Tras la orden que dispuso su reposición como Fiscal Supremo titular, Tomás Gálvez ha sido blanco de ataques por parte de la Fiscal de la Nación y su entorno; sin embargo, en entrevista con COSAS, asegura estar listo para retomar el cargo, aplicar reformas y convertirse en el futuro Fiscal de la Nación.

Por Carlos Cabanillas

Tomás Gálvez, quien fue destituido como fiscal supremo en 2021, intentó sostener hoy una reunión protocolar con la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y solicitar que se haga efectiva su reincorporación al Ministerio Público tras un fallo a su favor dictado por el Tribunal Constitucional; sin embargo, no fue recibido por la funcionaria y aseguró que esta conducta «refleja su mediocridad» y muestra su «voluntad confrontacional».

Asimismo, manifestó que espera la revalidación de su título por parte de la Junta Nacional de Justicia ahora que ha renunciado al partido político al que se encontraba inscrito y precisó que es falso que haya tenido vínculos con el caso «Los Cuellos Blancos«. Previamente, el letrado dialogó con COSAS y detalló su postura frente a la situación actual del sistema judicial y sus propuestas para reformas urgentes y totales en este ámbito.

Tomás Gálvez exige su reincorporación al Ministerio Público luego de que el Tribunal Constitucional anulara su destitución.

¿Cómo explicar la crisis del sistema judicial?

El nuevo Código Procesal Penal ha incrementado las posibilidades de impunidad. Porque el proceso penal, el juicio oral y la investigación son demasiado formales y garantistas. Formal, sobre todo. El juicio y las diligencias son un ritual que hay que cumplir al pie de letra. No se prioriza el esclarecimiento de los hechos y la obtención de la verdad. Lo que se prioriza es solo el cumplimiento de un ritual. Y eso ha devenido a que, en muchos casos, se sancione a inocentes y se absuelva a culpables. Es decir, que se ha generado arbitrariedad e impunidad. Y en gran medida.

¿Estábamos mejor con el código anterior?

No tanto que estemos mejor, pero teníamos que mejorar. Debíamos tener un instrumento procesal moderno, eficaz y eficiente. Y no se aprovechó la situación del nuevo código para implementar un instrumento procesal con esas características. Por el contrario, se optó por un instrumento procesal recontra formalista, ritualista y demasiado garantista en algunos casos. Eso ha generado impunidad y arbitrariedad. Se tiene que modificar el código.

¿La investigación tiene que estar en manos de la Fiscalía o de la Policía? Esa disyuntiva marca el código.

Quienes deben investigar conjuntamente son, la Fiscalía, que dirige jurídicamente la investigación, y la Policía, que establece el plan estratégico, la investigación de campo y la estrategia criminalística para esclarecer el hecho. No puede decir “la Fiscalía o la Policía”, no. Y por eso tiene que acabarse también con estos enfrentamientos vanos e interesados que han aparecido. Porque si los investigadores estamos peleados, pues obviamente los investigados hacen fiesta. Y eso es lo que está pasando.

¿Qué otra reforma haría en el Ministerio Público?

De otro lado, la ley orgánica del Ministerio Público, que es la norma que rige la función de la entidad, es de 1981. Esta ley estableció una dirección vertical para poner rápidamente en funcionamiento al Ministerio Público, ya casi cincuenta años. Eso ha cambiado totalmente. Ahora se requiere una dirección colegiada, en donde las fiscalías supremas dirijan los sistemas de investigación. ¿Por qué? Porque no se puede dejar en manos de cualquier fiscal que accede al cargo sin ninguna formación –y a veces corrupto, interesado o político– los casos más importantes del país. Eso tiene que verlo todo un sistema con criterios objetivos preestablecidos, en donde haya un control.

¿No se puede poner todo en manos del ego de un solo fiscal?

El fiscal no puede investigar con total independencia; debe existir una jerarquía que dirija las investigaciones. Al mismo tiempo, el gobierno institucional no debe ser totalmente vertical, sino más transversal. La Ley Orgánica debe adaptarse a los tiempos, al ordenamiento jurídico y a las necesidades político-criminales actuales. Además, es urgente una capacitación integral de los fiscales, porque se ha degradado el criterio: muchos ingresan sin formación, politizados, buscando fama. El fiscal debe investigar con reserva y eficacia, enfocado en prevenir el delito.

Fiscal José Domingo Pérez, quien viene trabajando en el caso Lava Jato y ganó atención mediática en los últimos años.

¿Como el caso Lava Jato?

Obviamente, el caso evidente es Lava Jato. Han gastado millones y han generado expectativa en todo el país, pero no han logrado nada. Por el contrario, han encubierto a los investigados que en este caso era Odebrecht y demás empresas consorciadas. Eso ha sido un mal ejemplo pernicioso. Y todos los fiscales más o menos siguen esa degeneración.

¿Cuáles son los vicios de esa “degeneración”?

En realidad, han establecido un razonamiento al revés. Ante la denuncia o sospecha, el fiscal –según quién sea el investigado– concluye si es culpable o inocente. Cuando debería esperarse a reunir pruebas de cargo y descargo, sacan conclusiones a priori y luego manipulan los hechos para que encajen, lo cual es una falacia. Así están trabajando. Ya no hay garantías de que el condenado sea culpable o el absuelto inocente. Es un problema grave que debe resolverse de inmediato con una reforma total de la administración de justicia, especialmente del Ministerio Público y la Junta de Fiscales Supremos, que ya no da para más. El Congreso debe asumir su responsabilidad y empezar la reforma ya, sin esperar al próximo año ni al nuevo Congreso. Hasta entonces, no sabemos a qué nivel de degradación llegaremos.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, celebró que se anulara su destitución, pero ahora pide su suspensión. ¿Cómo se explica esto?

No es que se alegrara. Lo que pasa es que la Junta de Fiscales Supremos está dominada por el grupo de Gorriti y Vizcarra. Ellos pusieron a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, y estos a su vez nombraron fiscales y jueces supremos. Como yo denuncio la manipulación de los intereses corruptos que ellos y las ONG defienden, soy su enemigo. La fiscal no celebraba mi reincorporación; ganaba tiempo mientras preparaba el pedido para suspenderme treinta y seis meses. Es el doble discurso de estos caviares que han degradado la administración de justicia y el Ministerio Público.

Este procedimiento disciplinario inmediato, que según el TC es inconstitucional, ¿también aplicaría para Chávarri y Rodríguez Monteza, así como aplicó a usted?

Lo que pasa es que Chávarri, al igual que el doctor Ticona, ya cumplieron 70 años. Y ellos pueden reincorporarse solo hasta esa edad. Pero sí se puede aplicar para Luis Arce Córdova y para la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y para otros jueces supremos. Para Rodríguez Monteza, me parece que a él lo han destituido en un proceso ordinario. Si eso fuera así, no se aplicaría a él, pero también se tendría que evaluar su situación.

¿Qué le parece la labor de la actual Fiscal de la Nación?

El Ministerio Público ha desviado recursos hacia lo irrelevante. La Contraloría también tiene responsabilidad: halla faltas en todo contrato, y la Fiscalía le hace eco, saturando el sistema aun sabiendo que no llegará a nada. Así, la Contraloría contribuye a la ineficacia de la justicia penal y del Ministerio Público.

El letrado acusa a la fiscal de Delia Espinoza de dar un doble discurso.

¿Patricia Benavides debe ser destituida?

Esto no se trata de mi juicio ni el de nadie. Si cometió una infracción, que la destituyan; si no, no hay motivo para hacerlo. Si fue un proceso inmediato, queda sin efecto y se reincorpora, continuando la investigación si corresponde. Si hubo delito, debe sancionarse. Si no, es persecución y abuso.

Lo han querido relacionar con José Luna Gálvez.

Sí, porque en algún momento, cuando el señor Adolfo Castillo asumió la jefatura de la ONPE, mi esposa era alta funcionaria de la institución. Es más, fue ella quien lo recibió al llegar. Y bueno, ahí implementaron una serie de irregularidades a través de Fernando Obregón, que prácticamente se convirtió en el jefe fáctico de la ONPE. Dejaron de lado al señor Castillo y cometieron una serie de irregularidades y probables delitos. Mi esposa los denunció desde un primer momento ante la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría, el Congreso, etcétera. Y yo también los denuncié. Y como venganza, Castillo dice que yo lo apoyé para su nombramiento. ¿En qué lo iba a apoyar si Luna tenía a todos los consejeros? Esa es la supuesta vinculación que me hace. Por eso tengo una denuncia constitucional en el Congreso. Pero, como es evidente la falsedad, calculo que pronto tendrá que archivarse.

¿Siempre está pensando en regresar a la Fiscalía?

En este momento, obviamente estoy en un proyecto político. Pero dadas las circunstancias, no hay ninguna esperanza en la Junta de Fiscales Supremos y en la Fiscalía de la Nación. Creo que la lucha tenemos que hacerla al interior de la institución. Por eso quiero regresar a la Fiscalía Suprema, si me lo permiten, pese a la confabulación para impedirlo. Es un imperativo moral: me he preparado como fiscal, profesor universitario y especialista en derecho procesal penal, política y criminal. Cuando debía asumir como Fiscal de la Nación, me retiraron arbitrariamente. Ahora quiero volver para poner todo mi conocimiento al servicio de la lucha contra el delito, la corrupción y la inseguridad. Ahí es donde más me necesita el país, y ahí estaré.

Su partido está inscrito. ¿Ya tiene algún precandidato?

El partido (Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!) se inscribió el año pasado, ya tiene precandidato presidencial, 91 comités a nivel nacional y está listo para participar. Yo era precandidato, pero dadas las circunstancias, se evalúa una alianza y otro posible candidato. Aún estamos en conversaciones y hay tiempo. Incluso hicimos una alianza con Integridad Democrática, del general Wolfgang Grozo, pero, tras mi salida del partido, el CEN se distanció por conductas autoritarias del otro grupo.

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