La verdadera batalla por la Cultura Peruana

El boom de la promoción y expansión de nuestra identidad cultural ha sido gestado y sostenido por emprendedores, artistas, artesanos creadores y un sector privado entusiasta e idealista. Pero, ¿cuál es el aporte del Estado en este esencial propósito?

Por Diego Gómez Florez*

Todos los peruanos, algunos más y otros menos, pagamos impuestos esperando que el Estado nos dé a cambio servicios públicos básicos como educación, salud, transporte, seguridad y una infraestructura de calidad que nos permitan tener una vida en paz, en libertad, con oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Sin embargo, no solo en Latinoamérica sino en el mundo, se ha vuelto tendencia que los estados se conviertan en enormes burocracias, sobrecargadas de planilla y gasto corriente, que pierden de vista que su obligación única y primordial es servir a quienes sostienen su funcionamiento: los contribuyentes.

Y este problema, que vemos en sectores sensibles como la seguridad, la salud o la educación, también está presente en la gestión y promoción de nuestra cultura, tarea clave para atraer más turismo, desarrollo y crecimiento económico sostenible para los peruanos.

 Los recursos necesarios…

Aunque las cifras de ejecución presupuestal del Ministerio de Cultura (Mincul) son positivos, es clave analizarlos a detalle para ver en qué se invirtieron sus recursos. En el Estado Peruano, lamentablemente, casi 7 de cada 10 soles del presupuesto se destinan a planillas o gasto corriente y solo los 3 restantes a inversión pública, equipamiento o proyectos.

El presupuesto administrado por el sector Cultura durante el año 2024 alcanzó los S/725,475,504, distribuidos entre el mismo Ministerio y sus entidades adscritas: la Biblioteca Nacional del Perú, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y el Archivo General de la Nación.

Sin embargo, es notorio que los recursos para gestionar el cúmulo de patrimonio cultural e histórico que tenemos son muy reducidos. Invasiones, demolición de casonas, robo de piezas arqueológicas, artísticas o arquitectónicas, inadecuada infraestructura y protección de museos del Estado y sitios arqueológicos, son algunos de los grandes problemas que aquejan a esta cartera.

En cuanto a los sitios arqueológicos, existe un tremendo déficit de infraestructura de acceso, recorrido y seguridad. El mayor ejemplo de este problema es la Zona Arqueológica Caral, uno de los recintos más importantes del país. A fines del 2024, su directora, la arqueóloga Ruth Shady, hizo pública su preocupación por las constantes invasiones en los linderos del complejo arqueológico, declaró que era amenazada directamente por mafias de traficantes de tierra y denunció la falta de protección por parte del Estado.

Otro ejemplo poco feliz es el de la Huaca Lauri, ubicada a 15 minutos del Puerto Multipropósito de Chancay. Este recinto, uno de los más importantes del distrito, contaba con más de 200 hectáreas protegidas en registros públicos, pero la falta de protección y la carencia de proyectos de recuperación, permitieron que sea invadida año tras año y hoy solo podrán recuperarse aproximadamente 80 o 90 hectáreas del total.

En 2024 la población organizada, la empresa privada y algunas organizaciones de la zona quisieron proteger el sitio y realizar diversas acciones básicas para ponerlo en valor, pero el Mincul no respondió con la rapidez y urgencia adecuadas. Por el contrario, no lo permitió y abrió investigaciones contra pobladores y actores que trataban de ayudar, mientras invasores y mafias de la zona quedaron y siguen impunes, acechando esta joya arqueológica escondida.

 Soluciones distintas, resultados distintos

Así, ha llegado el momento de implementar medidas innovadoras para el fomento, cuidado y mantenimiento de nuestro vasto patrimonio histórico, artístico y cultural. Hace ya varios años se viene escuchando la probable implementación de beneficios y exoneraciones tributarias para este fin. Sin embargo, el apoyo al sector privado es absolutamente insuficiente, y es el sector privado el que más turismo, consumo y oportunidades genera.

Según José Ignacio Beteta, director ejecutivo de la Asociación de Contribuyentes del Perú, “podríamos tomar como ejemplos positivos lo que ocurre en México, España, o Ecuador, donde se cuenta con incentivos tributarios atractivos y potentes para la puesta en valor del patrimonio cultural. La deducción de impuesto a la renta por inversiones en patrimonio cultural, ha permitido el desarrollo de centros históricos como Quito, por ejemplo”.

Existe alguna norma al respecto para el Centro Histórico de Lima y en este sentido PRO LIMA hace interesantes esfuerzos por recuperar, proteger y darle valor al damero de Pizarro. Sin embargo, “estas normas deben tener un alcance a nivel nacional de modo que la empresa privada vea como algo atractivo invertir en cascos urbanos, bienes declarados patrimonio cultural, sitios arqueológicos o museos”, opina el representante de la Asociación.

Como mencionábamos al inicio de este informe, no se pueden implementar reformas a favor de nuestra cultura si estamos saturados y atormentados por una engorrosa burocracia. Por ello, lo segundo que se debe hacer es flexibilizar la regulación que permite la inversión privada en espacios o sitios culturales, históricos o arqueológicos.

Actualmente, la Ley General del Patrimonio Cultural, permite, mediante convenios de administración, la oportunidad de que la empresa privada ponga en valor un bien inmueble y pueda ejecutar otras actividades en él sin poner en riesgo su infraestructura. Este es un buen punto de partida, pero hablamos de una norma poco conocida que al parecer el Mincul no quiere promover o dar a conocer. ¿Indiferencia? ¿Sesgo ideológico en contra del sector privado?

 La poca flexibilidad y gestiones poco eficientes, han llevado al insuficiente desarrollo y puesta en valor de museos públicos, y proyectos clave como el MUNA – Museo Nacional del Perú, aún no ven la luz.

Esta falta de incentivos y de una política comprometida del sector cultura para el desarrollo de museos estatales, contrasta con la realidad de varios museos privados que han sabido surgir de forma exitosa. Tal es el caso del MALI, Museo Pedro de Osma, Museo Larco, entre otros, que no solo reciben a miles de visitantes, sino que también realizan exposiciones temporales en Perú y a nivel internacional.

El “centro energético del mundo” en peligro

Existen países de la región que empiezan a recibir a más turistas que Perú, a pesar de la ingente cantidad de atractivos turísticos que tenemos, en especial, el santuario de Machu Picchu.

La llacta Machu Picchu no despega, solo se recupera, y si el Estado, ya sea encarnado en el Mincul o el Gobierno Regional de Cusco, no toman las decisiones correctas, nuestra maravilla universal podría ser invisible a los ojos del mundo.

Por un lado, es cuestionable que el Gobierno Regional Cuzqueño pretenda gestionar y administrar el Sanctuary Lodge. En primer lugar, porque va en contra del principio de subsidiariedad del Estado.  El Estado no tiene por qué ser parte de un sector económico en donde existe plena competencia. Pero en segundo lugar, porque ha quedado demostrado que el Estado es un pésimo administrador de empresas.

Por otro, a este reciente y urgente problema se suma la aún irracional venta de 1000 tickets diarios en el pueblo de Aguas Calientes, a cargo de sus autoridades locales, lugar que se ha convertido en un innecesario pero obligatorio punto de tránsito para turistas que no tienen el tiempo, ni los recursos ni el deseo de hospedarse o parar ahí.

¿El problema que explica este breve diagnóstico? Tenemos la historia, la cultura, el pasado, tenemos una maravilla de la historia de la humanidad, pero el Estado Peruano no ofrece las condiciones y facilidades integrales para que cualquier turista, de cualquier latitud o condición económica elija el Perú como un destino seguro, predecible, amigable y eficiente, ni tampoco incentiva y motiva al empresario privado a invertir más en proyectos culturales, debido a la difícil burocracia y obstáculos que pone la regulación actual. El problema es claro y la solución también. A trabajar.

*Asociación de Contribuyentes del Perú