El Cuarto Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional determinó que el expresidente peruano condicionó la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua a cambio de beneficios económicos. La sentencia se ejecuta de inmediato y se prevé su reingreso al Penal Barbadillo.
Por: Redacción COSAS
El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó este miércoles al expresidente Martín Vizcarra Cornejo a 14 años de pena privativa de la libertad, al hallarlo culpable del delito de cohecho pasivo propio por irregularidades vinculadas a las obras de Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, ejecutadas durante su gestión como gobernador regional de Gobierno Regional de Moquegua.
La pena acumulada —de cumplimiento efectivo— se divide en 8 años por el caso Hospital Regional de Moquegua y 6 años por el proyecto Lomas de Ilo.
“Aprovechó su cargo para cometer actos ilícitos”
Durante la audiencia, la jueza Fernanda Ayasta señaló que el tribunal determinó con grado de certeza que Vizcarra condicionó a los postores para favorecer la adjudicación de ambos proyectos a cambio de dinero.
“Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero”, afirmó la magistrada.
El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional dictó condena de prisión efectiva contra Martín Vizcarra por cohecho pasivo propio, vinculando la corrupción a los proyectos emblemáticos de su gestión en Moquegua.
Asimismo, la judicatura indicó:
“Se ha logrado acreditar con grado de certeza la responsabilidad penal de Martín Vizcarra en la comisión del delito imputado, por lo que debe ser pasible de una sanción penal”.
El fallo destacó que se aplicó una sola atenuante a favor del exmandatario: no contar con antecedentes penales, motivo por el cual la pena se fijó en el tercio inferior del marco legal.
Solicitud del 2% y pagos ilícitos corroborados
El tribunal consideró creíble y corroborada la declaración de Elard Paul Tejeda Moscoso, colaborador eficaz y directivo vinculado a Obrainsa.
Según lo expuesto en juicio, se acreditó que Vizcarra solicitó el pago del 2% del monto de S/ 80.9 millones del proyecto Lomas de Ilo. Los desembolsos ilícitos, según el testigo, se realizaron en tramos que incluyeron:
- S/ 400 mil por el alquiler de una avioneta,
- S/ 600 mil como segundo pago directo.
Estas entregas fueron consideradas por la judicatura como parte de la ventaja ilícita exigida por el acusado cuando ocupaba la gobernación regional.
La pena final fue menor al requerimiento inicial del Ministerio Público del Perú, pero el colegiado confirmó prisión efectiva al acreditarse la entrega y promesa de ventajas económicas.
Ejecución inmediata y traslado a penal
La sentencia dictada por el tribunal se ejecutará de forma inmediata. En ese sentido, el exmandatario deberá ser trasladado a un establecimiento penitenciario sin dilaciones, confirmó la jueza Ayasta.
Por su condición de expresidente, se prevé su reingreso al Penal Barbadillo —donde ya estuvo recluido en agosto de este año—, aunque la ubicación final deberá ser confirmada por el Instituto Nacional Penitenciario del Perú.
Vizcarra asistió a la lectura de sentencia desde temprano, acompañado de su abogado defensor Erwin Siccha. La diligencia estuvo a cargo de la jueza Ayasta, quien dirigió la audiencia junto a los magistrados Giovanni Félix y Andy Rodríguez, integrantes del tribunal colegiado.
Las investigaciones sobre el Proyecto Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, adjudicados durante la gestión del Gobierno Regional, fueron el eje probatorio del proceso por cohecho pasivo propio.
La cronología de una condena histórica
La audiencia inició pasadas las 9:00 a.m., tras concluir con la verificación de identidad y las coordinaciones preliminares. Durante la exposición de los fundamentos, el expresidente se mantuvo serio, tomó notas y escuchó con atención cada argumento judicial.
El juicio se enmarca en una investigación más amplia sobre presuntos pagos ilícitos efectuados por empresas constructoras a cambio de favorecer adjudicaciones públicas durante la gestión regional del acusado. La Fiscalía de la Nación del Perú —representada en audiencia por el fiscal Germán Juárez Atoche— sostuvo que los sobornos se dieron por la adjudicación de las obras del proyecto Lomas de Ilo y del Hospital Regional de Moquegua.
El tribunal colegiado concluyó que la consumación del delito no requería la totalidad del pago, sino el condicionamiento de la función pública a la promesa o entrega de una ventaja económica, elemento que fue acreditado en ambos extremos del proceso.
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