«El Gobierno debe apartar de estos esfuerzos a grupos fanáticos con posiciones intransigentes y claramente ajenas a la consolidación de un Estado de derecho”.
En un reciente mensaje a la Nación , la presidenta Dina Boluarte llamó a la calma y sostuvo que su gobierno tiene todo bajo control en torno al agitado contexto de convulsión social que atraviesa actualmente el país. Lamentablemente, nada más lejos de la realidad. En días recientes, se ha visto cómo grupos de vándalos, escudados en un fanatismo ideológico irrealizable han sido reiterativos en sus intentos por dañar infraestructura estratégica en diversas regiones del país.
«Hoy, diversos grupos de izquierda radical, amparados en prejuicios ideológicos desfasados, se dedican a convocar manifestaciones que de pacíficas han tenido muy poco».
Estos designios, combinados con los recurrentes enfrentamientos violentos con la policía que han causado la muerte –hasta el momento– de cuarenta y cinco ciudadanos, son una clara muestra de que el Ejecutivo no está logrando preservar la calma y garantizar una de las responsabilidades más elementales del Estado: la consolidación de un ambiente de paz.
El país ha sido testigo de cómo, desde que Pedro Castillo asumió el poder en julio de 2021, su gobierno se dedicó a azuzar las contradicciones sociales y a promover un clima de división y conflicto entre peruanos. Inclusive, el expremier Aníbal Torres vaticinó que correrían “ríos de sangre” en el supuesto de una vacancia del entonces presidente Castillo. En efecto, esto es lo que ha venido sucediendo. Hoy, diversos grupos de izquierda radical, amparados en prejuicios ideológicos desfasados, se dedican a convocar manifestaciones que de pacíficas han tenido muy poco. Esto, desafortunadamente, no solo ha causado el lamentable fallecimiento de decenas de ciudadanos y considerables daños a la propiedad pública y privada –que incluyen la pérdida de una centenaria casona en el centro histórico de Lima con un significativo valor patrimonial–, sino que pone en vilo al país en torno a su futuro. Esta incertidumbre, quizá, sea el daño más extenso de todos.
La certeza sobre el futuro es un componente fundamental para el desenvolvimiento de toda economía próspera. Por el contrario, la incertidumbre rezaga todo proceso de toma de decisiones y afecta el crecimiento del país. El actual contexto de violencia y la carencia de una salida visible a la crisis son señales de peligro e inestabilidad significativas que frenan la inversión privada y generan una costosa factura en términos de crecimiento, generación de empleo e ingresos futuros. En este sentido, los efectos perniciosos de la crisis, por ejemplo, ya se empiezan a resaltar en el sector turismo. El recurrente bloqueo de carreteras, sumado a intentos de tomar diversos aeropuertos y vías férreas, ha ocasionado pérdidas para el sector de más de S/40 millones en lo que va del año, tan solo en Cusco.
En este contexto, es imperativo que el Ejecutivo priorice el restablecimiento del orden, la calma y el diálogo en el corto plazo. En democracia, los mecanismos de diálogo son esenciales para preservar la cohesión social. No obstante, el Gobierno debe apartar de estos esfuerzos a grupos fanáticos con posiciones intransigentes y claramente ajenas a la consolidación de un Estado de derecho. La consigna de la izquierda radical ha sido polarizar y aprovechar el clima de descontento y violencia para empujar sus banderas ideológicas, la mayoría de ellas –como el cierre del Congreso, la liberación de Castillo o la convocatoria a una Asamblea Constituyente– imposibles jurídicos. Es de suma importancia que el Estado dé señales reales de control en este complicado contexto. De lo contrario, el costo futuro del caos, en detrimento del bienestar de todo el país, será cuantioso.
*El autor es actualmente asesor parlamentario en el Congreso de la República.
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