A través del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamanga, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho dio a conocer su sentencia: improcedente hábeas corpus que favorecía a Vladimir Cerrón.
Por Redacción COSAS
La Corte Superior de Justicia de Ayacucho declaró improcedente la demanda de hábeas corpus a favor del exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas. El recurso presentando también incluía a 17 exfuncionarios del gobierno regional de Junín.
Así, los recursos presentados pretendían lograr que se anule la orden de allanamiento y detención contra varias personas implicadas en el caso “Los Dinámicos del Centro”. Ahora, con la medida extraordinaria improcedente, las investigaciones en contra de Vladimir Cerrón deberán continuará a través del órgano competente.
El pasado 9 de junio
Recordamos que, el pasado 9 de junio, un Juez de Huancavelica (Alain Salas Cornejo) ordenó que se anule la sentencia por corrupción de Vladimir Cerrón. El magistrado declaró fundado un hábeas corpus presentado a favor del líder de Perú Libre. Con esta decisión, se anulaba la sentencia de cuatro años de prisión suspendida y un año de inhabilitación para ocupar cargos.
El magistrado Salas, ordenaba que el Juez del Quinto Juzgado Penal Unipersonal Especializada en Corrupción de Funcionarios, a cargo del proceso penal, “emita nuevo pronunciamiento en el plazo de ley”. “Para cumplir con reponer las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho fundamental conculcado del beneficiario Vladimir Cerrón”, agregaba. Precisó que la ejecución de este fallo debía ser inmediata.
Ahora, 14 de junio, con la declaración de la IMPROCEDENCIA LIMINAR de la demanda de Hábeas Corpus interpuesta, las investigaciones deberán continuar a través del órgano competente.
Sentenciado en el 2019 por corrupción
El Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo sentenció el 5 de agosto del 2019 a Cerrón junto a Henry Fernando López Cantorin, Carlos Arturo Mayta Valdez y Juan Carlos Sulca Yauyo por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado, en el caso de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de la Oroya”. A cada uno de los responsables se le impuso cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad, un año de inhabilitación y el pago de S/ 850.000 como reparación civil.
El 18 de octubre, la Sala Penal Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios confirmó la sentencia e inhabilitación contra los imputados como autores del delito de contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado, así como el pago de la reparación civil en el plazo máximo de seis meses. Sin embargo, la Sala revocó la pena de cuatro años y ocho meses de pena efectiva, reformulándola a cuatro años de prisión suspendida por el periodo de prueba de tres años para todos los sentenciados bajo reglas de conducta.
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