No ha sido fácil para el gobierno reaccionar rápidamente frente a la emergencia, pero, teniendo en cuenta que el fenómeno de El Niño de 1983 costó la vida de más de mil personas y alrededor de 12 puntos del PBI, se podría decir que algo se ha avanzado en términos de respuesta de las instituciones públicas, sin desmerecer la acción desinteresada del sector privado a toda escala. No obstante, pasada la emergencia, toca analizar lo que será el proceso de reconstrucción, que demandará no solo presupuesto y voluntad política, sino niveles de articulación entre los diferentes niveles del gobierno –central, regionales y locales– pocas veces vistos en nuestra historia, sobre todo si se busca devolver un hogar a más de 40 mil familias en 365 días. La arquitecta Cecilia Lecaros, al frente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, comenta lo que será esta segunda emergencia en términos de administración pública.
¿Cuáles son las últimas cifras de viviendas afectadas?
Estamos en el universo, entre viviendas colapsadas y afectadas, del orden de las 40 mil viviendas. Este es el número que nos va a servir para identificar, familia por familia, las diferentes modalidades de subsidios e inversión..
¿Cómo se procederá con las familias que están ahora en carpas y deben ser reubicadas?
Será en tres etapas. La primera, que ya se hizo, fue albergar a todos los damnificados en carpas. La segunda etapa será trabajar sobre la base de núcleos de familias, a los que hemos llamado Unidades de Vivienda Inicial (UVI), que reunirán a quince familias alrededor de un mismo espacio, en el que se las organizará para llevar una vida en común y compartir los mismos espacios. Esto será temporal, por alrededor de un año. La tercera etapa será la reubicación definitiva.
¿Las UVI estarán lejos de sus casas originales? Eso podría ser un problema, teniendo en cuenta que este proceso durará un año.
Estamos buscando terrenos que queden, máximo, a un kilómetro a la redonda de las viviendas originales de los afectados, terrenos de unos dos mil metros cuadrados, pero no siempre es fácil.
¿Este proceso físico de reconstrucción exige también una a nivel de las instituciones del Estado?
Una recomposición. Nuestra experiencia de trabajo, durante la emergencia, con entes como Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal), Cenepred (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres) y la ANA (Autoridad Nacional del Agua), en coordinación con el Ministerio de Vivienda, nos demuestra que es posible poner a trabajar a diferentes organismos públicos con un nivel de eficiencia bastante preciso. Se necesita una recomposición, pero más que de instituciones, de la coordinación entre los diferentes organismos del Estado alrededor de un tema fundamental: la planificación. Desde el ministerio debemos contribuir a que cada alcalde del Perú tenga como parte de su gestión un Plan de Desarrollo Urbano aprobado, como herramienta de planificación y prevención permanente.
En el papel pero, en la práctica, eso no funciona.
No funciona, lo dicen las estadísticas: del cien por ciento de distritos declarados en emergencia, casi novecientos, el equivalente al ochenta y cinco por ciento, carecen de un Plan de Desarrollo Urbano aprobado. Es decir, no tenemos herramientas para definir políticas urbanas de planificación ni prevención.
El PLAM 2035, que se debería haber aprobado en 2015, pero que la actual gestión del alcalde Luis Castañeda ha dejado encarpetado.
Sí, hace falta actualizarlo. Pero lo mismo pasa en provincias, en las principales capitales del Perú, en ciudades como Trujillo, Piura, Tumbes y Chiclayo. No tenemos herramientas de gestión para las ciudades del Perú.
¿Qué harán con aquellos alcaldes, como Luis Castañeda, que declaran abiertamente que no creen en los planes de desarrollo urbano?
Lamentablemente, vamos a tener ciudades espontáneas, que van a crecer por invasión y no por planificación, y sin saneamiento ni servicios óptimos. No habrá distritos eficientes. Pero no todos piensan así, ya hemos suscrito convenios con varios alcaldes, en Tumbes, Sullana, Piura, Paita, Lambayeque, Trujillo, Huarmey… en Lima, con San Juan de Lurigancho, Comas, Ventanilla, entre otros. Con ellos haremos primero un trabajo de reflexionar sobre sus ciudades. No podemos ir desde el gobierno a decirles “haz esto, haz lo otro”. Ese es su trabajo, pero podemos ayudarlos.
Qué pena que algo tan importante como una ciudad quede a merced de alcaldes que gobiernan un distrito por dinero o revancha política.
Esa es nuestra estructura de Estado… pero en las emergencias nos hemos dado cuenta de que podemos coordinar con los alcaldes y las autoridades locales. Debemos trabajar para tener este mismo nivel de coordinación no solo en emergencias, sino también en situaciones normales.
Por Luis Felipe Gamarra
Foto de Lucero del Castillo