Según la comisión liderada por el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, concluyó que la designación del presidente Castillo sería ilegítima. 

Por Cecilia Navarrete

Luego de ocho meses de instalarse la comisión investigadora del proceso de elecciones generales 2021, presentaron sus conclusiones ante el pleno del Congreso. Señalaron que “se ha encontrado presunta responsabilidad penal en el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos”. Los delitos cometidos serían abuso de autoridad y usurpación de la función pública.

El fiscal Luis Arce renunció al cargo de miembro del JNE, que según el artículo 16 de la Ley del JNE, el cargo es irrenunciable. Por lo tanto, que Ávalos haya aceptado la renuncia y designado a un reemplazo, es una muestra de que habría “asumido funciones que no le correspondían”.

Por otro lado, Montoya manifestó que “Dina Boluarte nunca debió pertenecer a la plancha de Perú Libre porque la ley se lo impedía”, debido a que no había renunciado con seis meses de anticipación a su cargo en la RENIEC. Al ser incluidos, la plancha presidencial de Perú Libre no debió ser admitida.

Informe en minoría de Sigrid Bazán

Sigrid Bazan presenta informe

Sigrid Bazán, de cambio democrático, determinó que no existió fraude electoral. (Foto: La República).

El informe presentado por la congresista de Cambio Democrático mostró las conclusiones de diferentes entidades, como la OEA, la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo, que participaron en los comicios del 2021. Resolvió que no hay fraude.

El documento también dice que no existe evidencia presentada que manifieste la existencia de actos contrarios a la norma electoral. Mientras que Montoya recomienda reformas legales, constitucionales y políticas.

En sus recomendaciones, Bazán resolvió que “el Congreso de la República no puede ser utilizado como un espacio para cuestionar resultados electorales reconocidos como válidos por organismos nacionales e internacionales. Más aún cuando se cuenta con evidencia documentada de que los comicios han sido realizados de manera transparente”.

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