La vicepresidenta confirmó que realizó los trámites ilícitos, aunque asegura que fue para completar una operación pendiente desde antes que fuese ministra.
Por Sergio Herrera
La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, admitió que gestionó administrativamente a favor del Club Apurímac, mientras ya ejercía funciones como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Recientemente, se comprobó que el 7 de abril de este año siguió firmando como representante legal del club departamental. Esta operación se dio con el fin de tramitar una licencia de funcionamiento ante la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima.
Boluarte ha reconocido que suscribió la petición, pero argumentó que fue porque su sucesora en la presidencia del Club Apurímac no había «inscrito todavía su representación legal por temas burocráticos». Ella asegura que el trámite lo realizó como parte de un proceso pendiente desde antes que fuera ministra. «Lo que se ha venido haciendo en esta temporada es regularizar aquello que empezó en el 2019. Eso es lo que se ha venido haciendo. No se ha venido haciendo ningún otro acto nuevo, se viene regularizando documentos iniciados mucho antes inclusive que fuera candidata a la vicepresidencia o haya sido ministra de Estado», señaló Boluarte.
No piensa dar un paso al costado
Dina Boluarte en la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Ya entonces, la vicepresidenta había acusado a la oposición de atacar sin fundamentos al gobierno de Castillo. Además de negar los cuestionamientos de la Contraloría contra su persona.
A pesar que infringió la Constitución, Boluarte descartó su renuncia a ambos cargos públicos. «Ha sido el pretexto perfecto para la derecha y los señores del APRA y del fujimorismo para ir sobre la vacancia (presidencial)», se justificó la vicepresidenta. Asimismo, aseguró que se debía respetar la decisión popular que significó su elección y la del presidente Pedro Castillo.
Finalmente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará en su próxima sesión la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por infringir el artículo 126º de la Constitución de 1993. Boluarte asegura que la Contraloría General de la República impidió que se defienda. Cuando en realidad, el organismo autónomo le solicitó sus descargos dos veces y ella respondió a ambas solicitudes.
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