La iniciativa, respaldada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, busca que las instituciones católicas retiren su apoyo financiero a la industria extractiva bajo argumentos éticos y ambientales.
Por: Luis Mauricio Málaga Fuenzalida
La Santa Sede presentó este viernes una nueva plataforma internacional diseñada para promover la desinversión en la industria minera a nivel global. El proyecto, impulsado por la red ecuménica Iglesias y Minería y con el soporte técnico de más de 40 organizaciones internacionales, fue anunciado en una conferencia de prensa en la Ciudad del Vaticano.
Según los portavoces, el objetivo es alcanzar una “coherencia ética” en las finanzas eclesiales, retirando capitales de actividades que consideran perjudiciales para las comunidades locales y los ecosistemas, en concordancia con las directrices de la encíclica Laudato Si’.
Postura oficial
Aunque la plataforma cuenta con el respaldo del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, organismo vaticano encargado de la agenda social y ambiental, la iniciativa no constituye un mandato dogmático para toda la Iglesia Católica, sino una herramienta de orientación para inversiones éticas. El proyecto se basa en documentos como Mensuram Bonam, que provee criterios para que las instituciones religiosas gestionen su patrimonio de forma socialmente responsable.
Dentro de la estructura eclesial, el sector que lidera esta propuesta está compuesto principalmente por misiones de frontera y redes de pastoral social. El cardenal Fabio Baggio, subsecretario del mencionado Dicasterio, ha sido el encargado de institucionalizar esta visión, vinculando la moral cristiana con la toma de decisiones en los mercados financieros.
Sin embargo, la estrategia de desinversión genera un debate interno con otros sectores de la Iglesia que defienden la minería responsable como fuente de recursos para el desarrollo estatal y la propia labor de asistencia de la Iglesia en regiones vulnerables.
El cardenal Fabio Baggio, del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, participó en la presentación de la plataforma que impulsa la desinversión en minería desde criterios éticos y sociales. (Créditos: Caritas Roma)
Los rostros de la plataforma
La narrativa de la jornada fue elevada a términos de confrontación ética por el obispo brasileño Vicente Ferreira, asesor de la red Iglesias y Minería. Ferreira, un obispo redentorista con una trayectoria marcada por el activismo en zonas de conflicto ambiental, fue tajante al calificar la participación financiera en minería como un «pecado» contra la creación.
En su intervención, denunció el surgimiento de un «capitalismo verde» que, a su juicio, mantiene estructuras de neocolonialismo en el Sur global, abogando por un paradigma basado en la agroecología y la «transición ecosocial».
Esta postura de cuestionamiento a la legalidad vigente fue reforzada por el cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini, reconocido por su rol mediador en conflictos extractivos en Centroamérica. Ramazzini lanzó una premisa que impacta directamente en la seguridad jurídica de los proyectos: “no todo lo legal es justo”.
Al subrayar que la legitimidad moral debe estar por encima de los permisos estatales, la plataforma sitúa a la Iglesia en una posición de supervisora ética de las leyes nacionales. Por su parte, el misionero comboniano Dario Bossi, articulador operativo de la red, explicó que la desinversión es necesaria porque las empresas mineras están profundamente conectadas con el sistema financiero internacional, lo que impediría reformas efectivas desde el interior de las compañías.
La red Iglesias y Minería, respaldada por sectores del Vaticano, impulsa la desinversión en minería con más de 40 instituciones, en una línea que no representa una postura oficial obligatoria.
Activismo indigenista en la Santa Sede
Una de las voces principales de la sociedad civil en este encuentro fue la de Yolanda Flores, integrante de la asociación DHUMA (Derechos Humanos y Medio Ambiente) en la región de Puno, Perú. Flores ha pasado de ser una dirigente comunitaria local a una figura con proyección internacional, actuando como el vínculo entre las comunidades del Altiplano y las redes de incidencia en Europa.
Su perfil es el de una líder política que articula demandas de derechos indígenas con el discurso ambientalista global, enfocándose especialmente en la protección de recursos estratégicos como el litio.
La participación de Flores en la Sala de Prensa del Vaticano otorga una dimensión territorial a la plataforma. Al representar a un sector que cuestiona la minería formal en el sur peruano, su presencia vincula las decisiones financieras de la Iglesia con las resistencias locales en el corredor minero.
Flores simboliza la transición del activismo de base hacia una «diplomacia eclesial», donde el testimonio del sufrimiento comunitario se utiliza para presionar a los fondos de inversión globales desde el corazón de la Santa Sede.
La dirigente puneña Yolanda Flores, de la ONG DHUMA (Derechos Humanos y Medio Ambiente), traslada al Vaticano el activismo contra la minería formal. (Créditos: www.religionnews.com)
¿Doctrina Social o activismo político?
No obstante, la consolidación de esta plataforma ha despertado críticas significativas respecto a la frontera entre la denuncia moral y la adopción de agendas políticas concretas. Analistas y sectores eclesiásticos críticos señalan que el énfasis en conceptos como “territorios martirizados” o “resistencia al modelo extractivista” refleja una retórica que se aleja de la Doctrina Social de la Iglesia tradicional para alinearse con movimientos sociales y ambientales de corte radical.
Esta estrategia plantea interrogantes sobre el papel de la Iglesia en la economía global. La crítica principal apunta a que la Santa Sede podría estar asumiendo posiciones que sobrepasan su competencia técnica, asimilando un lenguaje utilizado históricamente por campañas políticas contra los combustibles fósiles o el comercio de armas.
El riesgo advertido es que la Iglesia pierda su rol de mediadora neutral en conflictos sociales al adoptar una postura de confrontación directa con un sector económico específico, lo que podría interpretarse como una instrumentalización de la fe en favor de visiones ideológicas particulares.
Impacto en el Perú
Para el Perú, país católico, la implementación de esta plataforma plantea interrogantes adicionales. Mientras la iniciativa vaticana se enfoca en las multinacionales formales (que son las que cotizan en bolsa y pueden ser objeto de desinversión), el documento presentado no detalla acciones concretas contra la minería ilegal.
En regiones como Puno, esta actividad es la principal responsable de la contaminación por mercurio y de graves problemas de seguridad. Al carecer de vínculos con el sistema financiero formal, la minería ilegal queda fuera del alcance de esta nueva herramienta de presión ética, dejando un vacío en la estrategia de protección de la «Casa Común» en el territorio peruano.
Suscríbase aquí a la edición impresa y sea parte de Club COSAS.
