El Estado debe dar señales de que reconoce la importancia de la estabilidad en el sector minero y promover normativa que impulse el desarrollo de nuevos proyectos de exploración a lo largo del territorio nacional.
Es indudable que la minería representa uno de los pilares esenciales de la economía peruana. El sector, tal como lo sostuvo la actual presidenta de Perumin, Claudia Cooper, en la inauguración del foro en Arequipa esta semana, tiene el potencial para generar aproximadamente 4 millones de empleos formales —tanto de forma directa como indirecta— y mover inversiones por US $53,000 millones. Debido a esto, el desarrollo de la industria minera debe ser transversal y estar en la cumbre de la lista de prioridades del gobierno. Esto, no solo por la capacidad que tiene la minería de contribuir sustancialmente con la recuperación económica en un contexto post-pandemia, sino también por las cualidades intrínsecas que tiene el sector como agente de desarrollo en las zonas más rurales e inhóspitas del país.
Sin embargo, la proyección hacia el largo plazo es decisiva para el desenvolvimiento del sector. La recurrente carencia de comprensión de su importancia es, quizá, el motivo por el cual el Perú reúne un significativo conjunto de oportunidades perdidas. El Estado no ha hecho lo suficiente por consolidar un ecosistema de estabilidad y certeza en el largo plazo. Por el contrario, la actual administración del presidente Pedro Castillo ha perjudicado el panorama a futuro. A través del impulso de políticas públicas deficientes que reducen la competitividad del sector —como prohibir la tercerización laboral, por ejemplo—, junto con la sostenida designación de funcionarios con serios cuestionamientos éticos y profesionales no genera la institucionalidad sectorial necesaria para promover la atracción de inversión privada.
El Estado debe dar señales de que reconoce la importancia de la estabilidad en el sector minero y promover normativa que impulse el desarrollo de nuevos proyectos de exploración a lo largo del territorio nacional.
En este sentido, no sorprende que el pipeline de nuevos proyectos de exploración minera esté prácticamente agotado. Si bien la actual coyuntura económica global es desfavorable debido a una posible recesión en EE.UU. y presiones inflacionarias, la incapacidad del actual gobierno por generar certeza en el futuro también se ha convertido en un obstáculo sustancial. La reciente decisión de la empresa minera estadounidense Newmont de postergar el proyecto Yanacocha Sulfuros —el cual representa una inversión de aproximadamente US$ 2,500 millones— para mediados del 2024, por ejemplo, es una de varias señales de que el Perú no es actualmente atractivo para la gran inversión minera.
Es imperativo que el país no continúe perdiendo oportunidades considerables de inversión debido a su falta de proyección en el largo plazo. El Estado debe dar señales de que reconoce la importancia de la estabilidad en el sector minero y promover normativa que impulse el desarrollo de nuevos proyectos de exploración a lo largo del territorio nacional. En este sentido, la inversión pública en infraestructura productiva es crucial y es importante que se articulen sinergias sectoriales para incrementar el potencial de la economía nacional. El Estado tiene que posicionarse como un soporte que acompañe la proyección de la inversión en el largo plazo, de lo contrario la competitividad del país sufrirá las consecuencias.
*El autor es actualmente asesor parlamentario en el Congreso de la República.
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