Las auditorías detectaron el uso de vacíos normativos para construir edificios que casi triplican la altura autorizada y para ofertar departamentos que no califican como accesibles.
Por: Mery Jiménez Heredia
La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en proyectos de viviendas de interés social (VIS) ubicados en 20 distritos de Lima. Según los auditores, seis de cada diez edificaciones inspeccionadas no superaron las revisiones técnicas, principalmente por exceder los límites de altura, incumplir parámetros municipales o no cumplir con las condiciones económicas establecidas para esta categoría.
El programa Cuarto Poder accedió a imágenes, documentos y reportes técnicos que exponen cómo estas obras obtuvieron licencias pese a vulnerar normas básicas.
Inspección realizada el 26 de junio halló estructuras que siguen avanzando pese a observaciones de la Contraloría.
El caso más evidente se encuentra en San Isidro, donde se proyecta construir un edificio de 28 pisos, a pesar de que el máximo permitido es de 10. Un segundo proyecto también clasificado como VIS suma 22 niveles adicionales gracias a un beneficio normativo del Ministerio de Vivienda, originalmente diseñado para fomentar unidades económicas.
Estos son solo dos ejemplos del patrón detectado: edificaciones que utilizan la categoría VIS para acceder a facilidades normativas, pero que no cumplen los requisitos para ser consideradas viviendas accesibles.
Las inspecciones del 26 de junio, registradas con drones y difundidas por el dominical, muestran que varias obras continúan avanzando incluso después de que la Contraloría emitiera observaciones. En el cruce de la avenida Salaverry y la calle Burgos, por ejemplo, la estructura anterior ya fue demolida y hoy funciona una caseta de ventas, lo que evidencia que la comercialización del proyecto sigue activa. El reportaje señala que solo en San Isidro existen 28 solicitudes de proyectos VIS en distintos estados de gestión, varios de ellos en litigio, aunque avanzan sin freno mientras esperan una resolución judicial.
Auditores detectaron que 6 de cada 10 proyectos VIS no superaron las revisiones técnicas.
Otro problema recurrente es el incumplimiento del precio máximo permitido para las VIS. Los auditores identificaron unidades de 43 m² ofrecidas por 391 mil soles, pese a que el tope para esta categoría es de 160 mil. Este incremento hace imposible que las viviendas sean accesibles para las familias de los segmentos C y D, público al que está orientado este beneficio.
Las fallas no se limitan a la altura o al costo. En al menos un proyecto solo se acreditó el 50% de los estacionamientos mínimos y no se consideraron áreas para visitantes, lo que vulnera las normas de habilitación urbana. A pesar de ello, las obras obtuvieron licencias que, según la revisión documental, no cumplían lineamientos esenciales.
El reportaje también evidencia tácticas utilizadas por algunas constructoras para evitar sanciones. Una de las más frecuentes es transferir la propiedad del predio a una nueva razón social, lo que permite eludir medidas cautelares o procesos de nulidad.
Según José Alberto Danós, gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de San Isidro, actualmente existen 10 procesos de nulidad en evaluación. “Las empresas constructoras están trasladando la ejecución de la obra a una nueva empresa para impedir que la medida cautelar les alcance”, afirmó.
Los especialistas consultados por el dominical citado recordaron que para calificar como VIS no basta con cumplir requisitos técnicos: las viviendas deben ajustarse a parámetros económicos definidos para familias de ingresos medios y bajos. La revisión de la Contraloría sugiere que los vacíos normativos y facilidades de esta categoría están siendo utilizados para levantar edificaciones cuyo precio final no corresponde a su propósito inicial.
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