«Si consideramos el impacto económico y social que tendría el cambio climático en el mundo, en particular si el Perú no protege su Amazonía, estos costos son bajos. Puede parecer una propuesta exagerada, pero con suficientes argumentos para que nos plantemos firmes por una verdadera retribución por nuestras áreas protegidas. Es un cambio drástico al statu quo insostenible de más del 60% de nuestro país».
Por Diego Molina
Nuestro país es principalmente amazónico, con 60,9% del territorio. El área más grande después de Brasil. Una bendición de diversidad biológica y riqueza cultural. Pero también es una maldición: protegerla contra las actividades ilegales, lograr el desarrollo de sus pueblos, y que a la vez genere ingresos, es un reto monumental.
La conectividad en la selva es muy difícil, costosa y controvertida. Como la Carretera Interoceánica Sur Perú-Brasil, de más de US$2 mil millones, que produjo la minería ilegal en Madre de Dios. Porque sin esa vía no habría acceso a esa zona donde el mercurio amenaza con destruir la Reserva Nacional de Tambopata.
Entonces, están los ríos, que es el sistema de comunicación de la Amazonía por obvia naturaleza. Aunque, por su profundidad, requieren obras de dragado para barcos de transporte que tendría un efecto transformador en la vida acuática. Por eso, la Hidrovía Amazónica, de 2600 km² en los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas cuenta con la oposición de confederaciones nativas y algunas ONG. Es un callejón verde sin salida.
Económicamente, el turismo, el café, el cacao u otros productos, sin conectividad a mercados, generan ingresos muy bajos. Actividades lucrativas como el aceite de palma, que es la principal fuente de ingreso de Indonesia, tiene efectos devastadores si no es muy enfocado. Además, está el riesgo constante de la minería y la tala ilegal. Y esto nos debe aclarar algo: los territorios amazónicos protegidos tienen un costo por dejar de afectarlos. Constituyen 11,7% de nuestro país o 150 mil Km². Más de tres veces Suiza, casi la mitad de Alemania, o casi un tercio de España.
Cuesta imaginar pedir a esos países que esos territorios no sean afectados por actividades como la agricultura o la ganadería. ¿Y los bonos de carbono? Son un paliativo voluntario, que no cubrirían el presupuesto anual del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), de US$20 millones. Sin incluir los costos de otras entidades públicas para afrontar actividades ilegales cercanas a las reservas.
Para el Carnegie Institution for Science, el Perú, especialmente el amazónico, “absorbe” 7 mil millones de toneladas de CO2 anuales, mientras China produce 10,4 mil millones, y Estados Unidos, 5 mil millones de toneladas (según Worldometer). La transacción es evidente: nuestro país favorece la producción de las más grandes economías mundiales sin recibir nada a cambio. Si bien el Acuerdo de París incluye “asistencia financiera” y “aportes voluntarios” para contrarrestar el cambio climático, la posición del Perú es única y debería demandar un pago anual por la protección de sus áreas protegidas.
Entonces, Torre Tagle debería exigir eso en el Acuerdo de París: estamos dispuestos a proteger a toda costa, con monitoreo internacional, la virginidad de todas esas zonas, inclusive ampliarlas, pero a un precio. Y aunque es un precio difícil de calcular, aquí una propuesta: si Indonesia genera US$20 mil millones por año por palma aceitera en 165 mil km² (de ecosistemas destruidos para siempre), entonces, nuestros 150 mil km² protegidos en la Amazonía deberían “valer” US$18 mil millones anuales. Que equivale a 9 veces los ingresos que el Estado recibió por minería en 2019.
El otro extremo sería cuantificar la tonelada de CO2 “secuestrada”, cuyo costo está en 51 dólares en Estados Unidos. Si el Perú captura 7 mil millones de toneladas de CO2 (restándole las 57,6 millones que genera), entonces son US$354 mil millones que debería recaudar por su servicio al mundo. Anual.
Todo esto sin considerar el “precio” incalculable de la biodiversidad. La otra senda es la brasileña, con áreas de selva tan deteriorada que generan más gases de efecto invernadero de los que absorbe. US$18 mil millones anuales en un caso, US$354 mil millones en el otro.
Si consideramos el impacto económico y social que tendría el cambio climático en el mundo, en particular si el Perú no protege su Amazonía, estos costos son bajos. Puede parecer una propuesta exagerada, pero con suficientes argumentos para que nos plantemos firmes por una verdadera retribución por nuestras áreas protegidas. Es un cambio drástico al statu quo insostenible de más del 60% de nuestro país.
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