El caso de Petroperú es análogo al de la dictadura de Nicolás Maduro. Mientras el sufrimiento y el costo económico sea de otros, todo vale a la hora de sostener artificialmente un modelo económico trasnochado. A tomarlo en cuenta a la hora de votar este 2026.

Por: Isabel Miró Quesada*

El panorama político peruano de cara a las elecciones de 2026 se encuentra en una encrucijada definitiva que nos otorga mucha claridad a los votantes. Los recientes eventos en la región y las decisiones económicas internas han obligado a los candidatos a tomar posturas que los revelan: quién quiere la prosperidad de nuestro país y quién antepone la ideología a la viabilidad del Estado y a la dignidad humana.

Lo ocurrido ayer en Caracas, con la captura y salida de Nicolás Maduro tras una operación de fuerzas estadounidenses, marca el fin de un ciclo de destrucción. Sin embargo, en el Perú, un sector que hoy aspira a gobernarnos ha mantenido una complicidad conveniente o una defensa abierta hacia ese tirano régimen de socialismo del siglo XXI.

posiciones frente a la crisis venezolana, la captura de Nicolás Maduro y la reestructuración de Petroperú, entre ideología, soberanía y viabilidad económica.

Es la misma izquierda que hoy se escandaliza por la «intervención externa», pero que durante años guardó silencio frente a la catástrofe humanitaria que expulsó a millones de venezolanos. La «insensibilidad» no es solo una falta de empatía; es una postura política que valida la opresión siempre que el opresor use la retórica del socialismo.

Paralelamente, en el Perú, vivimos el inicio de la reestructuración de Petroperú, una pieza de antigüedad heredada de nuestra era socialista. A partir del 1 de enero de 2026, ProInversión ha tomado el mando de una empresa que ha dilapidado miles de millones de dólares del tesoro público en nombre de un modelo económico caduco. Mientras sectores de izquierda defienden su «estatismo» como una cuestión de soberanía nacional, la realidad técnica es devastadora. Y las pérdidas acumuladas son cuantiosas (superan los S/. 1,600 millones al cierre de 2025).

Para el sector radical peruano -escuchen las protestas de López Chau, Lescano, Atencio, Cerrón, Guevara, Sánchez, (Mario) Vizcarra,- la privatización o la gestión eficiente por terceros es un «sacrilegio». Prefieren que el Estado siga quemando recursos que debería usar para construir hospitales y colegios.

La incompatibilidad de estas posturas con un Perú próspero es evidente. No se puede construir un futuro sólido sobre la base de la defensa de dictaduras externas y la gestión deficiente de los recursos internos.

El caso de Petroperú es análogo al de la dictadura de Nicolás Maduro. Mientras el sufrimiento sea del otro, todo vale a la hora de sostener artificialmente un modelo económico trasnochado. Salvo el poder todo es ilusión.

Porque no es un tema de mal manejo o mala coyuntura internacional. Es un problema intrínseco al modelo económico socialista. Como bien señaló el ajedrecista Gary Kasparov: «Venezuela no es lo que sucede cuando el socialismo falla; es lo que sucede cuando el socialismo tiene éxito».

Parafraseando esta dura realidad al contexto peruano: Petroperú no es el resultado de una mala gestión estatal; es el resultado inevitable de la aplicación exitosa del modelo de control público que la izquierda busca imponer en todo el país.

Si en las próximas elecciones presidenciales y congresales permitimos que estas ideas retomen el mando, el «éxito» de ese modelo no será la prosperidad, sino la réplica de la tragedia venezolana en suelo peruano. La elección no es solo entre decenas de candidatos: es entre dos formas de comprender la economía y la política. Entre la racionalidad económica y el abismo ideológico.

(*) Editora general de la revista COSAS.

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