Al involucrar a su primer ministro Arana en el caso PPK, la presidenta Dina Boluarte olvida que ella podría ser la próxima expresidenta injustamente retenida. 

Por Isabel Miró Quesada

El affaire PPK se ha convertido en una persecución peligrosa. No solo para la salud del expresidente, que espera kafkianamente una acusación que aún no llega ni siquiera a juicio. También es una amenaza para la salud de la democracia peruana, que corre el riesgo de perderse.

El último fin de semana, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se aprestaba a tomar un vuelo rumbo a Estados Unidos, pues no tenía impedimento judicial alguno para salir de territorio peruano. Sin embargo, súbitamente no le permitieron abordar su nave debido a una alerta migratoria que figuraba en los registros de Migraciones.

Este impasse se produjo luego de una sucesión de decisiones administrativas y políticas que, según diversos abogados constitucionalistas y penalistas, serían arbitrarias e inconstitucionales. Si el exmandatario no tenía una orden que le prohibiera salir del país, la alerta no procedía no tenía lógica. Por ley, una alerta sólo corresponde cuando la seguridad nacional se encuentra en riesgo. No era el caso ante el viaje de un octogenario expresidente que necesita una intervención médica.

Fiscalía impidió a PPK salir del país. Expresidente fue intervenido en migraciones del aeropuerto.

El abogado de PPK, Julio Midolo, ha cuestionado la decisión del premier Eduardo Arana de llamar a las presidentas de la Corte Suprema y de la Corte Superior de Lima para avisarles que el pasajero presidencial no tenía una orden de restricción vigente. En buena cuenta, ejerció presión política para solicitar que se dictara de una vez la orden restrictiva.

La mano de Arana provocó que no se le permita subir al avión, lo que desencadenó que se adelantara para el domingo pasado la audiencia donde se evaluaría el pedido fiscal para prorrogar el impedimento de salida.

Esta es una inaceptable intromisión política del Poder Ejecutivo en los principios de autonomía e imparcialidad que deberían regir en la justicia peruana.

El premier Arana, exministro de Justicia, nada menos, no solo es el hombre más cercano a Dina Boluarte del gabinete. También es un personaje clave en la composición de la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia). Ni bien asumió el cargo, despidió al general Max Anhuamán y colocó al cuestionado Alejandro Oviedo como nueva cabeza de la DINI. No es casual. Arana fue el promotor de la franja informativa presidencial, iniciativa autoritaria que buscaba un bloque gobiernista en los medios de comunicación, al mejor estilo chavista. Y fue también Arana quien hizo correr la ‘bola’ de la pena de muerte, especie soltada por la presidenta hace unos meses. Arana, quien en ese entonces era Ministro de Justicia, inauguró los debates regionales descentralizados sobre la pena de muerte en todo el país. Un evidente circo distractor que no llegaría a nada.

Con esos antecedentes, queda claro que el primer ministro busca un elemento distractor. Y nada mejor que la andanada de prisiones preventivas presidenciales, como ya es tendencia en este clima de varios años de lawfare y judicialización de la política peruana. La politización de los procesos judiciales que siguen los expresidentes peruanos ya es la cortina de humo más demandada por todos los presidentes en ejercicio, desde Martín Vizcarra en adelante. Pero el propio Vizcarra y otros personajes como José Domingo Pérez ya han constatado que azuzar el ánimo anticorrupción y atizar el fuego de la indignación ciudadana puede terminar quemándolos. Y esa marejada de furia antipolítica sin duda influirá en las próximas elecciones presidenciales que ya fueron convocadas.

Ya el Tribunal Constitucional ha advertido sobre los vicios en los procesos del propio José Domingo Pérez, lo que se trajo abajo el Caso Cocteles por una lista de arbitrariedades, abusos y conflictos de interés.

A eso hay que sumarle la evidente vulneración de los derechos humanos que ya han alertado algunos juristas. El exabogado de PPK, César Nakazaki, ya explicó que las medidas preventivas no deben mermar la salud del investigado, y que el propio PPK «sufre arbitrariedades judiciales». «El Estado peruano quiere que PPK muera aquí con sus juicios», dijo el letrado.

Se podría precisar que es el actual gobierno peruano, y no el Estado, el que quiere que PPK muera en pleno «secuestro administrativo» y aún sin juicio. La presidenta Dina Boluarte debería verse en el espejo de la historia. Especialmente en casos de descarada politización de la justicia, como fue el episodio con Augusto B Leguía, expresidente que murió en prisión y sin condena, tras un juicio escandalosamente politizado. O en el mismo caso de PPK, que refleja una persecución judicial que muy probablemente el próximo gobierno hará contra la entonces expresidenta Boluarte. Recordemos que en el Perú, la historia siempre se repite como tragedia.

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