Mientras tanto, el Congreso de la República dispone de 10 días para presentar el informe final de la denuncia contra la vicepresidenta para inhabilitarla por 10 años de la función pública.
Por Sergio Herrera
Dina Boluarte, vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, apeló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intentar suspender la acusación constitucional en su contra. El Congreso de la República promueve esta misiva que busca inhabilitarla de toda función pública por 10 años.
Como se recuerda, el Pleno acusa a Boluarte de ejercer el cargo de presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya ejercía cargos públicos. Partiendo de esa controversia, de acuerdo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, existe una presunta infracción del artículo 126 de la Carta Magna. Según este inciso, “los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa”.
La defensa se pronuncia
Alberto Otárola, abogado de Dina Boluarte, informó que el 23 de junio, la denuncia de su clienta fue presentada en Washington. También se envió una solicitud cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “En petición acusamos afectación de los derechos a la defensa, debido proceso y de legalidad. Demostramos orientación indebida de informe de Contraloría y adelanto de opinión de congresistas que han anunciado que votarán la inhabilitación política por 10 años”, asegura el abogado constitucionalista.
Asimismo, Otárola asegura que en la solicitud de Boluarte se ha pedido a la CIDH que se respete el derecho popular a elegir sus autoridades políticas por cinco años. No por el plazo que el Congreso decida “arbitrariamente”.
La presentación del informe
Este viernes 1 de julio, con 22 votos a favor y cero abstenciones, la Comisión Permanente de la República otorgó 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe final de la denuncia constitucional contra Boluarte. De este modo, la Comisión decide no variar la denuncia contra la vicepresidenta por la presunta infracción constitucional.
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