Lo peor que les puede pasar a quienes aspiran hoy a los poderes presidencial y legislativo, y de paso lo peor que le puede pasar al Perú, es que todos terminen cayendo en una pérdida total de sentido de futuro
Por: Juan Paredes Castro
Mientras la coyuntura política, cargada de visiones, miedos y reclamos de urgencia, sale de un debate de candidatos presidenciales más prometedor que convincente, para entrar de lleno en las vísperas electorales reales y efectivas, prevalece, en el otro lado del telón de fondo del país, una realidad que nadie parece ver y entender.
Muchas de las propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana, convertida ahora en inseguridad nacional, coinciden en la necesidad de una autoridad integral que comprometa, en algo así como en un comando unificado, al Gobierno, al Congreso, al Ministerio Público y al Poder Judicial.
Sin embargo , resulta ausente de toda preocupación central la más mínima propuesta de fuerza orientada a reestructurar profundamente esos cuatro poderes claves para que precisamente puedan servir eficazmente en la guerra contra el crimen organizado. Es absolutamente aventurado pretender declararle desde ahora, y en campaña electoral, una guerra frontal a la delincuencia criminal en tanto no hemos hecho nada ni pensamos hacer nada por mejorar y modernizar las instituciones que supuestamente tendrían que encabezar esa cruzada.
Muy sueltos de huesos los candidatos presidenciales recrean escenarios de combate, condenas que van desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte y cárceles bajo modelos escalofriantes como los de El Salvador y Singapur.
La permanente inestabilidad política afecta la figura presidencial.
Olvidan que ni el Gobierno con sus ministerios del Interior y Defensa ni el Ministerio Público con su estructura de fiscales aparentemente más preparados para la persecución política que para la persecución criminal ni el Poder Judicial alejado de una carga procesal acumulada de espanto, constituyen una fuente de confianza para una sociedad peruana que va acostumbrándose, horrorosamente, a vivir entre el miedo y la incertidumbre de cada día.
Como si no se hubiera aprendido nada de las grandes decepciones de las cruzadas anticorrupción en las campañas electorales de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán y Pedro Castillo, no ha faltado —ni va a faltar— en la actual competencia por el poder, en primera y segunda vuelta, la promesa, al unísono, de que nadie, en el futuro inmediato o lejano, podrá robarle un sol al Estado.
La realidad más clara que el agua es que los mecanismos ad hoc del Estado, desde los controles de abajo hasta los controles de arriba, como la Contraloría General de la República, en la lucha contra la corrupción, sencillamente no funcionan, porque estos mismos mecanismos, en su desarticulación e ineficacia, generan impunidad, esto es, el bloqueo total de toda persecución administrativa del delito a través de concursos, contratos, concesiones y otras modalidades de servicio y negociación.
Así las cosas, si en la lucha contra el crimen no tenemos institucionalidad, si en la lucha contra la corrupción tampoco, y peor aún en la lucha por desburocratizar el Estado (en la que la propuesta solitaria de Rafael López Aliaga necesita también de un Congreso comprometido en la reducción de ministerios), el reclamo de institucionalidad adquiere proporciones dramáticas cuando nos encontramos con el triste espectáculos de que las infraestructuras de Educación, Salud y Seguridad (llámense comisarías) se caen a pedazos. Y si a ello añadimos el déficit creciente en infraestructuras mayores en inversión como carreteras, puertos, aeropuertos, represas y centrales eléctricas, la desgracia de inmovilización del país se vuelve total.
Exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, postula a la presidencia. (Créditos: ANDINA)
Este es en suma el otro lado del telón de fondo que acompaña oculto a ese otro telón de fondo que es la idiosincrasia politica peruana del caudillismo y casiquismo que igualmente colisiona con los esfuerzos que no faltan en partidos y liderazgos por construir una institucionalidad democrática transversal, capaz de mirar el mediano y largo plazo, cosa que no está, lamentablemente, en la agenda de urgencia de la actual campaña electoral.
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