El peso que el gobierno soporta hoy sobre sus hombros es demasiado grande para los primeros siete meses que lleva en el ejercicio del poder. Esto se ve revelado no solo en el descenso constante de la aprobación presidencial en las encuestas, sino en los evidentes signos de fatiga prematura que expresa el gabinete ministerial encabezado por Fernando Zavala, que tiene todavía cuatro años y cinco meses de trabajo por cumplir, y que antes de julio quizás tendrá que oxigenar y remozar sus filas.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski tendrá que implementar estratégicos ejes direccionales y poderosas anclas
de confianza pública.

No es un momento propiamente de crisis, pese al golpe político que significa que tres administraciones gubernamentales (Toledo, García y Humala) estén comprometidas en los sobornos de Odebrecht. Tampoco es un momento de incertidumbre, pese a la dificultad del gobierno por poner un rumbo más claro a sus planes y acciones. Pero sí es un momento de prematura fatiga, que obliga al presidente Pedro Pablo Kuczynski y a sus ministros a tener que transitar por una cuerda bien templada, razonablemente centrada en las acciones de gobierno y lo suficientemente alejada de la cuerda floja, que lo lleva directamente al embrollo propio y a aquel otro donde habita el cotidiano circo político, capaz de envolverlo todo, desde las debilidades presidenciales hasta las investigaciones  fiscales y judiciales del caso Odebrecht.

El gran esfuerzo que tiene que hacer el gobierno de Kuczynski es el de colocar una agenda política con estratégicos ejes direccionales (a dónde y cómo vamos) y poderosas anclas de confianza pública para no ser movida ni menos zarandeada por la agresiva agenda de las investigaciones fiscales de los casos Odebrecht, Interocénicas y Gasoducto Sur Peruano.

El breve gobierno de transición de Valentín Paniagua empoderó una Procuraduría Ad Hoc que hoy brilla por su ausencia.

La extradición del ex presidente Alejandro Toledo, la comparecencia de sus homólogos Alan García (recién llegado a Lima) y Ollanta Humala, de la ex primera dama Nadine Heredia, y el encausamiento de otras personalidades, seguidas de la posible variación de sus condiciones de testigos a investigados, forman el potente poder de fuego fiscal y judicial que podría resquebrajar gravemente los frágiles muros de la política peruana y la institucionalidad democrática.

Kuczynski tiene que entender de una vez por todas que el gran salto adelante de su gobierno, desde la línea crítica de su actual estado de fatiga, no radica en mensajes a la nación que prometan una autoridad implacable contra los corruptos, ni en imprevistos viajes al interior o exterior, como el anunciado a Washington en busca de un apretón de manos con un impopular Donald Trump, ni en las vueltas que pueda darse por algunos pasos de huaicos y puentes colapsados sobre quebradas en las que el gobierno sigue consintiendo la habitabilidad de millares de familias.

Verónika Mendoza, ex candidata presidencial del Frente Amplio, incentivó la realización de una marcha anticorrupción.

Solo una agenda política gubernamental bien puesta sobre la mesa y enérgicamente insertada en la opinión pública, con un buen sentido de la comunicación, puede representar el salto adelante que el país necesita en su conducción.

Próximos pasos

 El papel de este gobierno en la lucha anticorrupción, y concretamente frente al caso Odebrecht, no será claro ni convincente en tanto las acciones no acompañen a las declaraciones.

El presidente y su gabinete deben volcar su apoyo de manera más decidida al Ministerio Público y al Poder Judicial.

La implacable voluntad de Kuczynski y sus ministros de enfrentarse a la corrupción con leyes y decretos en mano servirán igualmente de poco o nada si desde el aparato del Estado no hay pruebas contundentes de defender precisamente al Estado de las malas prácticas gubernamentales y empresariales. No solo de aquellas del pasado, sino de las que se cuelan por los entresijos de la intolerancia política y administrativa de estos tiempos, como el proyecto del aeropuerto de Chinchero, cuyas cuestionadas adendas no han tenido la mejor respuesta del gobierno.

El ejemplo de la lucha anticorrupción del año 2000 no debe perderse de vista. El breve gobierno de transición del entonces presidente Valentín Paniagua puso justamente las cuerdas políticas, fiscales y judiciales en su perfecto lugar, y a la cabeza de todo, representando al Estado, una todopoderosa Procuraduría ad hoc que actualmente, diecisiete años después, brilla por su ausencia. El gobierno tiene que empoderar una Procuraduría anticorrupción con la fuerza y la independencia que tuvo la de 2000. Y volcar su apoyo más decidido al Ministerio Público y al Poder Judicial como al papel investigativo que corresponde propiamente al Congreso, salvando interferencias y conatos de invasión de fueros.

La extradición del ex presidente Alejandro Toledo forma parte del poder de fuego fiscal y judicial que podría resquebrajar la política peruana.

De otro lado, resultaría contraproducente que Kuczynski, su gabinete y su partido terminaran dando bandazos de acompañamiento radical a oportunistas posiciones anticorrupción cuyos liderazgos y actores no solo no han logrado deslindar su papel frente a ella, sino que se atreven, como es el caso de la ex lideresa del Frente Amplio, Verónika Mendoza, a convocar marchas populares que parecen encerrar un oculto deseo de “lavado de conciencia” y “lavado de activos políticos” que ya miran, desde hoy, la postulación presidencial de 2021.

Por Juan Paredes Castro, analista político, ex editor central de Política y Opinión y ex director (a.i.) de “El Comercio”. Actualmente es columnista político dominical del mismo diario y colaborador de COSAS.  

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