Por Pamela Acosta Ilustración Emlia Maldonado Paez
¿Es necesario que el presidente Sagasti y su entorno estén protegidos frente al Coronavirus?
El ‘vacunagate’ como ha sido bautizado el escándalo que involucra al expresidente Martín Vizcarra y otros funcionarios del anterior y el actual gobierno que se inmunizaron con supuestas “vacunas de cortesía” contra la COVID-19 de la farmacéutica Sinopharm antes que el personal médico de primera línea, ha desatado una serie de cuestionamientos tanto legales como éticos. Sin embargo, dada la delicada situación en la que el exmandatario se encontraba en ese momento (octubre de 2020), enfrentando una pandemia con efectos devastadores a nivel sanitario y económico, atravesando una crisis política por el caso Richard Swing que luego motivó su vacancia en noviembre del 2020, y sin un vicepresidente que lo reemplazara en caso de que cayera enfermo ¿No debía tener acceso a los mejores medicamentos disponibles, aunque sean experimentales?
La pregunta cobra relevancia en el contexto actual, en medio de una segunda ola y una segunda cuarentena debido al nivel de alerta extrema declarado Lima Metropolitana a raíz de la gran cantidad de contagios y muertes por el Coronavirus. El presidente Francisco Sagasti se ha mostrado “indignado y profundamente adolorido” al saber que altos funcionarios de su propio gobierno, entre ellos la ministra de Salud Pilar Mazzetti y la ministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, quienes ya dejaron sus cargos, también se saltaron la cola y se vacunaron antes que el resto. Sin embargo, y pese a las constantes recomendaciones que el mismo Sagasti hace para que la población evite los encuentros cercanos y los lugares concurridos, él continua desarrollando una serie de actividades presenciales, lo que podría considerarse una contradicción. El primer mandatario ha participado de varias reuniones del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado, ha visitado hospitales y ha participado en ceremonias públicas, la última de ellas la recepción de dos aviones Hércules recién adquiridos para la Fuerza Aérea del Perú; además tiene previsto estar en la clausura de la sesión plenaria del 13°GORE Ejecutivo con la participación física de todos los gobernadores regionales y los representantes del Ejecutivo en el Centro de Convenciones de Lima.
Altos funcionarios, entre ellos la ministra de Salud Pilar Mazzetti y la ministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, quienes ya dejaron sus cargos, se saltaron la cola y se vacunaron antes que el resto.
Si bien Sagasti ya está protegido, recordemos que recibió su primera dosis de la vacuna de Sinopharm públicamente el pasado 9 de febrero cuando arrancó la jornada de vacunación al personal médico como un gesto simbólico para generar confianza en la inmunización ¿Qué hay sus ministros? ¿No guarda cierta lógica que, al igual que el presidente, sus más cercanos colaboradores se tengan que vacunar apenas sea posible como un acto de necesaria precaución?
Los analistas políticos Carlos Meléndez y Alexandra Ames consideran que esta hubiera sido una postura razonable y comprensible, si hubiera sido un hecho público. Lo fue en el caso de Sagasti, y con la vacuna ya probada y aprobada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – Digemid (Aunque ahora también sabemos que personal de la DIGEMID también se vacunó anticipadamente). Lo que en realidad termina embarrando a Vizcarra y su entorno, así como a los demás funcionarios públicos involucrados en el ‘vacunagate’ es el secretismo y la mentira.
“El problema es el criterio, ¿por qué unos sí y otros no?. El criterio no fue considerar a todos los funcionarios como de primera línea, porque hablando con personas que son parte del sistema de salud, que ocupan cargos similares y que incluso viajaron junto a otros que sí se vacunaron, nunca se enteraron. Entonces aquí hubo preferencias y subjetividades. Es decir quienes tomaron la decisión no tuvieron un criterio técnico para elegir a los beneficiados, ni siquiera entre quienes sí estaban en la primera línea. Esto desvirtúa la justificación de que efectivamente habían puestos claves que debían recibir la vacuna”, señala Meléndez.
Vacunagate, Vizcarra sabía que su vacunación no era parte del ensayo clínico de Sinopharm.
Ames, por su parte, opina que podría ser lógico que el primer mandatario y otros funcionarios tengan prioridad debido a la importancia de sus cargos, sin embargo el gobierno ya había establecido una escala de prioridades en donde no eran estos, sino los servidores públicos como los médicos –que sí están en la primera línea– los que debían ser inmunizados antes. “Dicho esto, el hecho de que Vizcarra se haya vacunado o no, en términos generales, no molesta tanto como el hecho de haberlo ocultado. Lo que más ha molestado es que insista en algo que ya se ha descubierto que es falso”, señala Ames.
Es cierto que, dadas las exigencias del cargo, tanto el presidente como los ministros están expuestos al contagio (y de hecho algunos integrantes del gabinete ministerial se enfermaron durante sus actividades). El problema es que mientras las personas involucradas en el ‘vacunagate’ decidían que “no podían darse el lujo de enfermarse”, como tristemente trató la excanciller Astete de justificar su decisión, el gobierno para el que trabajaban ya había decidido que de lo que no podíamos “darnos el lujo” era de perder más médicos por culpa del virus (más de 260 han muerto durante esta pandemia). El temor al contagio y a la muerte es legítimo, así como la necesidad de protegerse, pero no así el engaño, como lo deja claramente en evidencia la exministra Mazzetti, de quien se esperaba que fuera la última en vacunarse, y resultó que fue de las primeras.
Todo esto no debe hacernos olvidar que el gobierno debe ser consecuente con lo que pregona. Si decidieron no vacunarse anticipadamente, ya sea por empatía con el personal médico, o por demagogia para evitar los cuestionamientos, el presidente y sus ministros deben extremar las medidas de precaución y reducir al máximo la posibilidad de exponerse a un posible contagio.
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