Agotada tras los dimes y diretes que se desataron públicamente, la empresaria y madre de Sol Florez-Estrada emite una carta pública en la que desmiente el “falso activismo” de su exyerno, aclara la naturaleza privada del acceso a la playa que él reclama, y revela que sus nietos no reciben manutención.

Por: Redacción COSAS

Carta a la opinión pública,

Me dirijo a ustedes y a la opinión pública para precisar la verdad tras las recientes publicaciones del señor Rafael Grisolle. Como madre y abuela, mi prioridad es proteger la integridad de mi familia y evitar que una situación estrictamente privada sea utilizada para confundir a la opinión pública bajo una falsa narrativa de bien común.

El señor Grisolle ha sido parte de nuestra familia por 16 años. Tras su separación de mi hija, Sol Florez-Estrada, ella se vio obligada a trasladarse a Lima con sus hijos. Desde entonces, el sustento de mis nietos ha recaído en nosotros, sus abuelos, mientras el señor Grisolle gestiona y percibe la totalidad de los ingresos del hotel que construyó junto a mi hija, sin cumplir con sus responsabilidades alimentarias ni de salud hacia los menores.

Sobre la controversia del acceso a la playa, es necesario aclarar:

  1. Naturaleza del acceso: No se trata de un pasaje público. Es un tránsito a través de la propiedad privada de mi hija Paloma Florez-Estrada (en primera fila). Por apoyo familiar, se permitió que los huéspedes del hotel de Sol (en segunda fila) cruzaran por su casa. Al romperse la armonía y ante el incumplimiento de las obligaciones del señor Grisolle, mi hija decidió, en ejercicio de su derecho de propiedad, cerrar ese paso privado el pasado 2 de febrero.
  2. Falso activismo: Rechazamos contundentemente la apropiación de espacios públicos, una problemática real en nuestro país. Sin embargo, resulta evidente que la supuesta «lucha» del señor Grisolle es reciente y reactiva. Basta revisar sus propias redes sociales para notar que este «activismo» surgió solo después de que se le restringiera el paso por nuestra propiedad privada. No estamos ante una causa social, sino ante una respuesta ante la pérdida de un privilegio logístico que beneficiaba sus intereses económicos.
  3. Antecedentes: Es contradictorio que se nos acuse de bloquear accesos cuando existe un fallo judicial firme de siete años contra la familia del señor Grisolle, quienes sí fueron obligados por el Estado a retirar rejas y candados que obstruían una quebrada de dominio público colindante a su propiedad.

Lamentamos que programas de televisión y redes sociales se hayan prestado para difundir acusaciones sin verificar la naturaleza registral del predio. No permitiremos que se use la difamación para encubrir conflictos de índole personal y económica, y mucho menos que se exponga la tranquilidad de mis nietos, cuya privacidad es para nosotros innegociable.

Atentamente,

Cristina Gallo.

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