En un año electoral, la minería enfrenta estancamiento e informalidad. Jimena Sologuren destaca que reglas claras, institucionalidad y diálogo son clave para convertir el potencial minero en desarrollo sostenido.
Por: Luis Mauricio Málaga Fuenzalida
En un escenario político incierto y con elecciones próximas, la minería vuelve al centro del debate por su peso económico, con proyectos por más de US$63.000 millones, y por retos de institucionalidad y formalización. La minería formal enfrenta la urgencia de destrabar inversiones, la presión de la ilegalidad y la necesidad de recuperar confianza.
Jimena Sologuren, Subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Compañía Minera Poderosa y Copresidenta del Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad 2026, plantea una mirada de largo plazo y analiza en entrevista con COSAS los retos del sector y las prioridades que definirán su competitividad.
Jimena Sologuren, copresidenta del GESS 2026. (Créditos: GEC)
En este contexto de incertidumbre política y agenda electoral cercana, ¿qué crees que debería hacer el Estado para que el potencial minero se transforme en inversión efectiva a corto plazo?
El Perú posee una riqueza geológica excepcional y una cartera minera superior a los US$63.000 millones, una oportunidad para generar empleo, desarrollo regional y recursos fiscales, aunque su potencial requiere ejecución efectiva y estabilidad. La coyuntura actual genera incertidumbre, mientras los inversionistas demandan seguridad jurídica, reglas claras y señales coherentes del Estado. También es necesario recuperar la autoridad en el territorio, hoy erosionada por la minería ilegal, que afecta proyectos, daña el ambiente y se vincula a redes criminales. Modernizar la gestión pública con procesos más ágiles y mejor coordinación es indispensable, no para relajar estándares, sino para que el Estado funcione con eficacia y permita una minería moderna y sostenible.
“Es necesario modernizar la gestión pública con procesos más ágiles”.
Respecto a la formalización, ¿qué impacto tiene la extensión del REINFO y qué cambios considera necesarios en el sector?
La formalización minera no admite atajos. El REINFO, concebido como mecanismo transitorio, ha sido distorsionado por prórrogas y flexibilizaciones que permiten prolongar la informalidad, afectando la credibilidad del sistema y generando incertidumbre. Aunque muchos pequeños mineros buscan cumplir estándares laborales y ambientales, el Estado ha postergado decisiones de fondo. Se requiere un proceso con metas claras, plazos definitivos y supervisión efectiva, que distinga a quienes cumplen la ley. En ese marco, la trazabilidad obligatoria de minerales e insumos es clave para cerrar espacios a la ilegalidad.
Hablando de normativa, ¿qué debería incluir la nueva Ley MAPE para diferenciar claramente la minería formal de la ilegal?
La nueva Ley MAPE es una oportunidad para ordenar el sector si fija criterios técnicos claros que distingan a la pequeña minería formal de la ilegal y aseguren sostenibilidad ambiental, empleo digno y generación de recursos. Para ello, la norma debe ser viable y aplicable, evitando vacíos normativos. Asimismo, debe priorizar la trazabilidad, la fiscalización efectiva y el acompañamiento técnico a quienes demuestren una voluntad real de formalización, como base para fortalecer la institucionalidad del sector.
“El Perú posee una riqueza geológica excepcional y una cartera minera superior a los US$63.000 millones”. (Créditos: ANDINA)
Desde tu perspectiva, ¿qué falla en la estrategia del Estado para proteger la minería formal?
Permitir la invasión de operaciones formales vulnera el derecho de propiedad y debilita la confianza en el Estado y su autoridad. Sin estabilidad jurídica no hay proyectos sostenibles, empleo formal ni planificación de largo plazo, y la respuesta no puede ser aislada. Se requiere una estrategia integral con inteligencia, control de insumos, presencia policial sostenida y coordinación con la justicia. La minería formal cumple estándares y el Estado de derecho, y esa legalidad debe ser protegida para que siga generando desarrollo en condiciones seguras.
Y en términos de competitividad e inversión, ¿cómo afecta la minería ilegal al Perú?
La minería ilegal es un desafío estructural por su impacto ambiental, su vínculo con el crimen y el deterioro de la reputación del país. El próximo gobierno deberá enfrentarla con decisión, entendiendo que la estabilidad y la institucionalidad son claves para atraer inversión. En un contexto de alta demanda de cobre, la incertidumbre puede desviar capitales. Combatir la ilegalidad es una decisión estratégica que debe acompañarse de la promoción de proyectos formales, la protección institucional y la seguridad para la inversión y la población.
Mirando hacia el futuro, ¿cuál consideras que debería ser la prioridad del próximo gobierno para asegurar la viabilidad de la minería formal?
El próximo gobierno debe restablecer el principio de autoridad mediante orden territorial, estabilidad normativa y coherencia institucional, condiciones para la viabilidad y competitividad de la minería formal. Con ese marco, el sector puede generar recursos para cerrar brechas sociales, siempre que se acelere el gasto público de forma responsable y los tributos mineros se traduzcan en infraestructura y servicios básicos.
“La nueva Ley MAPE es una oportunidad para ordenar el sector”. (Créditos: COSAS/Eduardo Irujo)
Finalmente, en la reconstrucción del país, ¿qué rol crees que debe tener la minería?
La minería puede ser un motor de la reconstrucción económica y social, al generar recursos, empleo y oportunidades en las regiones que más lo necesitan. La minería formal demuestra que es posible producir con altos estándares e innovación. Con visión de largo plazo, firmeza frente a la ilegalidad y compromiso con el diálogo, el sector puede consolidarse como pieza clave de un Perú más seguro, próspero e inclusivo.
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