilegal por 190 toneladas; hoy, la diferencia es de apenas tres.

Mineros ilegales protestando frente al Congreso de la República exigiendo la ampliación del Reinfo.

La Comisión de Energía y Minas ha planteado reincorporar a más de 50 mil registros excluidos en julio. Este giro ocurre en un contexto de expansión descontrolada: estimaciones del IPE indican que al menos 13 mil Reinfo operaban en zonas restringidas —áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas y otras donde la actividad minera está prohibida—. Incluso después de la depuración de este año, 3,685 registros aún permanecen en dichas áreas, como Tambopata (Madre de Dios), el río Chira (Piura) o las Líneas de Nazca (Ica). Además, 6,483 solicitudes ni siquiera cuentan con ubicación georreferenciada.

Las deficiencias institucionales también han limitado la formalización. En la última década, el programa de Formalización Minera de la MAPE del Ministerio de Energía y Minas ha recibido apenas S/ 25 millones anuales en promedio. La tendencia apunta a menos recursos: el proyecto de Presupuesto 2026 plantea otorgarle solo S/ 14 millones, una caída del 60% en comparación con 2019.

 

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