La incapacidad de los gobiernos subnacionales para ejecutar con calidad los recursos disponibles es notoria.
Las elecciones regionales y municipales del domingo pasado han sido enormemente reveladoras en torno al panorama político nacional. Es notorio que, tanto Lima como las regiones del país, han rechazado contundentemente las propuestas ideológicas de Perú Libre en favor de opciones marcadamente de oposición como Renovación Popular y otros movimientos regionales. En esta línea, es manifiesto que el partido que llevó al gobierno al presidente Pedro Castillo ha perdido un importante respaldo por parte de la ciudadanía.
No obstante, Perú Libre sí logró consolidar la victoria en un distrito crucial: la municipalidad distrital de Challhuahuacho. Esta localidad se encuentra en la zona de influencia de la operación cuprífera de Las Bambas y constituye una de las más ricas del país debido a la recaudación del canon minero. ¿Cómo puede, entonces, un partido cuya doctrina es expresamente opositora al desarrollo minero nacional tener tanto arraigo en una zona que depende sustancialmente de la minería? Esta dicotomía es, quizá, una constante en el desenvolvimiento sociopolítico nacional y revela la profunda desconexión que existe actualmente entre la generación de riqueza y el bienestar, particularmente en las regiones más empobrecidas del país.
Los gobiernos subnacionales arrastran un significativo déficit de gestión que representa un obstáculo importante en torno al cierre de la brecha entre la generación de recursos fiscales descentralizados y la ejecución de proyectos que beneficien directamente a la ciudadanía.
Las administraciones regionales y municipales han fracasado abismalmente en su tarea de emplear adecuadamente los recursos provenientes del sector privado para llevar a cabo inversión pública que aborde las enormes necesidades básicas que tiene la población.
La abundancia de recursos fiscales
En particular, el sector minero constituye un aporte trascendental a la recaudación fiscal. En el periodo 2010-2019, por ejemplo, la industria aportó en promedio el 10% del total de ingresos tributarios al erario público. Tan solo en el primer semestre del 2021, la minería contribuyó el 16,8% de todos los ingresos fiscales del Estado. En esta misma línea, entre el 2004 y el 2021 los gobiernos subnacionales recibieron aproximadamente S/. 65,997 millones por concepto de canon y regalías mineras, de los cuales S/. 51,477 millones fueron distribuidos a gobiernos locales y S/. 14,520 millones a gobiernos regionales.
Es evidente que la carencia de recursos fiscales no es el problema. Empero, la incapacidad de los gobiernos subnacionales para ejecutar con calidad los recursos disponibles es notoria. Por ejemplo, en la localidad de Yarabamba en Arequipa, tan solo el 11% de la población tiene acceso a agua limpia por red pública, a pesar de que la municipalidad distrital ha recibido un presupuesto de aproximadamente S/. 359 millones en el periodo 2016-2020. Asimismo, la ejecución nacional promedio de los recursos del canon durante el periodo 2009-2018 fue de tan solo 66%, según data de la SNMPE. Esto es inaceptable en un país con brechas sociales significativas y con enormes necesidades de infraestructura pública.
Es indispensable que el Ejecutivo reconozca el fracaso del modelo actual de descentralización y genere las sinergias necesarias con el sector privado para suplir las sustanciales brechas de gestión que existen actualmente en las regiones del país. Es fundamental mejorar la capacidad que tienen los gobiernos subnacionales para hacer buen uso del presupuesto público que producen los contribuyentes, de lo contrario el Perú jamás podrá resolver la desunión que existe entre el legítimo descontento ciudadano y la generación de riqueza.
*El autor es actualmente asesor parlamentario en el Congreso de la República.
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