Hay un extendido afán de distorsión de hechos y situaciones sobre la realidad peruana, desde algunos gobiernos de la región y otros de Europa, que presenta a Pedro Castillo como víctima del golpe de Estado que el mismo expresidente perpetró, y a su sucesora Dina Boluarte como entera responsable de una escalada de violencia radical provocada por quienes perdieron el poder.
Por Juan Paredes Castro
Es tal la hipocresía y el fardo ideológico que llevan dentro algunos mandatarios concurrentes a la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) convocada en Buenos Aires, Argentina, que no tienen empacho en moverse como peces en el agua en este organismo y en otros de su tipo, al mismo tiempo de sabotear abiertamente o por lo bajo a gobiernos democráticos de la misma región que no comulgan con sus ruedas de molino.
Las diplomacias que dirigen estos mandatarios han pasado de haber sido absolutamente complacientes con el gobierno autoritario de Castillo a ser ahora absolutamente confrontacionales con el democrático de Dina Boluarte. Es más: poniendo en grave riesgo largas e históricas relaciones de Estado a Estado, al colocar de por medio el interés subalterno de responder a los designios del socialismo del Siglo XXI, promovido en la región eminentemente como un proyecto desestabilizador de las democracias y economías exitosas y sus estables sistemas constitucionales.
Un ejemplo mundial ilustrativo de esta hipocresía lo constituyen los mandatarios Manuel López Obrador, de México; Luis Arce, de Bolivia; Gustavo Petro, de Colombia; Nicolás Maduro, de Venezuela; Daniel Ortega, de Nicaragua; Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Alberto Fernández, de Argentina, y ahora también Gabriel Boric, de Chile, que no dejan de asistir a cuanta cumbre latinoamericana son invitados ni de invocar las bondades de la OEA cada vez que pueden, mientras echan a rodar sus compromisos prioritarios con los foros de São Paulo y Puebla, orientados a imponer en la región una maquinaria político-ideológica de izquierda no democrática y más bien autoritaria, que ahí donde está y funciona no exhibe otra cosa que subdesarrollo, pobreza y corrupción. Un agente estratégico de estos foros es el expresidente boliviano Evo Morales, recientemente involucrado en operaciones de agitación social y separatismo territorial en el sur peruano, por lo que se le ha negado el ingreso al país.
“Los mandatarios Manuel López Obrador, de México; Luis Arce, de Bolivia; Gustavo Petro, de Colombia; Nicolás Maduro, de Venezuela; Daniel Ortega, de Nicaragua; Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Alberto Fernández, de Argentina, y ahora también Gabriel Boric, de Chile, no dejan de asistir a cuanta cumbre latinoamericana son invitados ni de invocar las bondades de la OEA cada vez que pueden”, resalta Paredes Castro.
No es una casualidad que de las cuatro economías más desarrolladas de la región, después de Brasil –que hace pocos años constituían el Arco del Pacífico, es decir, México, Colombia, Chile y Perú–, las dos primeras ya estén prácticamente gobernadas bajo parámetros socialistas y con indicadores preocupantes, y las otras dos, amenazadas por el fantasma radical de asambleas constituyentes que no tienen otro objetivo que sustituir cartas políticas de larga estabilidad y que en ambos casos generaron durante por lo menos tres décadas un sostenido y expectante crecimiento, con el único grave pero superable error de no haber sido social y suficientemente distributivo.
Si los titiriteros de los foros de Puebla y São Paulo pensaron que Pedro Castillo se convertiría en la pieza ideal y efectiva de su tablero de ajedrez contra la democracia y la economía peruana, se equivocaron enormemente. Castillo no solo resultó un incompetente total para sus fines políticos, sino que se convirtió rápidamente, desde sus primeros días en el Gobierno, en el cabecilla de una organización criminal, según definición del Ministerio Público que investiga sus delitos, entre ellos, el tráfico de influencias. Igualmente, cometió el error garrafal de plantear una Asamblea Constituyente, inexistente en el ordenamiento jurídico del país, además de hacerlo desde el Gobierno y fuera del ámbito propio para el caso, el Congreso. De ahí que prácticamente fracasara lo que fue una bandera importante de su elección presidencial: la promesa de una nueva Constitución.
La última gran torpeza de Castillo fue intentar ejecutar un golpe de Estado que seguramente tenía pensado y planeado, pero que, llegada la hora y cercado por las denuncias de corrupción en su contra, resultó un acto fallido. Sin embargo, se dio maña para sostener que su vacancia de la presidencia, a raíz precisamente de ese acto fallido de rebelión, había constituido un atentado contra su investidura constitucional cometido por el Congreso, y para culpar a la Fiscalía de la Nación, que ordenó su detención cuando se dirigía a solicitar asilo a la embajada de México. Contra toda racionalidad, muchos de sus seguidores se aferran todavía a la idea de que Castillo fue vacado injusta e ilegalmente y que, por consiguiente, la presidenta Dina Boluarte, que lo sucedió en el poder, habría incurrido en un imperdonable acto de traición a quienes fueron sus compañeros de ruta.
La escalada de violencia prolongada que vive intensamente el Perú en estos días, con un lamentable costo de cincuenta muertos, respecto de los cuales unos atribuyen responsabilidad directa al Gobierno, otros a las fuerzas del orden y terceros a quienes expusieron a personas inocentes como carne de cañón de los enfrentamientos, es sin duda producto de lo que Castillo había planeado como reacción desmedida y fuera de control para el caso en que hubiera sido vacado del cargo, como en efecto sucedió, o para el caso en que hubiera tenido que resistir los embates de una oposición muy fuerte si su golpe de Estado hubiese funcionado, con el eventual respaldo de las Fuerzas Armadas.
“La Cancillería de la República no puede actuar fuera de foco y fuera de rumbo, como hasta meses atrás, esto es, como si no supiera lo que efectivamente pasa en el país y como si no entendiera cómo y en qué dirección debe poner las cuestiones de fondo”, resalta Paredes Castro. En la foto: Ana Cecilia Gervasi, Canciller de la República, en un reciente enérgico discurso. Vale tarde que nunca.
Lo que tenemos ahora en el panorama interno y externo es otra escalada, igual de peligrosa y desestabilizadora: la que pretende victimizar a Castillo, cuyos delitos penales denunciados por el Ministerio Público nadie parece tomar en cuenta; la que busca satanizar al gobierno de Dina Boluarte calificándolo de dictatorial e inclusive genocida, y la que se empeña en distorsionar en medios nacionales e internacionales los hechos que se desprenden del golpe de Estado de Castillo y de la actuación de las Fuerzas Armadas y Policiales para restablecer el orden legal y constitucional, habida cuenta de que las autoridades fiscales y judiciales están encargadas de individualizar, investigar y sancionar las responsabilidades por los excesos cometidos.
Frente a esto último, a la distorsión de los hechos y de la realidad peruana, y frente a la actitud desestabilizadora de algunos gobernantes, la Cancillería de la República no puede actuar fuera de foco y fuera de rumbo, como hasta meses atrás, esto es, como si no supiera lo que efectivamente pasa en el país y como si no entendiera cómo y en qué dirección debe poner las cuestiones de fondo, como la no injerencia en los asuntos internos y el no reconocimiento de un Estado que precisamente desconoce abiertamente al nuestro, en su investidura presidencial. Además de tener que contrarrestar la hábil y desembozada campaña montada en el exterior para pintar al gobierno de Dina Boluarte de antidemocrático y reñido con los derechos humanos. No bastan meros comunicados que finalmente pocos o nadie lee. Se trata de movilizar argumentos y respuestas claras y persuasivas mediante una diplomacia directa y activa. Claro que ello demanda una decisiva voluntad política de la Cancillería de salir urgentemente en defensa de la imagen del Perú, hoy en día enfrentado, entre otras cosas, a la pérdida de miles de reservas de turistas, y en algunos casos igualmente importantes, a la pérdida de mercados de nuestras agroexportaciones.
Quien lidera la diplomacia peruana tiene que ser perfectamente consciente de la necesidad de marcar el paso de la presidenta Dina Boluarte y dejar de marcar el paso de Castillo, por más inercia que aún sienta la institución. De embajadores a primeros secretarios, se requiere un alineamiento cohesionado con las necesidades de la política exterior peruana como Estado, más que como Gobierno. No confundir, como diplomáticos que son, las lealtades al Estado y a los clásicos principios de Torre Tagle, por encima de las que corresponden al gobierno de turno. Ya es hora de que la diplomacia peruana revise profundamente los actos y funciones de quienes han desempeñado altos cargos de responsabilidad en momentos en que la democracia ha tenido prácticamente que sobrevivir bajo el autoritarismo corrupto de Pedro Castillo.
“Ya es hora de que la diplomacia peruana revise profundamente los actos y funciones de quienes han desempeñado altos cargos de responsabilidad en momentos en que la democracia ha tenido prácticamente que sobrevivir bajo el autoritarismo corrupto de Pedro Castillo”, sostiene Paredes Castro.
El Perú no puede caer en el juego de las diplomacias fuera de foco y confrontacionales de México, Bolivia, Colombia, Venezuela, Argentina y ahora Chile, pero tiene que hacer respetar las relaciones de Estado a Estado con ellas, distinguiendo el trato personal que sus respectivos mandatarios merecen, algunas de cuyas declaraciones públicas, como las de López Obrador, Petro, Arce y Boric, manifiestamente provocadoras e impertinentes, debieran tener respuestas firmes y severas de nuestra Cancillería, pues van más allá de la inaceptable injerencia en asuntos internos del país.
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