La llegada de miles de venezolanos a diversos países de Sudamérica ha generado preocupaciones económicas y de seguridad, así como reacciones xenófobas. Pero los efectos de este desplazamiento son más complejos y protagonizan el debate político internacional, pese a que las naciones de la región no han conseguido aún tomar medidas conjuntas para atender esta emergencia.
Por Carlos Meléndez
La crisis migratoria venezolana es un fenómeno inédito en Sudamérica. Desde 2014, más de dos millones de venezolanos conforman el mayor éxodo que se haya visto en la región. No solo los países limítrofes con Venezuela –Brasil y Colombia– se han transformado en destinos urgentes, sino también otros países del vecindario, como Perú, Ecuador y Chile. La afectación económica –el ingreso de fuerza laboral más barata en economías marcadas por la informalidad– ha generado, en los países receptores, reacciones xenófobas de parte de los sectores sociales más vulnerables y, obviamente, también entre los más conservadores.
Evo Morales (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua), Raúl Castro (Cuba) y Nicolás Maduro (Venezuela). Los países que gobiernan integran el bloque del ALBA.
Los efectos de esta riada son muy complejos, porque implican también un trasfondo político. El desplazamiento masivo de venezolanos se origina en la catástrofe económica del “Socialismo del siglo XXI” que instauró Hugo Chávez y que ha sido continuada por Nicolás Maduro. El otrora poder petrolero ha sucumbido ante decisiones de consecuencias nefastas para su economía y su democracia. Y esta crisis ha generado un efecto dominó en la izquierda latinoamericana prohijada por el hoy decadente eje del ALBA.
Por un lado, la izquierda regional ha envuelto su reputación con la perversidad del autoritarismo. Al fallido modelo chavista, se le suman los abusos y crímenes cometidos en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega. En Bolivia, Evo Morales insiste en una nueva reelección en contra de las reglas establecidas por su propia administración. El cambio presidencial en Cuba –Miguel Díaz Canel reemplazó en funciones pero no en poder a Raúl Castro– no ha conducido a una apertura real de la isla. Por otro lado, el dominio de la derecha en Chile, Colombia, Brasil y Argentina, el debilitamiento del correísmo en Ecuador, y el endurecimiento de las políticas fronterizas y migratorias en Estados Unidos bajo la administración Trump han producido un escenario geopolítico en el que la inmigración se ha puesto en el centro del debate internacional. Si usted cree que la llegada masiva de venezolanos a nuestro país se trata solo de un asunto migratorio, olvida la complejidad de la política latinoamericana.
Por todos los motivos expuestos, la agenda internacional del continente entero se ha alterado. No hay encuentro entre representaciones diplomáticas, ni siquiera reuniones bilaterales, que no aborden directa o indirectamente medidas conjuntas a tomar para atender esta emergencia migratoria. La Cancillería peruana –una de las islas de eficiencia de nuestro Estado– se ha puesto a la altura de la complejidad y ha diseñado un conjunto de medidas para atender un asunto tan peliagudo, tomando como base una combinación de solidaridad humanitaria, respeto de principios democráticos y defensa de la integridad nacional.
El origen autoritario dela crisis migratoria
La política internacional de Torre Tagle frente a Venezuela ha consistido en mantener un rol “activo y vigilante” respecto al restablecimiento del orden democrático y de la atención a la crisis humanitaria producida por el éxodo. Así lo hizo saber el propio ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, en la 45° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizada en junio pasado.
La propia Cancillería peruana entiende el origen de la diáspora venezolana en el daño causado a la institucionalidad democrática y al respeto de los derechos humanos. Estas son las “razones de fondo”, manifestadas por el Consejo Permanente de la OEA, hace una semana, en un informe que fue secundado por nuestros representantes diplomáticos.
Unos 437 mil venezolanos radican actualmente en el Perú, según la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Fue nuestro país uno de los promotores de asociar la crisis migratoria al perjuicio causado a la institucionalidad democrática en Venezuela. En la asamblea de la OEA referida, Perú, conjuntamente con Brasil, Canadá, Estados Unidos y México, presentaron una resolución, aprobada por el foro indicado, para aplicar a Venezuela “los mecanismos para la preservación y defensa de la democracia” previstos según la Carta Democrática Interamericana. El impacto del acuerdo fue tal que no solo se cuestionó la limpieza de las elecciones generales adelantadas arbitrariamente por el gobierno de Maduro, calificadas como “faltas de legitimidad”; sino que también invocó a dicha administración a permitir el ingreso de ayuda humanitaria e instó a tomar medidas de vigilancia epidemiológica.
En base a estos antecedentes, existen las condiciones para llevar al gobierno venezolano a la Corte Penal Internacional. En una entrevista al canciller Popolizio publicada el 31 de julio en “El Comercio”, este señaló que informes de violaciones a los derechos humanos en Venezuela (incluyendo ejecuciones extrajudiciales) y pronunciamientos de Naciones Unidas constituyen premisas para al menos iniciar una investigación preliminar sobre el caso venezolano. En ese sentido, nuestro país viene desarrollando un rol articulador para denunciar al régimen de Maduro.
En busca de refugio
El señalamiento autoritario y la denuncia de crímenes contra los derechos humanos cometidos por el actual gobierno venezolano son claves. No solo para entender las razones de la inmigración, sino también para señalar el estatus de quienes buscan acogida. Muchos de los trashumantes llaneros no escapan solo de una crisis económica, sino también de una dictadura que los persigue. Desde 2015, ciento veinte mil venezolanos (una cuarta parte del total de ingresantes venezolanos al país) han realizado el trámite para ser recibidos en suelo peruano como “refugiados”. La Comisión Especial de Refugiados de la Cancillería ha venido evaluando los casos y, si bien es cierto que la gran mayoría no califica como “perseguido político”, al menos hay cien que sí. La colaboración y coordinación con Acnur –la agencia de Naciones Unidas para refugiados– ha sido fundamental para atender a esta población especial.
Según Acnur, una persona califica como “refugiado” si se ha visto obligada a huir de su lugar de residencia, ya sea por conflicto o por persecución. Se trata de una población cuyas vidas y libertades corren riesgo, y que en muchos casos ni siquiera tuvieron tiempo de llevar una maleta consigo. Dentro del conjunto de inmigrantes, son los más vulnerables. Por eso, cuando un refugiado ingresa al país en calidad de tal, requiere una atención especial. Cancillería, en coordinación con organizaciones eclesiales como Cáritas y la Conferencia Episcopal Peruana, ha logrado ubicar a estas víctimas en albergues y darles un tránsito inicial para favorecer su integración a la sociedad peruana.
Solo 190 venezolanos han retornado del Perú a su país a través del programa “De vuelta a la patria”.
Medidas de seguridad
El desborde de las fronteras sudamericanas producto de la diáspora venezolana también causó alertas sobre las medidas de seguridad a tomar para evitar que criminales y personas buscadas por la justicia –en sus países de origen o a nivel internacional– se infiltren dentro del éxodo inmigrante. Los documentos nacionales de identidad venezolanos (cédula de identidad) no guardan medidas exigentes en su confección, por lo que es de fácil falsificación. En un contexto de tránsito fluido entre fronteras, resultaba de alto riesgo mantener el ingreso de personas empleando este documento. Además, según estadísticas, solo el 20% de la población de inmigrantes llaneros ingresaban al país presentando su documento básico de identidad.
Es bajo este contexto que las autoridades peruanas decidieron establecer como requisitos para los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al país, portar únicamente pasaporte. Estas medidas se hicieron en concordancia con los preceptos de orden, seguridad y control establecidos por Naciones Unidas en contextos de olas migratorias. Otras políticas de solidaridad respecto al inmigrante venezolano se mantuvieron estables, como, por ejemplo, el otorgamiento de Permisos Temporales de Permanencia (PTP), del cual se benefician alrededor de setenta mil venezolanos, de un total de cuatrocientos mil aproximadamente.
La diplomacia de las personas
La política del Estado peruano respecto a la democracia en el continente y la crisis migratoria venezolana se ha mantenido coherente en medio de los cambios de gobiernos y de la polarización política, incluso a pesar de haber afectado al propio Ejecutivo. Como en reiteradas oportunidades, la Cancillería peruana demuestra que su afamada eficiencia no solo se despliega cuando aborda tratados internacionales limítrofes o acuerdos para promover intercambios financieros y económicos. El éxodo migratorio venezolano ha remecido la política internacional de todos los países del continente, precisamente por su complejidad. La concepción integral del fenómeno de parte de Relaciones Exteriores –que ha asociado correctamente dictadura, hecatombe económica y diáspora por sobrevivencia–, ha permitido tomar decisiones acertadas frente a la situación de emergencia.
La ola de venezolanos continuará desplazándose por el continente, incluidas nuestras principales ciudades. Ante esa situación, hace falta hacer gala de otra diplomacia, aquella referida a nuestros modales cotidianos y a la solidaridad más humana y sensible. Los brotes xenófobos son una muestra más de que las políticas de nuestra Cancillería son insuficientes si nuestras voluntades personales no acompañan con apoyo y aprecio al hermano latinoamericano en su momento más crítico. Es tiempo de demostrar que la prestigiosa diplomacia nacional se extiende a todos sus ciudadanos.
