Según un informe de la Contraloría, Dina Boluarte habría cometido infracción constitucional al intervenir en la gestión de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac.
Por Cecilia Navarrete
Según un reportaje de Canal N, Contraloría habría entregado el viernes un informe a la directiva del Congreso y a Dina Boluarte en el que señala una grave infracción constitucional. Ella habría estado suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo, lo cual es incompatible con su cargo de Ministra de Estado.
Dina Boluarte es vicepresidenta y se viene desempeñando como Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Podría ser destituida de este último cargo. (Foto: El Peruano)
La misma noche que se remitió el informe, Boluarte partió a Davos y el Congreso estuvo cerrado desde esa tarde debido a una fumigación. Por el momento nadie en el Estado ha dado razón del informe.
“La fiscalizada durante el periodo del ejercicio del cargo de Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo, lo cual resultaría incompatible con su cargo de Ministra de Estado. Por lo que, existiría una presunta infracción del artículo 126° de la Constitución Política del Perú, norma cuya supremacía se reconoce en el artículo 51 de la misma Carta magna” indica un párrafo del informe.
¿Qué dice la Constitución a la que hace referencia el informe?
Según el artículo 126º de la Constitución se lee lo siguiente: “Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
La Directiva tomó la decisión de citar hoy a las 11 a.m al Consejo Directivo del Congreso. Si se confirma la infracción al artículo 126º, Dina Boluarte deberá someterse a una acusación constitucional en el Congreso. Podría terminar con su destitución del cargo de ministra, pero no necesariamente de vicepresidenta.
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