Con cárceles sobrepobladas y sin recursos, el sistema carcelario enfrenta su límite. Nuevos enfoques de gestión podrían ofrecer soluciones reales frente a la crisis penitenciaria.
Por: Rollin Thorne Davenport (*)
Hace algunos días, un interno logró fugarse del penal de Lurigancho, una de las cárceles más hacinadas y problemáticas del país. La escena, grabada por vecinos, muestra al reo escalando una malla de seguridad y saltando un muro de tres metros. El hecho provocó la inmediata remoción del director del penal y evidenció, una vez más, las profundas deficiencias estructurales del sistema penitenciario peruano. No se trata de un caso aislado, sino de un síntoma alarmante de un modelo de gestión que hace tiempo llegó a su límite. Esta fuga no solo representa una falla de seguridad, sino también el fracaso del Estado en garantizar el orden, el control y la rehabilitación dentro de los centros penitenciarios.
«Las fugas y el control de pabellones por organizaciones criminales son comunes en el sistema penitenciario».
En abril, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció que prepara un decreto de urgencia para privatizar la seguridad en los penales.
El sistema penitenciario peruano sufre desde hace décadas una combinación de abandono institucional, sobrepoblación y escasez de recursos humanos y tecnológicos. Las cifras son inquietantes: las cárceles del Perú albergan a más del doble de su capacidad instalada, y muchos internos conviven en condiciones de hacinamiento extremo, sin acceso adecuado a servicios básicos ni a programas reales de reinserción social. A esto se suma una grave falta de personal capacitado e infraestructura que, en muchos casos, no solo es obsoleta, sino también insuficiente para garantizar niveles mínimos de seguridad. En este escenario, las fugas, la corrupción y el control de pabellones por parte de organizaciones criminales son casi inevitables.
Frente a esta preocupante realidad, es necesario abrir el debate sobre nuevos enfoques de gestión que permitan modernizar el sistema penitenciario. Existen mecanismos eficientes que ya han dado buenos resultados en otros sectores del país, como la infraestructura vial, la salud y la educación. Aprovechar la capacidad de ejecución, la experiencia técnica y los estándares de eficiencia del sector privado puede representar una solución viable y eficaz. Incorporar herramientas como las APP y Obras por Impuestos en la construcción y administración de establecimientos penitenciarios no significa renunciar a la fiscalización estatal, sino complementar con modelos de gestión orientados a resultados con altos niveles de supervisión y transparencia.
“Es momento de asumir que el sistema penitenciario necesita más que parches. Requiere una transformación profunda”.
Además, la posibilidad de contar con penales modernos, adecuadamente diseñados y operados bajo estándares más exigentes no solo puede contribuir a resolver el hacinamiento, sino también a mejorar las condiciones de vida y trabajo dentro de estos espacios. Esto es crucial no solo para los internos, sino también para el personal penitenciario que actualmente trabaja en condiciones de riesgo y precariedad. Con nuevas instalaciones y una mejor gestión, también se podría reducir el nivel de violencia interna, prevenir actividades ilícitas llevadas a cabo desde las cárceles y ofrecer programas de rehabilitación más eficaces, que representen realmente una segunda oportunidad a quienes cumplan con la ley.
Es momento de asumir que el sistema penitenciario necesita más que parches. Requiere una transformación profunda que no se logrará únicamente con declaratorias de estado de emergencia, sino con un enfoque distinto que articule esfuerzos públicos y privados. La fuga del penal de Lurigancho debe ser el punto de quiebre que impulse una reforma seria y decidida, no solo para evitar que hechos similares se repitan, sino para construir un sistema penitenciario más eficiente y seguro para todos.
* Asesor parlamentario en el Congreso de la República.
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