Presentamos a Rollin Thorne Davenport, nuestro nuevo columnista. Es licenciado en ciencias políticas y relaciones internacionales por la Universidad de Westminster y cuenta con una maestría en desarrollo económico por la Universidad de Cambridge. Actualmente, trabaja como asesor parlamentario en el Congreso de la República.
Por Rollin Thorne Davenport
El proyecto cuprífero de Las Bambas, ubicado en la región Apurímac, es quizás uno de los eslabones más significativos de la economía peruana. La explotación del yacimiento suple aproximadamente el 2% de la demanda de cobre mundial y sostiene el 75% del total del PBI de la región. Además, por medio de su contribución al dinamismo económico regional, el proyecto ha aportado a incrementar el PBI per cápita de Apurímac del puesto 23 en el 2007 al puesto 8 en el 2020 a nivel nacional. Es, sin duda, una operación minera de trascendencia mundial, representando alrededor del 1% del PBI, el 9% del PBI minero y el 15% de la producción total de cobre del Perú.
A pesar de esto, desde el inicio de sus operaciones en el 2016, el proyecto se ha visto envuelto en una compleja maraña de sucesivos conflictos sociales, los cuales han enfrentado a las comunidades de la zona —principalmente Fuerabamba y Huancuire— con líderes corporativos de la empresa de capitales chinos MMG Limited y autoridades del Poder Ejecutivo. No obstante, las últimas semanas han significado una profundización del conflicto entre los diversos grupos de interés del proyecto, ya que desde abril de este año miembros de seis comunidades aledañas invadieron los terrenos de la mina, provocando daños a la propiedad de la empresa y constantes enfrentamientos con la policía. Aunque se ha logrado pactar una tregua entre las comunidades y el gobierno que permitirá la reanudación de las operaciones productivas, existen pocas garantías reales de que los enfrentamientos no volverán a ocurrir en el corto plazo.
Las Bambas y Castillo
Desafortunadamente, el gobierno del presidente Pedro Castillo ha hecho poco por articular los esfuerzos necesarios para amilanar el clima de violencia que existe actualmente en la zona, a pesar que, si alguna experiencia tenía el presidente por sobre todo, era con relación a situaciones de conflictividad social. Sin embargo, como sostuvo recientemente el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Miguel Cabrejos, el gobierno ha tomado un rol de veedor en lugar de ponerse al frente de las mediaciones entre las partes, debiendo ejercer un papel de liderazgo y garante del diálogo y la ley. Esto, lamentablemente, consolida un precedente que no hará más que agudizar la conflagración entre las partes durante la presente administración del presidente Castillo.
¿Cuál, sin embargo, es la solución a un problema de conflictividad que ha generado que la operación de Las Bambas agregue un total de 400 días de parálisis desde que inició sus operaciones? No hay una solución definitiva. Sin embargo, para lograr potenciar el corredor minero sur —y por ende Las Bambas— como una zona minera competitiva y socialmente viable en el largo plazo, es fundamental que existan sinergias en la infraestructura existente. En este sentido, se debe revaluar el proyecto de construcción de la red ferroviaria que conecte los principales yacimientos de la zona con el puerto de San Juan de Marcona en Nazca. Esto no sólo aportará a resolver de una forma sustancial la conflictividad en torno al flujo de camiones, sino que contribuirá a incrementar la competitividad del sector en conjunto, fomentando proyectos de exploración de otros metales —como el mineral de hierro, por ejemplo— que sólo son rentables si se extraen y transportan en grandes volúmenes.
En esta línea, es trascendental que el Ejecutivo se ponga al frente de las negociaciones entre las comunidades y la empresa y establezca las bases que incluyan, por sobre todo, las condiciones de diálogo que se complemente con el respeto a la propiedad y el Estado de derecho. Sólo de esta forma, se podrá empezar a mirar hacia una solución que consolide la minería del sur del país dentro de un marco de mayor competitividad y viabilidad.
*El autor es actualmente asesor parlamentario en el Congreso de la República.
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