El abogado y analista Ángel Delgado explica la raíz política de las protestas subversivas, critica las fallas del sistema de inteligencia y advierte sobre las amenazas de las próximas elecciones.
Por Carlos Cabanillas
Si vemos el mapa de las protestas, el problema empieza en Apurímac, luego pasa por Puno y ahora hablamos de Ica.
La violencia que el Perú vive en estos momentos tiene una distribución multisectorial de tipo general, porque no responde a ninguna base étnica ni a una situación de pobreza.
No es un tema identitario ni de pobreza extrema.
Algunos han querido ver la presencia aimara en Puno como una suerte de reivindicación contra el centralismo racista, discriminador y limeño. El enfoque de este conflicto tendría una base étnica. Pero esa explicación se quiebra cuando vemos cómo el conflicto se ha trasladado a Ica. Ica no solamente pertenece al universo cultural criollo y costeño, sino que además ha sido uno de los experimentos más importantes para la consolidación de una agricultura de exportación.
Lo que también refuta la teoría de que las manifestaciones responden a la pobreza extrema.
Así es. La agricultura de exportación ha generado una prosperidad inusitada en la región, al punto que en Ica hay pleno empleo. Entonces, ¿cómo habiendo una situación objetiva donde la modernización ha dado resultados positivos se produce una violencia insensata que destruye justamente las bases productivas de estos complejos agrícolas? Eso es parte de la locura. Por eso este conflicto hay que explicarlo no desde las diferencias étnicas o económicas, sino desde la impronta política. Y el punto de partida es la caída de Castillo.
¿Por qué los gobiernos de la región están tan interesados en el Perú?
Porque en el Perú se está dando una batalla por la libertad.
Pero no es algo solo ideológico…
Es ideológico y político, pero además en la zona sur del país hay recursos que interesan a las potencias vecinas. El litio, por ejemplo, es un material que abunda en el sur del Perú. Y Bolivia siempre ha tenido ambiciones expansionistas. Alguna vez Puno perteneció a la Real Audiencia de Charcas, que después se convirtió en Bolivia. En el caso de Chile, se intenta llegar a la zona hídrica del sur del país, porque el problema chileno es la escasez de agua. Además está el gas de Camisea. Y todos estos intereses están envueltos en un paquete ideológico y político que es el socialismo del siglo XXI, al cual se han arrimado versiones más antiguas del maoísmo terrorista de Sendero Luminoso y el castrismo guerrillero del MRTA. Ese bloque está asediando a la democracia peruana.
Pareciera que no hay un trabajo profundo de inteligencia para cortar los suministros de financiamiento. Hay un déficit.
Hay un déficit de inteligencia. Debemos hacer un poco de historia. El Perú tuvo una inteligencia excelente. La inteligencia peruana pudo capturar a la cúpula de Sendero Luminoso, con Abimael Guzmán a la cabeza. Algo que no ha sucedido en el resto de América del Sur, que no ha tenido una asonada terrorista tan extremista. Este legado ha sido desvirtuado en los años siguientes por la asunción al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa de sectores vinculados al ‘caviaraje’, el cual ha ido desmontando poco a poco la capacidad instalada que tenía nuestro servicio de inteligencia. La policía solo tiene una posición reactiva, y por eso ellos están dos pasos adelante. Hay que entender que no estamos ante protestas sociales, las cuales además están prohibidas en un estado de emergencia
¿Por qué hay tanto afán en adelantar las elecciones al 2023?
Allí hay una suma de intereses mezquinos. El interés es que los actores sean los mismos.
Y que el elector vote con rabia, como en 2021.
Se debe permitir el tiempo suficiente para que los candidatos se conecten con el electorado y desarrollen una campaña total. No fue así en 2021, porque estábamos en el marco de la pandemia. Hubo ausentismo y crispación por la desastrosa gestión de la pandemia por parte de Vizcarra. Eso destruyó la economía popular. Sin ese marco social, Castillo hubiera sido impensable.
¿Qué reformas hay que hacer antes de ir a elecciones?
Mira, yo creo que las mínimas. Francamente, creo que no hay que hacer grandes reformas. Ese es un discurso fatal que los sectores democráticos deben abandonar cuanto antes. Así dejarían solo al discurso izquierdista, que tampoco quiere hacer elecciones, pero por el argumento de la Asamblea Constituyente. Hay que ser conscientes de lo que se puede. La política es el arte de lo posible, no de lo que se quiere. En este momento político no están dadas las condiciones. Solo me centraría en las reformas que garanticen la máxima transparencia del proceso electoral. No podemos tener nuevas elecciones con las autoridades que hicieron el nefasto proceso de 2021. El presidente del JNE, el jefe de la ONPE y la jefa del Reniec no pueden estar a la cabeza del nuevo proceso electoral.
Pongámonos en ese escenario: la izquierda no vota por el adelanto de elecciones y este se cae.
Bueno, que quede claro, pues. La coacción no puede ser fuente de políticas publicas razonables. Una política debe nacer del consenso, del debate, de la deliberación. No se puede sustituir el voto de la mayoría por la presión de quien tiene un arma. El Estado no puede admitir el chantaje. Si la izquierda gana las próximas elecciones y tiene mayoría en el parlamento, recién ahí podría iniciar el proceso constituyente.
La presidenta no solo integró la plancha presidencial, sino que también trabajó en el financiamiento de su partido ¿Sabe más sobre estas marchas?
Por supuesto. Por algo la pusieron de vicepresidenta. Es un cuadro de base, no una improvisada.
Hablemos del próximo escenario electoral. ¿La derecha debería ir en un frente?
Eso ya es ciencia ficción, pero puedo decir lo siguiente: la izquierda tendría que ser profundamente castigada en ese proceso electoral. Y no solamente en su variante izquierdista, sino también en su variante caviar.
¿Keiko debería ser candidata?
Creo que deberíamos evitar a aquellos que tienen cargas negativas. Esas personas voluntariamente deben dar un paso al costado. Además, el outsider debería venir de nuestro lado.
Las regiones que más protestan son las que tienen más recursos por canon minero. Hay un grave problema de ejecución de presupuesto.
Hoy en día, hablar de una oligarquía, de un grupo cerrado concentrado en Lima, es una patraña que fue superada. Hoy ni el poder económico ni el político están concentrados. Además, la zona sur hasta el día hoy tiene una importante presencia de presidentes regionales y alcaldes que pertenecen a posiciones radicales izquierdistas.
¿Qué le aconsejaría a la presidenta Dina Boluarte?
Que como presidenta tiene el encargo fundamental de garantizar el orden democrático y la seguridad de millones de peruanos.
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