Marianella Ledesma considera que, debido a la crisis política que afectó al país, el Tribunal Constitucional debió pronunciarse sobre el uso de la vacancia presidencial por parte del Congreso y no guardar silencio. Además, argumenta que está en manos del Poder Legislativo evitar otro escenario de inestabilidad como el que vivimos recientemente.
Por Isabel Miró Quesada
Según la magistrada, en palabras simples, el Tribunal Constitucional decidió «no hacer nada». No le dio la razón ni al Ejecutivo, ni al Legislativo. Su opinión individual es que la vacancia fue un «golpe a la Constitución y a la democracia». «El Congreso ha hecho mal uso de la vacancia presidencial, es inconstitucional lo que ha hecho», expresó.
En diálogo con la revista COSAS, Ledesma, además, explicó que la mayoría del Tribunal Constitucional interpretó que, como la controversia por la que se había planteado la demanda original ya no existía, ya no era necesario que el máximo órgano judicial se pronuncie. Sin embargo, ella considera que se ha dejado pasar una valiosa oportunidad. «Los congresistas se quedarán con la duda de si es que actuaron constitucionalmente o no. Por otro lado, como no está decantado estamos en riesgo de que mañana ocurra lo mismo. Estas reglas tan indeterminadas generan inestabilidad política», agregó.
Sobre el procedimiento
Marianella Ledesma explicó que la mayoría de magistrados tomó esta decisión pese a que existen mecanismos legales que les hubiesen permitido pronunciarse sobre el fondo del asunto, y definir finalmente cómo debía interpretarse el artículo de la Constitución que trata sobre la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente.
Desde su óptica, el procedimiento que siguió el Congreso no ha sido el apropiado. En primer lugar porque «los hechos que fueron comprendidos en la moción de vacancia no son los mismos por los que votaron los congresistas», es decir, no hay congruencia entre lo que se pide y se resuelve. En segundo lugar, no existió un escenario donde se presente la prueba. «¿Cuál fue la prueba? Los destapes periodísticos de la televisión, o la reproducción que hizo ‘La República’; con eso se vacó a un presidente, no se permitió siquiera que se corrobore la prueba o ver su grado de efectividad», señala.
En ese sentido, la magistrada destaca algunos criterios que permitían garantizar el debido procedimiento de la vacancia, al margen de definir cual es la causal. Allí remarca la votación calificada. «Si bien en 2004 el Tribunal Constitucional determinó un mínimo de 87 votos, dada la experiencia que tenemos, pedimos que sea 104 votos (4/5 partes), que aún así resultó pequeño. El señor Vizcarra ha sido vacado por 105 votos. Otra garantía que queríamos poner era que se haga doble votación para verificar que ese es el sentir del Congreso, y que la vacancia no proceda en el último año de gobierno a fin de preservar ese periodo de transición hacia un nuevo gobierno», resalta.
«Pero al final se dijo que no, mejor guardamos silencio y nos conducimos bajo el argumento de que ‘hay que ser prudentes’. Yo creo que la labor que tenemos como jueces del Tribunal Constitucional es interpretar las normas abiertas y zanjar con esas definiciones», enfatiza Ledesma.
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Una mirada crítica al futuro
Para que esto no se repita, Marianella Ledesma avisora dos caminos. El primero consiste en una reforma al artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, algo que depende únicamente de la voluntad del Legislativo. «Si realmente existe una capacidad de enmienda por parte de ellos, así como han salido a pedir perdón y ha reconocer que en su momento no leyeron el sentimiento popular, ellos pueden modificar su propio reglamento, está en sus manos. El Tribunal Constitucional ya perdió su oportunidad, pero lo puede hacer el Congreso. Pueden exigir un número mayor de votos y demás garantías. Está en sus facultades y es su gran reto», afirma.
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Otra alternativa es la Reforma Constitucional. Ella sostiene que una consecuencia de todo lo ocurrido en estas semanas podría ser la implementación de un referéndum en los próximos meses, que permita en un futuro la aprobación de una nueva Constitución. «Tenemos cerca una consulta popular [Elecciones Generales del 12 de abril de 2021], se podría preguntar ahí. Recordemos que en Chile recientemente se ha realizado un referendum, pero que este no vino de la nada, sino de la gesta de los jóvenes que dijeron ‘ya no queremos mantener estas reglas, necesitamos algo que realmente se identifique con nuestras necesidades'», añade.
Sobre la posibilidad de cambiar la Constitución o hacer ajustes a la misma, Ledesma señala que esta «puede ser renovada, existen los mecanismos y es lo normal». Es más, remarca que la Constitución Peruana recoge la figura de Reforma Total. Así, si bien esta debe tener permanencia en el tiempo porque contiene las reglas básicas para la vida social, cuando el ciudadano de a pie no reconoce sus necesidades en esas reglas, surge un cuestionamiento. En esa línea, la labor de los jueces es determinante.
«Estados Unidos tiene una Constitución desde hace dos siglos y no se modifica. ¿Por qué? Porque los jueces hacen a través de sus interpretaciones actualizaciones de las normas aplicadas a casos concretos. La labor de la judicatura es vital para dar vida a estas reglas básicas constitucionales que los ciudadanos quieren. No se trata tampoco de cambiar la Constitución si no cambia la mente de los operadores que van a aplicar las reglas», sugiere Marianella Ledesma y aterriza esta problemática en el contexto nacional.
Para ella, existe una brecha generacional y cultural entre algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional, lo que les impide ver de manera amplia varios de los asuntos sobre los que tienen que decidir. «La sociedad cambia y las necesidades también. Yo no puedo ver las cosas como hace 50 o 20 años, si no voy a volverme anacrónico, y voy a construir un divorcio entre lo que se declara y lo que la realidad requiere». Por ese motivo, afirma que al elegir a los miembro de este organismo «es importante saber cuáles son sus valores, sus creencias y qué ideas tienen».
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«El Tribunal Constitucional tiene un gran poder de control y equilibra las funciones del Ejecutivo y el Legislativo, pero también rige la vida de todos nosotros con sus decisiones», sentencia.
