La hace poco estrenada primera ministra Mercedes Aráoz gira alrededor de sí misma sin saber qué hacer. El Congreso apenas mira de reojo su pedido de facultades legislativas. La bancada mayoritaria en el Congreso no tiene otra agenda que sacar a Keiko Fujimori de sus aprietos legales mediante el equivocado recurso de acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación. El presidente Pedro Pablo Kuczynski disimula apenas con su habitual sonrisa de oreja a oreja los coletazos de Odebrecht desde Brasil, que ahora ponen a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el centro de la tormenta. Así las cosas, el país económico sigue en piloto automático, el país político abandonado a su suerte y el país social deseoso de moverse, pese a todo, en un mejor horizonte de confianza.

Por Juan Paredes Castro

La euforia de estar por fin en el Mundial de Rusia 2018 duró para el Perú lo que toda euforia de este tipo suele durar. Retornar a esa competencia después de treinta y seis años fue celebrado como si hubiéramos conquistado la Copa del Mundo. Sin embargo, algunos ribetes agrios de esta euforia, como el largo suspenso sobre la sanción a Paolo Guerrero, la extraña muerte de la voleibolista Alessandra Chocano que involucra al futbolista Yordy Reyna y la insensata iniciativa parlamentaria que busca  sibilinamente la desafiliación peruana de la FIFA, nos devuelven, por el camino del fútbol, y más rápidamente, a la tumultuosa realidad política cotidiana, de la que habíamos salido por un momento a respirar, con alivio, otros desacostumbrados aires.

En efecto, el Perú atraviesa hoy la misma encrucijada de otros tiempos: de cuando, por intereses en juego y, peor aún, por intereses en conflicto, los poderes Ejecutivo, Legislativo, Fiscal y Judicial terminaban atándose mutuamente de manos, paralizando, así, sus respectivas agendas, prioridades y acciones.

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Este pernicioso trenzado de inoperancia encierra, en el fondo, la enorme frustración de millones de peruanos que votaron por una presidencia y por un Congreso que no solo no sienten que los representan, sino que no cumplen con su rosario de promesas de campaña electoral. Y encima, Gobierno y Congreso dedican más tiempo a expiar sus culpas y rencores que el dedicado, pobremente, a atender los asuntos públicos y de Estado.

A estas alturas podríamos tener una bien encaminada agenda gubernamental, no distraída judicialmente por si se extradita o no se extradita al ex presidente Alejandro Toledo, acusado de lavado de activos, o si se indulta o no se indulta al otro ex presidente, Alberto Fujimori, después de tantas promesas de Kuczynski por concederle esa gracia. Tendríamos, asimismo, una agenda gubernamental no perdida en inútiles confrontaciones con el Legislativo, en lugar de, con este, construir vías de diálogo, concertación y consenso para una serie de fundamentales reformas políticas. Inclusive los esclarecimientos que tendría que hacer Pedro Pablo Kuczynski por su participación ministerial durante el régimen de Toledo en decisiones vinculadas a la concesión de las carreteras interamericanas a favor de la empresa Odebrecht, no debieran derivar, como hasta hoy, en un tira y afloja sobre si el presidente debe hacerlas solo por escrito o con una clara comparecencia ante la comisión parlamentaria encargada de investigar el tema.

De la misma forma, tendríamos que ver a fiscales que investigan los más escandalosos casos de corrupción, abocados eficiente y diligentemente a su trabajo, y no asistiendo, casi obligados, a vigilias masivas de protesta por las amenazas contra su autonomía jurisdiccional. Esto pasa, sin duda, porque a la bancada mayoritaria del Congreso se le ha ocurrido poner contra la pared al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, culpándolo por no ejercer la autoridad debida sobre los fiscales anticorrupción, cuando –legal y constitucionalmente– él no puede invadir los fueros jurisdiccionales de estos.

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En todo caso, sí se debe llamar la atención al Ministerio Público y al propio Sánchez, por quedarse cortos en su visión de otras investigaciones, como a Susana Villarán y Verónika Mendoza, el Congreso está en su legítimo derecho de convocarlo, pero sin llegar al extremo de pretender encausarlo como infractor constitucional y, consiguientemente, como pasible de una destitución. Hacerlo, definitivamente, solo revelaría el afán de Fuerza Popular y su representación legislativa de cobrarse una revancha política por las investigaciones fiscales a Keiko Fujimori, respecto de una de las cuales existía el exceso, hasta hace poco, de un plazo de treinta y seis meses que un juez acaba de sustituir por otro, más imperativo, de diez días calendario, para que el Ministerio Público acuse o archive.

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