El Perú atravesó por su peor crisis política en veinte años, a solo meses de las celebraciones por el Bicentenario, que además se cobró la vida de peruanos que recién comenzaban a forjarse un camino. ¿Cuál fue el detonante de esta crisis inédita en nuestra historia? ¿Cómo llegamos a esta situación límite?
Por Carlos Hidalgo
Para muchos, lo que acaba de vivir el Perú ha sido el colofón de un episodio que se inició el 28 de julio de 2016, cuando el Poder Ejecutivo quedó en manos de una agrupación política (Peruanos por el Kambio) y el Poder Legislativo, en manos de otra (Fuerza Popular). Por lo pronto, la evidente conclusión debe provocar una profunda reflexión respecto a nuestra responsabilidad como votantes, teniendo en cuenta el proceso electoral de abril del próximo año.
Dos jóvenes peruanos murieron en la marcha del 14 de noviembre debido a la desproporcionada respuesta policial. Inti Sotelo Camargo (24) recibió proyectiles a la altura del corazón. A Jack Bryan Pintado Sánchez (22) le encontraron once en el rostro, cabeza y tórax. Según sus familiares, Pintado quería ser abogado “para encontrar justicia”. Hoy, es imperativo que la consiga.
“Lo que ha sucedido en el Perú es una tragedia, pero también me hace sentir esperanza”, dice José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. “Los peruanos salieron a las calles de forma masiva porque, con toda razón, percibieron una amenaza grave al estado de derecho y a la democracia, por la forma en que el Congreso apartó del cargo al presidente Martín Vizcarra y por las consecuencias inmediatas que ello podría haber tenido para la independencia del Tribunal Constitucional. Esa reacción de los peruanos me hace sentir esperanza”, añade.
La ciudadanía ha llamado a Inti y a Jack ‘héroes del Bicentenario’ y así deberían ser recordados. Pero ¿este era el Bicentenario que ellos imaginaban? Si bien la pandemia alteró la agenda de un año que se avizoraba positivo, nuestra clase política se encargó del resto. La tensa relación entre el Ejecutivo de Kuczynski y la mayoría parlamentaria fujimorista puede ser la génesis del desmadre acontecido, reemplazada luego por el versus entre Vizcarra y un Congreso, como el actual, signado por intereses particulares: dueños de universidades sin licencia o con ella, congresistas con investigaciones o procesos abiertos en el Poder Judicial, y defensores de convictos condenados por asesinato.
Pero la crisis también se explica en cuestiones estructurales, de fondo. “Tienen que ver con la malformación de nuestro sistema político”, dice el economista Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE. “¿Cómo es que Fuerza Popular no consigue la presidencia pero tiene tantos congresistas? Por la cifra repartidora y el financiamiento de las campañas, el uso sin regulación de dinero de múltiples fuentes”, sostiene.
Algo que también podría aplicarse a la actual representación nacional que vacó a Vizcarra y llevó a la presidencia al resistido Manuel Merino de Lama de Acción Popular. En setiembre pasado, este mismo Parlamento aprobó algunas reformas referidas al financiamiento de los partidos políticos como la bancarización de todo aporte privado de dinero que supere el 10% de una UIT y el control, mediante recibos de aportación, de aquellas contribuciones en especies o que no superen el porcentaje de aporte monetario descrito líneas arriba. Además de una serie de sanciones que llegan incluso a la suspensión de la agrupación política. Si bien estas reformas estarán vigentes para el proceso electoral del próximo año, este Congreso no impulsó la eliminación del voto preferencial, una de las taras de nuestro sistema político.
¿Nueva constitución?
El jueves 19 de noviembre sucedió un hecho inaudito. El Tribunal Constitucional decidió, por cuatros votos contra tres, no pronunciarse sobre la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo de Vizcarra respecto a la figura de la incapacidad moral permanente, aducida por el Parlamento para vacarlo. Esta se sustentaba en las investigaciones por supuestos sobornos que Vizcarra habría recibido durante sugestión como gobernador de Moquegua. En resumidas cuentas, cuatro de los magistrados (Ernesto Blume, Augusto Ferrero, Manuel Miranda y José Luis Sardón) decidieron no pronunciarse por el fondo del asunto debido a que la vacancia presidencial ya se había producido.
Sustracción de la materia le llaman. Para los magistrados Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal, Carlos Ramos y Eloy Espinosa Saldaña sí hubo un uso indebido de la figura de la incapacidad moral permanente por parte del Congreso a la hora de definir la suerte de Vizcarra. El procedimiento debió ser regulado, para que no vuelva a ser utilizada en el futuro de forma arbitraria. Si n embargo, esto no sucedió.
El pedido para que el TC se pronunciara tuvo carácter internacional. La OEA solicitó un pronunciamiento expreso que fue refrendado por presidentes como Iván Duque de Colombia. “El TC ha tenido la oportunidad de precisar que la ‘incapacidad moral permanente’ como causal de vacancia es una situación objetiva que no está librada a la discreción de los congresistas. Originalmente significa ‘incapacidad mental’ ”, dice el constitucionalista Omar Cairo. “ No lo hizo y ante esto sería oportuna una reforma constitucional que suprima esta figura como causal de vacancia e introduzca una expresión más objetiva, como ‘incapacidad mental’”, añade.
El tema es crucial teniendo en cuenta que el vacío constitucional permitió la vacancia de Vizcarra y el posterior estallido social. Una reforma al respecto es poco viable en este Congreso y abre una vez más la puerta a un debate presente en muchos carteles en las manifestación es ciudadanas: el cambio de Constitución.
“Nuestra legalidad es precaria y permite situaciones tan absurdas e ilegítimas”, dice Ñopo, quien cree que el tema de la reforma constitucional, o cambio de la Constitución, formará parte de la campaña electoral. “Algunos dirán nueva Constitución; otros, reformas puntuales. La izquierda insistirá con cambios en el capítulo económico, algo que no caló en los años de crecimiento económico. Yo no haría demasiadas modificaciones al respecto, pero sí debemos cambiar el tema del presidencialismo.
El acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación también tienen que ser repensados”, sostiene. La pregunta es válida teniendo en cuenta los vientos regionales. En octubre pasado, Chile aprobó la formación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. En abril del próximo año, ese país elegiría a sus constituyentes. “En estos momentos no se percibe en el país un consenso de las fuerzas políticas respecto a una nueva Constitución”, observa el constitucionalista Cairo, quien explica los procedimientos a seguir encaso el tema se viabilice.
“Hay dos formas: hacer una reforma integral de la Constitución, obedeciendo al artículo 206de la Carta Magna: el Parlamento vigente la elabora y luego se somete a referéndum para su aprobación.
El otro camino es la Asamblea Constituyente, que requiere de condiciones especiales como el consenso de todas las fuerzas genuinamente representativas de la sociedad, que no necesariamente estén en el Congreso. El problema es que en estos momentos no hay partidos políticos representativos”, dice.
Vivanco sugiere que los cambios en la Constitución no sean lo único en debate: “ Lamento enormemente las dos muertes, los heridos y el sufrimiento de tantas familias. Estos graves abusos demuestran claramente la urgencia de una reforma de la Policía en el Perú. Sin duda, será un proceso largo, que requiere un debate amplio de la sociedad, pero tiene que comenzar ya y debe ocurrir al tiempo que se toman pasos concretos para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos”.
El director de Human Rights Watch sostiene que se debería suspender el uso de escopetas de perdigones contra manifestantes por parte de la Policía, además de llevar antela justicia a aquellos policías que comentan excesos.
“En nombre del Estado, les pido perdón a sus familiares y a ellos, a todos los jóvenes que marcharon por la democracia. No podemos devolverles la vida, pero sí podemos evitar que esto vuelva a suceder”, dijo un emocionado Francisco Sagasti durante su juramentación como presidente de la República, el martes 17 de noviembre. Fue una tarde de reminiscencias vallejianas, pero también de mea culpa en nombre de un Estado cuya clase política, como dicen los jóvenes, ha hecho de todo para no representar a nadie.
