Complot en Cancillería: caso Fortunato Quesada

Mientras el caso sigue su curso en el Poder Judicial, la defensa del ex embajador de Perú en Israel, Fortunato Quesada, apelando al cariz administrativo del tema, le ha solicitado mediante una carta al canciller Óscar Maúrtua que intervenga en el lió legal. La misiva le pide que “en uso de sus atribuciones estrictamente legales, habida cuenta que las investigaciones llevadas a cabo por el servicio diplomático a los señores embajadores Popolizio, Zela y Boza y al ministro Rubín han concluido y que hubo claramente una emboscada contra el embajador Quesada, se declare la nulidad en su destitución y se restituya en el servicio.”

Según la defensa, el canciller estaría dentro del plazo para pronunciarse. Además, exigen la apertura de un nuevo proceso.

Antecedentes del caso

Como se recuerda, este caso empezó cuando el domingo 17 de junio del 2018 el programa Panorama propaló una denuncia contra el entonces embajador de Perú en Israel, Fortunato Quesada Seminario. Quesada fue designado embajador por PPK el 5 de octubre del 2017, y había asumido funciones el 16 de marzo del 2018.

El reportaje se basaba principalmente en audios editados que contenían conversaciones entre el propio Quesada y dos de sus trabajadores en la residencia peruana en Tel Aviv: Jesús Alvarado (cocinero) y Romina Teves (trabajadora del hogar). Ambos acusaron al funcionario de abuso de autoridad y hostigamiento laboral. Luego, los dos desaparecieron del mapa.

Mucha agua ha pasado bajo el puente desde entonces, incluyendo sendos cambios de gobierno y una pandemia. Quesada denunció que era víctima de un complot en la Cancillería. Señaló culpables y, poco a poco, ha logrado demostrar que lo que dice es verdad. Ya se confirmó, según el propio proceso disciplinario y varios reportajes de medios como El Comercio, Cuarto Poder y Caretas, que la recopilación de esas grabaciones fue realizada por Pedro Rubín, y que él mismo habría incitado a los empleados administrativos y domésticos de la embajada para que proporcionaran los audios.

Asimismo, se habría encargado editar y propalar los audios a través de un programa periodístico. También han salido a la luz conversaciones y chats al respecto. Estos elementos forman parte del expediente del proceso disciplinario aplicado a Rubín. El exembajador preparó una denuncia penal con la información que progresivamente se ha ido constatando. Principalmente, con el informe de la Comisión de Disciplina 006/2020 que incluyó las declaraciones de Rubín (quién fue suspendido 6 meses) en relación a la participación de los embajadores Néstor Popolizio, Hugo de Zela y José Boza en los hechos de Israel.

Opina Enrique Ghersi

“La novedad es que hemos pedido a nivel administrativo la nulidad de oficio de la resolución que destituyó ilegal e inconstitucionalmente al embajador Quesada, porque con las investigaciones posteriores a la destitución, ha quedado en evidencia que la versión del señor Quesada era exacta”, adelanta Enrique Ghersi, abogado del ex embajador. “Lo que pasó en Israel fue un complot donde estuvo involucrado el señor Rubín, miembro del servicio diplomático e inferior jerárquico del embajador, que, siguiendo instrucciones de la alta dirección en Lima, señaladamente de los embajadores Boza, De Zela y Popolizio, se montó un operativo para involucrar falsamente al señor Quesada y lo filtró a algunos medios de comunicación”, agregó.

Según el constitucionalista, “el señor Rubín, en el proceso administrativo que se le ha seguido, ha confesado su participación y ha indicado que él actuó siguiendo instrucciones de sus superiores. El señor Boza ha sido investigado y ha recibido la sanción de suspensión de nueve meses, cuando debió recibir una sanción mayor al del señor Quesada y que éste se reintegre al servicio diplomático. Pero eso no lo han hecho. Los señores Popolizio y De Zela han sido premiados con cargos diplomáticos de primer nivel. Para nosotros, esto es lo que se llama en inglés como ‘entrapment’. Es una figura que no existe en nuestro derecho pero sí existe en el derecho internacional. Es cuando te hacen una emboscada para fabricar una prueba. El señor Quesada ha sido una víctima de ‘entrapment’ de sus superiores, seguramente por rivalidades personales o políticas. La razón no interesa, pero ha sido ilegal la destitución del señor Quesada.”

Además de eso, los argumentos técnicos están actualmente ventilándose en el Poder Judicial en una acción contenciosa administrativa laboral, “porque todo el proceso de sanción contra el señor Quesada estuvo viciado por faltas al debido proceso”, explica Ghersi. “No se le permitió ofrecer pruebas, su defensa, no se interrogó a los testigos… Esto en el Tribunal Constitucional está establecido en múltiples jurisprudencias previas de otros casos, que es una gravísima falta al proceso administrativo y al debido proceso. Vicia de inconstitucionalidad cualquier sanción. ¿Cómo no le vas a permitir interrogar a los testigos al abogado del imputado? Eso ya es una inquisición.”

Según el constitucionalista Enrique Ghersi, Quesada habría sido víctima de un “entrapment” por parte de sus superiores.

Opina Omar Chehade

“Creo que fue desproporcionadamente sancionado”, dice el exvicepresidente. “Hubo una irregularidad en cuanto a su salida de Torre Tagle. Si bien es cierto él cometió un error a través de una conversación coloquial un tanto impertinente, me da la impresión de que no era para sancionarlo con una destitución. Además, de que se violó el debido proceso administrativo por parte de la cancillería”, concluye el también abogado.

“Entiendo que habían varias personas que lo habrían emboscado. Incluso algunos viceministros de relaciones exteriores estarían implicados junto a los subalternos del señor Quesada en una emboscada, en una grabación ilegal y antiética, una grabación que viola sus derechos personales.”

Omar Chehade señala que hubo irregularidades dentro del proceso administrativo que resolvió sacar a Quesada de su puesto.

Opina Fernán Altuve

“Con toda la evidencia posterior a los hechos, ha quedado claro que lo que hubo fue una conspiración para obtener, de manera irregular, pruebas que pudieran perjudicar a un funcionario, organizado todo esto desde el mismo ministerio”, dice el abogado.

“Yo creo que en la cancillería de hoy lo profesional ha pasado a un segundo plano y estamos en dos coordenadas. Una de intereses político-ideológicos, que tiene una parte, pero también en una organización que está sometida a argollas de grupos de interés o de grupos de amigos que quieren favorecer con los mejores puestos al grupo”, teoriza Altuve.

“Y aquel que no pertenece al grupo es apartado en el mejor de los casos o demolido en el peor de los casos, cuando uno no quiere someterse, participar o integrar estas argollas. En este caso hubo un plan de demolición. Si ha sido por motivos político ideológicos o simple y llanamente por un tema de interés de los integrantes del grupo hegemónico en el poder, apartando a otro, ya hay muchas discusiones sobre eso. Lo cierto es que el proceder es indebido por cualquiera de las finalidades.”