No cabe duda que la economía peruana se caracteriza por ser altamente informal. Esta lamentable condición tiene un impacto enormemente nocivo para el bienestar nacional, tanto en los niveles de recaudación fiscal como en la precarización del empleo. Lamentablemente, en los últimos años, el país ha venido retrocediendo en este frente y el Ejecutivo está haciendo poco por revertir la tendencia.
El índice desbordado de empleo informal es una propiedad particularmente preocupante de la dinámica económica del país. De acuerdo a cifras recientes publicadas por el INEI, 3 de cada 4 empleados labora en condiciones informales. Esto se traduce en empleos poco productivos, con baja estabilidad y con beneficios sociales inexistentes. Lo mas desafortunado es que este inaceptable rendimiento se ha elevado últimamente, en particular en el contexto de la propagación del COVID-19. En este sentido, el 2021 registró un incremento de 1,5% de la tasa de informalidad con relación al 2020, mientras que en el 2020 esta fue 4,1% mayor al año anterior.
No obstante, quizá otro componente innato de la economía peruana es la virtual inexistencia de empresas medianas. Del total de empresas formales existentes en el país, apenas el 0,1% pueden ser consideradas como medianas, mientras que las MYPES representan el 99,4% y las grandes el 0,4%. En términos de recaudación, las MYPES equivalen a aproximadamente el 20%, a pesar de consolidar a la mayoría de contribuyentes. No obstante, la singularidad que llama la atención —en comparación a otros países de la región— es la falta de empresas de tamaño intermedio.
Las empresas necesitan incentivos
Esta condición se da debido a diversos factores. Sin embargo, se podría hacer énfasis en dos de ellos: simplificación tributaria y encadenamiento. Con relación al ámbito tributario, es indispensable que el Estado impulse un proceso real de digitalización que genere los incentivos adecuados para que las MYPES incrementen su contribución al erario público. Asimismo, se debe evaluar la conveniencia de continuar manteniendo regímenes tributarios diferenciados para las MYPES, en lugar de impulsar un régimen único de impuesto a la renta que sea progresivo. Esto sería mucho más beneficioso para las empresas de menor tamaño ya que reduciría la presión tributaria asociada al crecimiento y evitaría su atomización.
Las MYPES equivalen a aproximadamente el 20% de la recaudación, a pesar de consolidar a la mayoría de contribuyentes.
Otro factor que contribuye a la virtual inexistencia de empresas medianas está relacionado a su encadenamiento en las cadenas de valor de empresas de mayor tamaño. En este sentido, resulta fundamental que el Estado establezca las condiciones normativas y políticas necesarias para atraer inversión privada que se canalice hacia proyectos con alta demanda de empleo. Este, por poner un ejemplo, es el caso del proyecto de irrigación Majes Siguas II, a través del cual se estima que se generarán aproximadamente 106,000 nuevos empleos directos y 80,000 empleos indirectos.
Es imperativo que la actual administración del presidente Pedro Castillo —quizá dentro de su programa de planteamientos en su próximo mensaje a la Nación— muestre un compromiso claro con corregir la preocupante tendencia en torno al incremento de la informalidad y el enanismo empresarial. Sin duda, es uno de los problemas endémicos del Perú pero, desafortunadamente, los resultados actuales no son suficientes.
*El autor es actualmente asesor parlamentario en el Congreso de la República.
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