En medio de una confusa propuesta legal, congresista fujimorista propone considerar de necesidad pública la titulación de predios en poder de invasores de terrenos. Algunos expertos advierten que esto puede convertirse en una puerta abierta para perpetuar la informalidad y propiciar una nueva ola de invasiones de terrenos.
Por Carlos Hidalgo
El 19 de marzo pasado, en pleno estado de emergencia y cuarentena por la propagación del coronavirus, el congresista fujimorista por Piura, Mártires Lizana Santos, presentó un proyecto de ley que ha llamado la atención de no pocos. La propuesta legislativa lleva por nombre “Proyecto de Ley que propone se extienda plazo de inicio de la posesión de predios para la formalización de propiedad informal”. Lleva la firma de siete de los quince congresistas que hoy integran la bancada de Fuerza Popular, incluyendo la de su vocero, Diethell Columbus.
Puede convertirse en una puerta abierta para perpetuar la informalidad, que tanto aqueja a nuestro país, además de una nueva ola de invasiones de terrenos.
En concreto, la iniciativa de Lizana busca modificar una serie de artículos de la “Ley de la Formalización de Propiedad Informal, Acceso al suelo y dotación de servicios básicos”, que data del 2006. El punto llamativo del proyecto, criticado duramente por especialistas como María Murillo, abogada experta en Derecho de Propiedad y Derecho de Familia, es el referido a la modificación del artículo 21º sobre la expropiación de terrenos.
¿Qué propone esta modificación? Pues declarar de ‘necesidad pública’ la expropiación y posterior titulación en beneficio de los posesionarios de los terrenos ocupados de forma informal hasta antes del “25 de noviembre de 2010”. Un enunciado que no se encontraba ni en la Ley de formalización de la propiedad informal ni en la Ley Orgánica de Municipalidades, que Lizana alude en su proyecto.
F: Paula Virreira
Un proyecto “ilegal”
“Este proyecto es nocivo para la economía peruana, al margen de todas las desgracias por las que estamos pasando en este momento”, dice María Murillo, la primera persona en poner alerta sobre esta iniciativa legislativa.
Murillo explica que en nuestra normatividad la expropiación de terrenos, bajo la causal de ‘necesidad pública’, hace referencia solamente a la materialización de un bien común. “Por ejemplo, cuando uno expropia una calle o un terreno para construir una carretera, una avenida o un tren eléctrico, como ha venido ocurriendo en Lima. La construcción de una central hidroeléctrica también se encuentra comprendida. En modo alguno hace referencia a la titulación de predios invadidos. El artículo 70 de nuestra Constitución establece que la otra causal para expropiar terrenos, aparte de la de necesidad pública, es la referida a la seguridad nacional”, dice.
Mártires Lizana Santos, congresista de Fuerza Popular y autor de la cuestionada propuesta de ley.
La especialista señala que el concepto de ‘interés social’ como causal de expropiación de terrenos fue algo que existió en la Constitución de 1979. Y que fue derogado para la Carta Magna de 1993, ya en el decenio de Alberto Fujimori. “Hoy en el Perú no existe base legal para expropiar terrenos. Esto atenta contra la propiedad privada en el Perú y no se ajusta a la Constitución, que está por encima de cualquier ley. Es un proyecto abiertamente ilegal”, añade.
Techo y comida
Buscamos insistentemente la versión del congresista Lizana Santos, autor de la iniciativa, pero voceros de la bancada de Fuerza Popular refirieron que el parlamentario estaba atendiendo un ‘asunto personal’ y que no haría declaraciones al respecto. También buscamos la versión del vocero de la bancada fujimorista, Diethell Columbus, pero no tuvimos éxito.
Para Murillo, si este proyecto pasa a las comisiones respectivas y luego llega al Pleno del Congreso y es aprobado, se podría sentar un precedente negativo.
“Estaríamos dando visos de legalidad a nuevas invasiones de terrenos de propiedad privada, puesto a que si ya hay una ley aprobada en el 2020 que te permite titular hasta el 2010, el invasor puede pensar que va a tener prórrogas cada vez que invada”, sostiene.
“Este proyecto es nocivo para la economía peruana”, dice la abogada experta en Derecho de Propiedad, María Murillo.
El escenario es complejo, teniendo en cuenta que la incidencia de invasiones de terrenos a lo largo de la última década bajó ostensiblemente en comparación con los últimos decenios del siglo XX, cuando Lima no tuvo herramientas para enfrentar esta problemática.
“A la fecha hemos tenido un poco de orden en las invasiones. No hemos visto tantas, porque no había ninguna expectativa por parte del invasor para obtener un título de propiedad en el tiempo. Con este proyecto de ley puede interpretar que puede invadir, que el saneamiento físico legal de una invasión es de necesidad pública, cosa que no es así”, concluye Murillo.
