Como una rareza latinoamericana, rareza a su vez en extinción, Chile suele exhibir cada cierto tiempo sus reservas presidenciales: Frei, Lagos, Piñera y –hasta poco antes de su muerte– Patricio Aylwin, quien simbolizaba el rescate de la democracia después de la dictadura de Pinochet. Las saca a relucir como trofeos de su maduro estado de derecho. Chile suele exhibir también ciertas posiciones de Estado muy compactas, como cuando, en vísperas de firmar su tratado de libre comercio con Estados Unidos, expresó su protesta pública internacional contra la invasión a Irak. Ejemplos más, ejemplos menos, lo cierto es que en el Perú se está volviendo un denominador común que el puesto que pasa a ocupar un presidente es el de procesado o condenado por corrupción o crímenes de lesa humanidad.
¿A qué grado de exposición y riesgo de desgaste acelerado y de responsabilidad funcional y penal directa está llegando la más alta magistratura de la nación, a causa de que los controles y delegaciones existentes son también vulnerables? La pregunta de por qué acaban tan mal los presidentes sigue siendo progresivamente patética.
Al cierre de esta edición, se supo que la defensa legal de Alberto Fujimori planteará un hábeas corpus para anular el juicio por el que
fue condenado.
Hasta se gastan bromas respecto de que el solar donde actualmente se levantan las instalaciones de carcelería especial del expresidente Alberto Fujimori (el exfundo Barbadillo) podría ampliarse para dar paso a un condominio penitenciario moderno, en previsión de lo que pudiera suceder con el tránsito procesal fiscal y judicial de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, que enfrentan hoy en día serias investigaciones por sobornos, lavado de activos e inclusive –en el caso de este último–, si se abriera el caso Madre Mía, por delitos de lesa humanidad vinculados al asesinato y la desaparición forzada de personas durante la guerra antisubversiva, cuando el entonces “Capitán Carlos” (Humala) dirigía un importante puesto de combate del Ejército.
“COSA JUZGADA” EN REVISIÓN
El caso Madre Mía encierra varios sorprendentes ribetes:
- Según revelaciones que se desprenden de escuchas legales, extrañamente encarpetadas durante cinco años, se comprueba que la declarada “cosa juzgada” en la investigación seguida a Ollanta Humala, antes de que llegara a la presidencia, no habría sido más que un fraude procesal. En efecto, las escuchas confirman que la defensa legal de Humala de entonces, y el propio expresidente, habrían comprado testigos para liberarlo, en un primer momento, de las investigaciones fiscales como acusado de los crímenes perpetrados en la zona antisubversiva de Madre Mía, y, en un segundo momento, del juicio oral correspondiente, gracias a una resolución del juez supremo César San Martín, con la que adquirió su amañado pase expedito a la candidatura presidencial de 2011.
La reapertura del caso Madre Mía podría llevar a Humala a los tribunales por los crímenes de lesa humanidad de los que se le acusa.
- Contra lo que muchos hubieran esperado, el propio fiscal que en 2009 estableció el archivamiento provisional, Víctor Cubas Villanueva, declara ahora que el caso puede reabrirse en virtud de los nuevos elementos probatorios que se exhiben, y que el Ministerio Público los debe investigar. Cubas Villanueva remarca que no podría hablarse de “cosa juzgada” en relación con un proceso que no siguió un trámite enteramente regular, pues hasta el momento del archivamiento provisional no se había identificado plenamente a los autores de los delitos materia de investigación.
TOLEDO, GARCÍA Y ODEBRECHT
Alan García ha insistido en que no son suyas las iniciales “AG” que figuran en el expediente incriminatorio del caso Odebrecht.
Si bien la delación de altos funcionarios de la empresa constructora brasileña Odebrecht destapó el supuesto soborno de 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo por la concesión de las carreteras interoceánicas, ese dedo acusador no ha ido en la práctica más allá ni ha aterrizado potentemente en las vías fiscales y judiciales. Antes bien, el caso ha entrado en un largo proceso de extradición de los Estados Unidos y en una engorrosa construcción de la ruta del dinero, que nadie sabe a ciencia cierta qué forma final tiene ni dónde está la ventanilla de salida. Así las cosas, la resonancia del soborno sigue sintiéndose cercana en el Perú, pero no así la presencia de Toledo, cada vez más lejana, y el misterio rodea al trámite de los expedientes de acusación y extradición, de por sí complicadísimos.
Toledo habría recibido sobornos por 20 millones de dólares de parte de Odebrecht.
Mientras tanto, el expresidente Alan García ha tratado de estar lo más cerca posible de las investigaciones fiscales que podrían comprometerlo con los sobornos de Odebrecht (pues en su gestión continuaron las obras de las interoceánicas y otras vinculadas a la misma empresa, como Olmos), y lejos de las imputaciones especulativas que pudieran alcanzarlo, como la aparición de las iniciales “AG” en los expedientes brasileños incriminatorios, que, según el mismo García, correspondería a empresas competidoras como Andrade Gutiérrez, que opera en toda América Latina.
Por Juan Paredes Castro (*)
Lee la nota completa en la más reciente edición de COSAS.
