Gobiernos avanzan en restringir redes sociales a menores, mientras la implementación enfrenta vacíos técnicos, legales y de control efectivo.
Por: Luis Mauricio Málaga Fuenzalida
El uso intensivo de redes sociales entre adolescentes se ha convertido en una preocupación central para gobiernos de distintos continentes. La prohibición de redes sociales para menores avanza como respuesta a inquietudes sobre salud mental, seguridad y exposición a contenidos nocivos.
El uso de redes sociales en adolescentes preocupa a gobiernos de todo el mundo, que avanzan en restricciones para proteger la salud mental, la seguridad y reducir la exposición a contenidos dañinos. (Créditos: Flickr @nikolys)
Una respuesta política en expansión
España anunció la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. Medidas similares ya se aplican en Australia y avanzan en Reino Unido, Francia y otros países europeos. En América y Asia, el endurecimiento regulatorio incluye verificación de edad y límites de uso.
El impulso político responde a un consenso social amplio. Encuestas internacionales muestran mayorías favorables a excluir a menores de las plataformas. La prohibición de redes sociales para menores se percibe como una herramienta directa frente a riesgos persistentes.
Los argumentos que sostienen estas decisiones se apoyan en estudios sobre depresión, acoso y conductas adictivas. Investigaciones europeas estiman una prevalencia de dependencia problemática de hasta 14% en algunos países. El impacto es mayor en adolescentes vulnerables.
Gobiernos de Europa, América y Asia avanzan en prohibiciones y controles sobre redes sociales para menores, respaldados por un amplio apoyo social y estudios que alertan sobre riesgos de salud mental, acoso y conductas adictivas. (Créditos: Congress of Deputies , CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)
Obstáculos técnicos y efectos no previstos
La aplicación de las restricciones enfrenta dificultades estructurales. La edad mínima de 13 años, vigente desde fines de los noventa, ha sido ampliamente ignorada. Reguladores detectan que más de la mitad de niños entre 10 y 12 años usan plataformas que oficialmente no les corresponden.
Las empresas tecnológicas aseguran depurar cuentas irregulares, pero los resultados son limitados. Sistemas basados en inteligencia artificial, documentos o escaneos faciales muestran errores, sesgos y posibilidades de evasión. El control efectivo sigue siendo frágil.
En Australia, la desactivación de 4,7 millones de cuentas tras la prohibición inicial no erradicó el acceso. Persisten perfiles alternativos, uso compartido y navegación sin registro, que expone a contenidos sin filtros.
La regulación en redes sociales enfrenta fallas estructurales: límites de edad ignorados, controles poco efectivos y sistemas de verificación vulnerables que permiten a menores seguir accediendo a plataformas y contenidos sin filtros. (Créditos: Flickr @socialautomotive)
El alcance real de la regulación
Otro punto crítico es definir qué plataformas quedan incluidas. Aplicaciones de mensajería, videojuegos y servicios híbridos generan controversias. Mientras tanto, los riesgos asociados al contacto con desconocidos y contenidos dañinos tienden a desplazarse.
Las empresas también miden el impacto económico. Aunque los menores aportan poco a la publicidad directa, su valor cultural y futuro es estratégico. Compañías como Meta y YouTube enfrentan litigios y mayor escrutinio regulatorio.
La experiencia china muestra un control más amplio, con modos infantiles y límites horarios. Sin embargo, incluso allí, los atajos y nuevas plataformas surgen con rapidez.
La expansión de la prohibición de redes sociales para menores confirma una voluntad política clara. El desafío ya no es el diagnóstico, sino cerrar las brechas que permiten que los riesgos persistan bajo nuevas formas.
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