La Municipalidad de Lima afirma que los costos reales de mantenimiento vial son diez veces menores a los reportados por Rutas de Lima y evalúa una denuncia por fraude administrativo.
Por: Redacción COSAS
La salida de Rutas de Lima de la administración de los peajes en la capital sigue dejando nuevas revelaciones. Esta vez, el foco está en los costos de mantenimiento que la concesionaria reportaba mensualmente y que, según la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), estarían muy lejos de la cifra real.
De acuerdo con el ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, los gastos que hoy asume directamente la comuna representan apenas el 10% de lo que Rutas de Lima declaraba en sus informes. Mientras la empresa señalaba desembolsos cercanos a los S/60 millones mensuales, los cálculos técnicos actuales estiman un gasto aproximado de S/6 millones.
Para el candidato presidencial de Renovación Popular, esta diferencia no es menor y sostiene que la municipalidad debería denunciar penalmente a la concesionaria por presunto fraude administrativo, al considerar que se habrían inflado cifras por servicios que no se prestaban en la magnitud reportada.
Rafael López Aliaga afirmó que los costos actuales de mantenimiento vial son diez veces menores a los reportados por Rutas de Lima.
Un nuevo frente legal
Rutas de Lima, empresa conformada por Odebrecht y su socia canadiense Brookfield, había justificado su retiro de los peajes alegando problemas de liquidez. Sin embargo, las nuevas cifras difundidas por la comuna han reavivado el debate sobre la transparencia del contrato y la veracidad de los reportes financieros presentados durante la concesión.
Desde que la municipalidad asumió la operación y el mantenimiento de las vías, sostiene que ha podido cubrir los servicios esenciales con un presupuesto considerablemente menor, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la gestión previa.
Más allá del cruce de cifras, el caso vuelve a poner bajo la lupa los contratos de concesión vial en Lima y la necesidad de mayor fiscalización. Mientras se evalúan acciones legales y auditorías, la discusión ahora es sobre cuánto costaba realmente mantener las vías y quién deberá responder si se comprueba un sobrecosto sistemático.
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