Es de crucial importancia que el país asimile las lecciones que ha generado la accidentada elección presidencial del 2021 y el rotundo fracaso del gobierno del expresidente Pedro Castillo, quien incluso se reveló como un golpista dispuesto a amedrentar el orden constitucional con el fin de impulsar su propia agenda política.
Por Rollin Thorne Davenport
La política peruana ha llegado —como ha sido recurrente en los últimos años— a un nuevo punto de inflexión. El burdo golpe de Estado fallido perpetrado por el expresidente Pedro Castillo y su subsecuente vacancia ha generado una serie de protestas y disturbios descentralizados que han puesto a la ciudadanía y a algunas instituciones del Estado en desasosiego. En esta lamentable coyuntura, es fundamental que el Ejecutivo liderado por la flamante presidenta Dina Boluarte responda con firmeza y responsabilidad ante actos delincuenciales y pueda generar los espacios de negociación necesarios con el Legislativo para poder delinear un pacto mínimo de reformas que logren fortalecer el sistema político en torno a las próximas elecciones generales.
El portafolio de reformas políticas contempladas por la agenda pública es sumamente diverso. No obstante, quizá una reforma con el impacto más significativo que pueda reforzar la relación entre la ciudadanía y sus representantes en el Congreso de la República es la renovación por mitades. En este sentido, la mitad del Parlamento se podría renovar cada dos años y medio, proveyendo así a la población con la posibilidad de castigar o premiar con su voto a los grupos políticos que hagan una buena o mala labor legislativa. De esta forma, las elecciones parlamentarias a la mitad del periodo presidencial servirían también como una válvula de escape para la conflictividad política entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo —tal como la que hubo en el congreso disuelto por el expresidente Vizcarra, por ejemplo—, promoviendo así que el Parlamento tenga una mejor relación con el Ejecutivo y una conexión más estrecha con las percepciones y reclamos ciudadanos.
El portafolio de reformas políticas contempladas por la agenda pública es sumamente diverso.
Asimismo, otra reforma política crucial que se ha discutido de sobremanera en el Parlamento es el retorno a un sistema bicameral compuesto por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Esta reforma, si bien fue rechazada en el referéndum convocado durante el gobierno del expresidente Vizcarra, merece ser revaluada ya que es de vital importancia para diseñar un buen funcionamiento legislativo. En un sistema bicameral, la cámara baja —electa a través de un sistema de elección proporcional— se podría enfocar en las cuestiones políticas de coyuntura y en la problemática regional mientras que los senadores —electos por distrito único nacional—, más allá de su mandato revisor, podrían ejercer una posición más general en torno a los problemas nacionales. Además, esta urgente reforma constitucional se podría combinar con la posibilidad de que los candidatos a la Presidencia de la República puedan postular, en simultáneo, a la cámara alta del Parlamento. Así, los candidatos presidenciales que no resulten electos podrían desempeñar un rol de liderazgo político desde sus respectivas bancadas en el Congreso, fortaleciendo de esta forma la representación de sus partidos políticos en torno a los siguientes comicios generales.
Es imperativo que las instituciones políticas —principalmente el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República— estén a la altura de las difíciles circunstancias por las que atraviesa actualmente el Perú. Es de crucial importancia que el país asimile las lecciones que ha generado la accidentada elección presidencial del 2021 y el rotundo fracaso del gobierno del expresidente Pedro Castillo, quien incluso se reveló como un golpista dispuesto a amedrentar el orden constitucional con el fin de impulsar su propia agenda política. No obstante, el Ejecutivo y los parlamentarios deben mantenerse por encima de este difícil contexto para poder negociar una salida rápida y contundente a la crisis, que incorpore reformas políticas sustantivas que logren fortalecer —aunque sea un poco— la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
*El autor es actualmente asesor parlamentario en el Congreso de la República.
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