Al prohibir el financiamiento privado de partidos, la coalición vizcarrista fomentó el faenón de la franja electoral y la intromisión de la minería ilegal
Por: Isabel Miró Quesada*
Pocos han recordado que Martín Vizcarra promovió el financiamiento público de partidos, a la vez que eliminó el financiamiento privado.
El entonces presidente, subiéndose a la ola del caso Odebrecht, aprovechó la animadversión de los peruanos y mediante un referéndum nefasto modificó “el artículo 35 de la Constitución que regula la financiación de las organizaciones políticas”. De esta manera, limitó el financiamiento de las campañas de candidatos por parte de entidades privadas. Y arrasó con la clase política de entonces.
Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez hicieron el resto, humillando a la poca clase empresarial que osó meterse en política con procesos kafkianos que no arribaron a nada. El ejemplo clásico fue el Caso Cócteles, donde procesaron a empresarios y líderes de la Confiep hasta casi destruir sus vidas públicas (el caso de Ricardo Briceño fue particularmente emblemático).
La narrativa antiempresa privada marcó todos esos años. En respuesta, la reforma promovida por Vizcarra, Fernando Tuesta y Salvador del Solar terminó por entregarle las arcas del Estado a los partidos. El financiamiento público se vendió como la panacea, con los resultados que hoy vemos en la franja electoral. Y con el agravante de que ahora los partidos abusan del dinero de todos los peruanos y no solo del de algunas empresas.
Pero eso no es lo peor. La tragedia es que, al satanizar a los empresarios, se ha empujado a los partidos políticos hacia las economías ilegales. Por eso tantos partidos tienen candidatos financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Y ahí sí que no hay fiscales ni jueces que se atrevan a investigarlos.
(*) Editora general de la revista COSAS.
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